El Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaroz (Castellón) ya va por su tercer juez desde que estalló el escándalo de los más 500 terremotos que previsiblemente provocó la inyección de gas en el almacén submarino Castor.
En un primer momento, la denuncia presentada por el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, para esclarecer los hechos y buscar a sus responsables fue atendida por la juez sustituta, Carmen Ballesteros, que fue la primera instructora del caso. Eso fue en 2014, porque en enero de 2015 llegó a los juzgados del municipio castellonense, frente a cuyas aguas se produjeron la mayoría de los seísmos, el magistrado titular de la plaza, Víctor Capilla, que ha sido el que ha llevado el peso principal de la instrucción en estos últimos meses.
Ante el magistrado han desfilado la mayoría de los 18 imputados desde octubre pasado y cuando la toma de declaraciones llegaba a su fin, se ha producido un nuevo cambio en el Juzgado, dado que el juez Capilla ha sido trasladado a los juzgados de Ontinyent.
El juez Víctor Capilla, que ha llevado el peso de las declaraciones de los principales imputados, ha sido trasladado a otro juzgado
Ahora le toca a un nuevo juez sustituto llevar el Número 4 de Vinaroz, desde donde se llevan las denuncias por violencia de género de la zona. Adicionalmente a estas responsabilidades, el nuevo magistrado tendrá que estudiarse el caso Castor y proceder a las declaraciones aún pendientes de dos imputados.
Los directivos de Escal UGS, compañía controlada en un 66% por el grupo español ACS, Mohamed Jaffar Khan y Harold Philip, residentes en el extranjero, tendrán que declarar ante el nuevo juez, pero no hay fecha para ello.
Según las fuentes consultadas, la instrucción del caso sufrirá un nuevo retraso por el cambio de juez. Además de los dos directivos imputados que quedan por declarar, también tendrán que pasar por el Juzgado de Vinaroz varios testigos. La denuncia del fiscal apuntaba directamente al Gobierno de Zapatero y a altos cargos del Ministerio de Industria, por haber permitido a Escal desarrollar el proyecto y construir el almacén sin haber presentado informes sobre los riesgos sísmicos de la zona.
La instrucción del caso sufrirá nuevos retrasos: aún quedan dos imputados, residentes en el extranjero, y varios testigos por declarar
También están en el punto de mira del fiscal los responsables (cuatro de ellos imputados) del Instituto Geológico y Minero (IGME), que pasaron por alto un informe del Observatorio del Ebro que en 2005 alertaba de estos riesgos sísmicos. El IGME emitió en 2007 un informe favorable a la construcción del almacén sin hacer la más mínima referencia a los posibles terremotos que podría provocar la inyección de gas en el almacén ubicado en el fondo del mar a 30 kilómetros de las costas de Vinaroz.
El tercer bloque de imputados lo representan el presidente y otros altos directivos de Escal, que también obvió los posibles riesgos sísmicos a la hora de construir el almacén y, posteriormente, inyectar el gas que previsiblemente provocó los terremotos.
ACS, grupo presidido por Florentino Pérez y accionista de control de Escal, se ha aprovechado de una cláusula que le concedió el Gobierno de Zapatero para devolver la licencia de explotación del Castor y embolsarse una indemnización de 1.350 millones de euros, que será cargada al recibo del gas por los próximos 30 años. El cobro de esta indemnización está recurrido por la Generalitat catalana ante el Tribunal Supremo.
