España afrontará en 2023 una doble cita electoral, autonómicas y municipales en mayo, y elecciones generales en otoño, y ni PSOE ni Unidas Podemos quieren perder el voto de casi diez millones de jubilados; por eso, y aún a costa de enfrentarse a la UE, van a actualizar las pensiones a una inflación que la propia vicepresidenta, Nadia Calviño, cree que no bajará del 7,5% este año. Para acometer semejante subida, desaconsejada por la Comisión Europea, se van a emplear 15.000 de los aproximadamente 20.000 millones de euros más de gasto público que se pueden consignar en los presupuestos de 2023.

El problema que esto le plantea a la coalición de izquierda, además del poco margen que le deja -5.000 millones- para incrementar otros capítulos presupuestarios, es que contraviene directamente una de las condiciones del Banco Central Europeo (BCE) a los países del sur para poner en marcha el mecanismo antifragmentación cuando sus primas de riesgo sufran ataques en el mercado de deuda: si quieren que el Banco central compre sus emisiones, tendrán que hacer caso a las recomendaciones del Consejo Europeo del 13 de junio.

Y el documento de ese Consejo, donde estuvo presente Pedro Sánchez, le "recomienda" explícitamente (página 23) que tome ya medidas de contención de gasto en 2022, dado el elevado nivel de endeudamiento del país; a lo cual añade: y "en 2023, garantizar una política presupuestaria prudente, en particular limitando el incremento de los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional por debajo del crecimiento potencial a medio plazo (…)".

Traducido de la jerga bruselense, la "recomendación" del Consejo dice que, con un crecimiento del 4,3%, las pensiones no deberían crecer por encima del 4% -lo que crecerán los salarios- pero el Ejecutivo insiste en el 8% porque 2023 es año electoral

Traducido de la jerga bruselense, deliberadamente abstrusa con el fin de no dejar en evidencia a los gobiernos, las conclusiones de junio vienen a decir a España que, con un crecimiento del 4,3% previsto para 2023 en el mejor de los casos, las pensiones no deberían crecer por encima del 4%; de hecho es lo que van a crecer los salarios, pero el Ejecutivo de izquierda insiste en indexarlas a una inflación desbocada porque habrá doble cita electoral y existe un creciente malestar de los jubilados en la calle por la continua pérdida de su poder adquisitivo.

Nadie quiere poner el 'cascabel al gato' de frenar una subida que supondrá gasto consolidado, y menos que nadie el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien, en una reciente entrevista para los diarios del grupo Vocento, señalaba desafiante: "Es absolutamente irrevocable que las pensiones subirán con el IPC en cualquier escenario"; Si para eso hay que limitar el gasto en otras partidas presupuestarias -los 5.000 millones que le van a quedar al Gobierno apenas dará para subir un 3 o 4% el sueldo a los funcionarios- se limitan, señalaba.

Unas palabras estas de Escrivá corroboradas este viernes en La Moncloa por el propio presidente cuando, en su rueda de prensa de balance del curso político y a preguntas de los periodistas, Sánchez insistió en que las pensiones no serán incluidas en el 'Pacto de Rentas' junto con el resto de salarios -públicos y privados-, se pongan como se pongan el BCE y la Comisión Europea. "Ahora sí, por ley, los pensionistas tienen garantizado la revalorización de las pensiones conforme a la evolución de los precios", recalcó.

Hasta diciembre hay margen

De momento, el Ejecutivo tiene todavía margen para cambiar de opinión in extremis porque la recomendación del Consejo Europeo en materia de contención de gasto, sobre la cual está vigilante la Comisión que preside Úrsula Von der Leyen, computa sobre el presupuesto real que salga de las Cortes, no en el llamado techo de gasto, 198.221 millones -el más alto de la historia-, el cual solo afecta a la Administración Central y es un límite teórico.

"La clave será la suma del gasto aprobado en el presupuesto", señala a Vozpópuli el economista José Carlos Díez, a quien en 2017 la gestora del PSOE encargó la ponencia económica del 39 Congreso. El verdadero problema, añade, llegará cuando se tensionen los mercados de deuda pública y empiecen los ataques al sur europeo, fundamentalmente, a las primas de riesgo española e italiana, y el BCE que preside la francesa Christine Lagarde "condicione" la compra de deuda de los países a medidas de consolidación fiscal.

Sánchez, que tiene muy presente el duro final de Zapatero en 2011, tras aprobar un recorte de 15.000 millones de gasto, no está dispuesto a pasar por lo mismo y, de ahí que se resista a subir la pensión a diez millones de jubilados menos que la inflación

Pedro Sánchez, que tiene muy presente el final político de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 tras aprobar un durísimo recorte de 15.000 millones de gasto público, no está dispuesto a pasar por lo mismo y, de ahí que se resista a subir la pensión a diez millones de jubilados menos que la inflación. Lo más lejos que ha llegado la coalición de izquierdas es a sugerir que los funcionarios participen en el llamado Pacto de Rentas, para que sus salarios no suban más de ese 4% que están dispuestos a pactar empresarios y sindicatos.

Y es que los socialistas tienen grabado a fuego lo que pasó entonces. También hubo una doble cita electoral, que resultó catastrófica y culpan de ello al austericidio que impuso el norte europeo desistiendo de intervenir en el mercado de las primas de riesgo porque eso 'mutualizaría' la deuda de todos los países del euro. Como consecuencia, y a pesar de que Zapatero ya había anunciado que renunciaba a volver a presentarse, en mayo de 2011 perdieron los gobiernos de Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, Baleares y La Rioja, y las alcaldías de doce capitales de provincia, entre ellas Barcelona, Sevilla y San Sebastián; y en noviembre Mariano Rajoy ganó por mayoría absoluta a Alfredo Pérez Rubalcaba.

Considera el presidente que, una década después, la situación saneada de la Banca deja margen al Gobierno hasta para implementar un nuevo impuesto con el que espera recaudar 5.000 millones -más otros 2.000 con el impuesto a las eléctricas-, y que eso permita cuadrar ingresos y gastos ya en 2023; incluso la posición ventajosa de España en la crisis del gas le está sirviendo a Sánchez de arma negociadora con la Alemania del canciller socialdemócrata Olaf Schölz para que frene a los halcones del Bundesbank en el BCE, partidarios de exigir al sur ajustes a cambio de poner en marcha el llamado 'mecanismo antifragmentación'. Todo con tal de no tener que pronunciar la palabra "recorte".

BCE y la "última palabra" sobre el impuesto

No obstante, fuentes del sector bancario dudan que esos 5.000 millones sean finalmente algo más que "populismo fiscal" y ponen el acento en que el BCE "todavía no ha dicho la última palabra" respecto a un impuesto que en la UE solo ha puesto en marcha el gobierno húngaro del ultraderechista Viktor Orban, el cual "no forma parte de las economías de la moneda única", recuerdan. Es más, los Bancos españoles se exponen a sanciones de la entidad que preside Lagarde si no repercuten el nuevo impuesto a los clientes porque afecta a su solvencia y, por eso, el Banco de España se niega a hacer de vigilante de que ese 4,8% que el Estado va a percibir de cada interés bancario o comisiones que cobran no se repercute, como han prometido PSOE y Podemos.

Esta semana la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, advirtió que el 'precio' real -hasta 50.000 millones menos en líneas de crédito-, comparado con la recaudación que espera obtener el Gobierno de izquierdas, es demasiado alto a las puertas de una caída de las economías europeas a la vuelta del verano. La estadounidense, de hecho, ya ha entrado en recesión.

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