España es el país de la Unión Europea que se ha mostrado más restrictivo con las empresas a la hora de afrontar la crisis del coronavirus. Otros han aprobado aplazamientos para todos los impuestos y agentes económicos, mientras que algunos incluso han aplicado bajadas de impuestos para las empresas que sufran caídas de ingresos, pero España ha sido el país que ha hecho menos concesiones en ese sentido.
En marzo, el Ministerio de Hacienda aprobó un aplazamiento del pago de retenciones de IRPF (lo que retienen las empresas a sus empleados mes a mes), de las cuotas repercutidas del IVA y el pago fraccionado del Impuesto de Sociedades, pero que sólo estaría permitido hasta un máximo de 30.000 euros en total, por un máximo de 6 meses (sólo los 3 primeros sin intereses) y sólo para pymes y autónomos con una facturación inferior a 6 millones de euros al año.
Esta única medida ha desatado el clamor de los asesores fiscales, que piden que se suspenda el pago generalizado de impuestos o al menos que se aplace el pago de todos los tributos, incluidos aquellos cuyo pago fraccionado se tiene que hacer este mismo 20 de abril por parte de empresas que facturan más de ese cantidad o por importes superiores.
Las medidas aprobadas en España distan mucho de las de otros países como Alemania, Francia, Holanda o Italia, donde se ha aplazado el pago de todos los impuestos sin distinción durante tres meses, o Luxemburgo, donde se han aplazado cuatro meses. Esto incluye también el aplazamiento de las autoliquidaciones de IVA e Impuesto de Sociedades, aplicadas en Portugal.
Lo que han aprobado otros países
Luxemburgo ha ido un pasito más allá y ha dado la opción a sus empresas de elegir entre no presentar estas autoliquidaciones o bien reducir el importe de los pagos a cuenta para ir pagando lo que puedan.
El problema principal que tiene la obligación de autoliquidar el IVA es que muchas compañías no han cobrado ese IVA de sus clientes. En el caso de España, la única opción para dejar de pagarlo es hacer una reclamación judicial o notarial al deudor.
Algunos países como Francia, Bélgica y Luxemburgo -entre otros-, además de aprobar aplazamientos, han acelerado las devoluciones pendientes para que las empresas reciban cuanto antes un colchón de liquidez; mientras que otros como Holanda y Polonia permiten aludir a pérdidas en 2020 para compensar beneficios en 2019.
Algunos países como Francia, Bélgica y Luxemburgo -entre otros-, además de aprobar aplazamientos, han acelerado las devoluciones pendientes para que las empresas reciban cuanto antes liquidez
En Italia además se ha aprobado una deducción fiscal para los comercios que han tenido que permanecer cerrados, equivalente al 60% de su cuota de alquiler de marzo.
Francia, por su parte, ha aprobado la exención de impuesto al importar material sanitario; mientras que Grecia ha dejado los primeros 800 euros de sueldo exentos del pago de IRPF.
Finalmente, Italia y Polonia han aprobado deducciones fiscales de cara a la renta de 2020 por donaciones para combatir el virus. En Italia, la deducción será del 30%, hasta 30.000 euros, por donaciones hechas por individuos y organizaciones sin ánimo de lucro al Estado, regiones, autoridades públicas o instituciones para financiar los gastos para combatir el coronavirus.
Margen en España, pese al déficit
Ninguna de estas medidas se ha contemplado en España, por lo que los asesores fiscales y los expertos en derecho fiscal piden al Gobierno que tenga altura de miras e imite estas políticas. Hay que tener en cuenta, no obstante, que España es uno de los países de la UE con menos margen fiscal, ya que tiene un déficit público del 2,64% a cierre de 2019 y en ese último año en lugar de avanzar en la consolidación fiscal incrementó su agujero presupuestario por el aumento del gasto.
"Creemos que el Gobierno de España tiene todavía margen suficiente para ser más ambicioso a través de su política fiscal. Cambios mínimos, tendentes a reproducir las medidas que se están adoptando a nivel de la Unión Europea, tendrían un efecto económico inmediato y permitirían amortiguar una caída que, todo apunta, será durísima", reclama Cristina Gutiérrez, abogada de fiscal del despacho internacional Dentons.
Los economistas del Círculo de Empresarios, del Consejo General de Economistas y del Instituto de Estudios Económicos han coincido también en que sería necesaria una bajada generalizada de los impuestos para que el tejido empresarial puede capear la situación.
