El Gobierno seleccionó el pasado verano a un grupo de expertos en energía al que encomendó la siempre compleja tarea de mirar al futuro. Su labor consiste en realizar un informe en el que se reflejen, por un lado, las estrategias que podría seguir España para cumplir con los objetivos de reducción de CO2 que persigue la Unión Europea y, por otro, los costes que tendrían los diferentes escenarios que se podrían plantear hasta 2050. Los puntos calientes que han surgido durante las primeras reuniones –desde inicios de septiembre- están relacionados con el papel que debe jugar la energía nuclear en las próximas tres décadas, con el peso que debe tener el carbón y con la utilización de ciclos combinados.
Los 14 miembros de este grupo han iniciado su labor con dos premisas claras: la primera, que la presencia de las fuentes renovables aumentará de una forma importante durante los próximos años; y la segunda, que España debe cumplir con unos exigentes compromisos de reducción de CO2 derivados del Acuerdo de París sobre el cambio climático, según han precisado a Vozpópuli fuentes conocedoras de este equipo de trabajo interministerial.
Estos informantes inciden en que hay dos fechas marcadas en rojo en el calendario español: el 1 de enero de 2030 y el mismo día de 2050.
La Europa de los 27 se ha comprometido a disminuir el 40% las emisiones de dióxido de carbono hasta 2030, con respecto a 1990; y el 80% en 2050. Esto requiere el inicio de un período de transición energética en el que se perseguirá una “mayor electrificación” del sistema, pero sin que ello comporte la asunción de mayores costes.
Los países tienen claro que las renovables –cada vez más asequibles- deberán cubrir la inmensa mayoría de la demanda energética con este nuevo modelo, en el que el carbón o la energía nuclear tendrán una presencia nula o residual. Ahora bien, la gran cuestión es de qué forma se realiza este cambio para que afecte de la menor forma posible al sistema energético y a la economía del país.
“La discusión está abierta en toda la Unión Europea y el objetivo que se busca es el mismo, aunque cada país es un mundo y eso obligará a adoptar diferentes estrategias. Por ejemplo, en Polonia el carbón tiene un enorme, al igual que en Reino Unido, que quiere reducir su peso y está construyendo una central nuclear. Esto en España a nadie se le pasa por la cabeza”.
En cualquiera de los escenarios, será necesario actuar con prudencia para evitar sobrecostes como los que se asumieron cuando comenzaron a explotarse las energías renovables. Los expertos también deberán tener en cuenta que cualquier cambio avance -muy probables en un horizonte de 30 años- podría cambiar el panorama de forma importante y acelerar la transición.
Estrategia de la Unión Europea
La estrategia que actualmente tiene en marcha la Unión Europea sólo permitiría reducir el 26% las emisiones en 2030, de ahí que trabaje en un plan para la próxima década en el que los Estados miembros deberán repartir los esfuerzos para alcanzar el 40% comprometido. Dependiendo de los compromisos que asuma España, los esfuerzos deberán ser más o menos importantes, lo que deberá ser tenido en cuenta por el grupo de expertos en transformación energética a la hora de realizar el informe.
Cabe precisar que las emisiones de CO2 de la Unión Europea se dividen en dos categorías. En la primera se encuentran las procedentes de los sectores residencial, agrícola y del transporte, que en España representan alrededor del 60% del total.
En el otro grupo, están las que proceden de las más de 10.000 empresas que se encuentran dentro del comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, que representan casi la mitad del total y que deberán reducirse en 2030 el 43%, con respecto a 2005.
Las conclusiones del informe que elaboren serán tenidas en cuenta para la redacción del Anteproyecto de Ley de cambio climático y transición energética y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, según se especifica en la Orden Ministerial que dio origen a este grupo de trabajo.
El Comité está conformado por Miguel Duvisón –director general de operación de Red Eléctrica-, Óscar Lapastora –expresidente de Carbunión-, Luis María Atienza –exministro de Agricultura, Pesca y Alimentación-, Pedro Linares –profesor de la Escuela Técnica de Ingeniería ICAI-, Jorge Aragón Medina –economista, designado por CCOO-, Cristóbal José Gallego –miembro del Observatorio de la Energía-.
También se encuentran Guillermo Ulacia –presidente de la Comisión de Industria y Energía de la CEOE y expresidente de Gamesa-, Diego Rodríguez- exconsejero de la CNMC-, Txexo Sáenz de Ormijana –director del Ente Vasco de la Energía-, Jorge Sanz Oliva –exdirector de Política Energética y Minas-, Josep Sala i Prat –empresario de renovables-, José Luis de la Fuente -profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid-, Ignacio Granjel –antiguo jefe de gabinete de la Secretaría de Energía-; y Javier Arana, exsubdirector general de Energía Nuclear.
