España recibirá en 2021 un total de 184,2 millones de euros con cargo al fondo de reserva creado por la Unión Europea para ayudar a los sectores y regiones más perjudicados por el final del periodo de transición del Brexit, que tuvo lugar el pasado 1 de enero y formalizó la salida de Reino Unido del bloque.
Esta partida presupuestaria asciende en total a 5.000 millones de euros y la gran mayoría (unos 4.000 millones) serán distribuidos entre los Estados miembros ya en 2021. España será el séptimo país más beneficiado, por detrás de Irlanda (1.050 millones), Países Bajos (757 millones), Alemania (455 millones), Francia (420 millones), Bélgica (324 millones) y Dinamarca (247 millones).
La Comisión Europea presentó la propuesta legislativa para crear este fondo el pasado 25 de diciembre y todavía debe ser negociada y acordada entre el Parlamento Europeo y los Veintisiete. La comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, ha desvelado este miércoles el reparto por países en una imagen que ha compartido en la red social Twitter.
En concreto, la asignación que corresponde a cada socio ha sido calculada sobre la base del impacto esperado sobre su economía al finalizar el periodo de transición. Para ello se tuvo en cuenta el "grado relativo de integración económica" con Reino Unido, lo que incluye los intercambios de bienes y servicios de cada país con Londres y el impacto en el sector pesquero.
Para el segundo desembolso se tendrá en cuenta el gasto incurrido del primero. Si excede la cantidad asignada para 2021 y es superior al 0,06% de la renta nacional bruta de este año, el Estado miembro recibirá una ayuda adicional
El segundo desembolso de estas ayudas tendrá lugar ya en 2024 y para su distribución se tendrá en cuenta el gasto incurrido del primer tramo que se ha declarado a las autoridades europeas. Si este gasto excede la cantidad asignada para 2021 y es superior al 0,06% de la renta nacional bruta de este año, el Estado miembro recibirá una ayuda adicional.
Los Estados miembros podrán utilizar estos recursos para apoyar a los sectores económicos, empresas y comunidades más afectados por la salida de Reino Unido de la UE, entre los que se encuentra aquellos que dependen del acceso a aguas británicas para desarrollar una actividad pesquera.
Fomento del empleo
El dinero también puede destinarse a fomentar el empleo, por ejemplo a través de sistemas como los ERTE españoles o financiando programas de formación, o a adoptar medidas para garantizar un funcionamiento de los controles de aduanas en los futuros intercambios con Reino Unido.
La propuesta permite financiar proyectos y medidas puestos en marcha desde el 1 de julio de 2020 y tendrá una duración de 30 meses para "dar la posibilidad y la flexibilidad a los Estados miembros para diseñar y aplicar las decisiones necesarias para aliviar el impacto inmediato" del Brexit.
