El escandaloso resultado de la subasta para comercializadores de electricidad de último recurso (la ya famosa Cesur) de este jueves tendrá, si el Gobierno no lo remedia, un efecto devastador en las pymes, motor del tejido empresarial español. Y en el caso de los hogares, puede significar que, por ejemplo, la factura anual en electricidad se coma el equivalente a más de un mes de sueldo para un mileurista con un consumo equivalente al de un hogar medio.
De acuerdo con estimaciones de la organización de consumidores Facua, un hogar medio en España, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo mensual de 366 kW/hora, destina actualmente (impuestos incluidos) 77,3 euros al mes a saldar cuentas con su compañía eléctrica.
Con la subida (de al menos, un 11%) que depararía, de aplicarse, el resultado de la subasta Cesur de este jueves, esa minuta anual en luz se dispararía en más de 100 euros, hasta los 1.030,4 euros al año.
Hace diez años, y siempre según cálculos basados en los datos de Facua, la factura se quedaba en 529 euros anuales. Una subida del 94% en un periodo en el que el IPC ha subido cerca del 27%, de acuerdo con los datos del INE.
La hipótesis de un hogar donde actualmente sólo uno de sus miembros tenga ingresos (de mileurista) y la potencia contratada de la vivienda sea superior a los 3 kW que dan derecho al bono social (descuentos en tarifa) es, en la España actual, perfectamente factible.
No obstante, al colectivo de los mileuristas, que hace años era sinónimo de estrecheces económicas, hoy casi se le puede considerar como afortunado, teniendo en cuenta que ya en 2011 más de 7 millones de contribuyentes ni siquiera lograban llegar a ese umbral de ingresos, según datos de la Agencia Tributaria.
Las cifras dan una idea de hasta qué punto el dislate del mercado eléctrico, resultado de una liberalización fallida, años de políticas erráticas y medidas electoralistas al servicio de tres grandes compañías, se ha cebado con unos ciudadanos que, en medio de la llamada devaluación interna, han visto desplomarse su poder adquisitivo mientras el recibo eléctrico se encarecía casi un 80% en la última década.
Si se comparan esos 1.030 euros de factura eléctrica anual con los ingresos medios de un hogar español, 23.123 euros brutos anuales, según el INE (un 3,5% menos que un año antes), resulta que el recibo amenaza con comerse ya el 4,4% de la renta anual neta disponible de un hogar español.
Hace un año, ese porcentaje se quedaba en el 3,9%. Cuatro décimas más en doce meses, y la promesa del Gobierno de repartir de forma equitativa (entre empresas, Administración y consumidores) el esfuerzo para eliminar el déficit tarifario, en saco roto porque el Estado no tiene dinero para tapar el agujero.
Facua ha convocado un apagón para el próximo 30 de diciembre para pedir otra reforma eléctrica
Facua, cuyo portavoz, Rubén Sánchez, acusa a los sucesivos gobiernos de "reformar el sector eléctrico a la medida de las empresas", ha convocado un "apagón" para el próximo 30 de diciembre con el objetivo de reclamar al Gobierno una nueva regulación tarifaria "que deje de basarse en la subasta del mercado de la generación, una auditoría sobre el déficit de tarifa" y que se prohíba a la eléctricas cortar la luz por impago a las familias durante el invierno, una iniciativa que el PP ha rechazado esta misma semana en el Congreso.
El resultado de la subasta de este jueves se veía venir desde que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, vetó la aportación de 3.600 millones de euros de los Presupuestos a la tarifa y endosó esa cuantía a las eléctricas. Una nueva bofetada a la autoridad del ministro de Industria, José Manuel Soria, que vio como a partir de esa fecha los precios, misteriosamente, se disparaban en el mercado mayorista de electricidad (conocido como pool), empujando al alza los futuros que sirven como referencia de la Cesur.
Ahora, el Gobierno del PP, el partido “de los trabajadores”, como lo ha definido en alguna ocasión su secretaria general, María Dolores de Cospedal, busca la forma de vetar el resultado de esa subasta trimestral, que Soria decidió celebrar unos días antes de las vacaciones navideñas, en lugar de aproximarla lo más posible a la referencia que fija la puja (el siguiente trimestre).
El canario, que hasta ahora no había cuestionado el funcionamiento de las Cesur porque sus resultados eran consecuencia de lo que dictaba el “mercado”, se ha quejado del “inaceptable” resultado de este jueves y de la “falta de competencia” de la subasta, que debe certificar el nuevo macrorregulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a la que el Ejecutivo ha encargado una investigación de urgencia para decidir si anula la subasta por decreto. El resultado no se ha hecho esperar y el organismo ha decidido anular la subasta por "circunstancias atípicas".
