El Gobierno de España pone en marcha un nuevo procedimiento legal orientado a proseguir con los impagos de las indemnizaciones reconocidas a las empresas que sufrieron la retirada de las primas renovables. Esta vez, el caso en cuestión es el que afecta a la unión de dos empresas holandesas, Sevilla Beheer BV y Córdoba Beheer BV.
Ambas compañías registraron una denuncia contra España en agosto de 2016, invocando el Tratado de la Carta de la Energía y reclamando una indemnización de 20,5 millones de euros al Reino de España. La denuncia fue canalizada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal de arbitraje del Banco Mundial.
La sentencia, emitida en mayo de 2023, obliga a España a pagar a ambas empresas una compensación de 6,8 millones de euros, así como los intereses de demora y la condena en costas.
El CIADI encontró que las reformas aprobadas de 2010 a 2014 alteraron el marco de incentivos al modificar de manera retroactiva la retribución de la inversión en renovables. Los inversores en renovables que llegaron a España en 2009 incentivados por las primas que repartía el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se quedaron sin estos incentivos en 2013, cuando el equipo de Mariano Rajoy decidió cortarlos en seco.
España ha pedido ahora la anulación del proceso. El comité que estudiará tal petición ha sido conformado este mismo mes de noviembre y estará integrado por los juristas Fernando Piérola Castro, Louise Reilly y Bertha Cooper-Rousseau.
España sigue en el foco
Las empresas afectadas por los impagos a las renovables desean denunciar con vehemencia las continuas tácticas, que consideran "dilatorias", del Gobierno de España.
"Este tipo de procesos se están resolviendo a favor de las compañías denunciantes, pero no sin causar un enorme prejuicio, puesto que las peticiones de anulación extienden más aún los litigios y obligan a asumir nuevos desembolsos en abogados y consultores. España debe abandonar esta actitud incumplidora, cumplir con sus obligaciones internacionales y volver a un marco de seguridad jurídica”, explican los afectados.
25 condenas
Como publicaba Vozpópuli este lunes, España llega a esta nueva legislatura con un total de 25 condenas internacionales sin pagar, de un coste acumulado de 1.450 millones.
El Gobierno que liderará de nuevo Pedro Sánchez no cambiará el plan. Una situación provoca una visita a Madrid en las próximas semanas de representantes legales y asesores de estas empresas. Una comitiva que espera movilizar tanto a políticos como a la opinión pública para alertar del peligro que corre España con esta estrategia.
