Los continuos cambios regulatorios en el sector de las energías renovables y la sequía del crédito no respetan a casi nadie; tampoco al que hasta junio pasado fue presidente de una de las principales patronales de este sector, la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José María González Vélez. Su promotora de proyectos de energía fotovoltaica, Solynova Energía, ha entrado en concurso voluntario de acreedores.

El concurso se presentó en noviembre pasado, antes de la entrada en vigor de la nueva fiscalidad energética (que grava la producción de todas las tecnologías con una tasa del 7%) y del nuevo recorte de primas al sector aprobado por el Gobierno por decreto el viernes pasado. La entrada en concurso (antigua suspensión de pagos) llegó a instancias de dos de los accionistas de Solynova, Kutxabank (antigua BBK) y Catalunya Caixa, según el propio González Vélez, que admite “desacuerdos” sobre la gestión con ambas entidades, que llevaron al directivo a apartarse “temporalmente” del consejo de la empresa (su dimisión consta en el Registro Mercantil desde septiembre pasado).

El directivo explica que ambas entidades financieras ya no están en el capital de la empresa y que se habían negado a aportar financiación al proyecto. Esa circunstancia, la falta de financiación, unida al recorte de las primas fotovoltaicas que aprobó el anterior Gobierno con Miguel Sebastián al frente del Ministerio de Industria son, según González Vélez, las principales razones del concurso.

Su único activo es una planta fotovoltaica de 5 MW en Extremadura con un pasivo de unos 15 millones

La página web de la empresa todavía da cuenta de proyectos en el exterior: “Solynova es una compañía con vocación internacional, por lo que nuestra implantación va más allá de nuestras fronteras, centrándonos en países como Canadá, Estados Unidos, Chile o Uruguay”. Sin embargo, su único activo en funcionamiento es una planta fotovoltaica de 5 megavatios (MW) inaugurada en abril de 2011 y ubicada en la localidad extremeña de Logrosán (provincia de Cáceres). Otra central promovida por la empresa y ubicada en la provincia de Salamanca ya fue vendida en 2008.

La planta de Logrosán, con un pasivo de unos 15 millones de euros y una inversión de unos 25 millones, según González Vélez, fue financiada prácticamente al 50% con recursos propios, explica el directivo. “No hay nadie que, sin aval de socios o con unas espaldas muy anchas, financie una infraestructura de este tipo”, señala el expresidente de APPA, que subraya que los acreedores de la sociedad “cobrarán, pero en otros plazos”. Los principales acreedores son la empresa alemana Bosch y un instalador eléctrico perteneciente a la constructora ACS, explica.

Pese a la delicada situación de la empresa y al interés de algunos fondos buitre por comprar plantas fotovoltaicas a precio de derribo, aprovechando los problemas de sus promotores, la central de Logrosán "no está en venta", aseguran en la empresa.

González Vélez vivió el auge y posterior caída en desgracia del sector de las renovables en España

Fundada en 2006, Solynova ha tenido en su accionariado a, entre otras, la constructora catalana Copcisa y la promotora eólica Samca, cuyo consejero delegado, José Miguel Villarig, sucedió en junio pasado a González Vélez como presidente de APPA.

González Vélez, un histórico del sector de las renovables, vivió al frente de APPA (que presidió desde 2004 hasta que, en junio pasado, acabó mandato) la explosión y posterior caída en desgracia del sector en España, propiciada por las políticas del anterior Gobierno y que el actual Ejecutivo no parece dispuesto a remediar, por el impacto que atribuye a las primas verdes en el déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes reconocidos del sistema), el mayor problema del sector eléctrico.

El veterano directivo, que sigue siendo miembro de la patronal y es uno de sus dos presidentes de honor, subraya que el concurso de Solynova “no tiene nada que ver” con su otra empresa, la comercializadora Gesternova, que preside y que suministra electricidad de origen renovable a más de 8.000 clientes. “Son dos sociedades completamente diferentes”, matiza.

La patronal APPA, que se fundó en 1987 y representa a cerca de medio millar de empresas, presentará hoy junto con otras tres organizaciones sectoriales, Unef y Anpier (fotovoltaica) y Protermosolar, su rechazo al último recorte del Gobierno a las primas a las energías limpias.