Las reformas estructurales que implementó Portugal entre 2011 y 2014 a petición de Bruselas permitieron al país recuperar su crecimiento económico y sanear sus finanzas públicas, pasando de un déficit público del 11,4% del PIB en 2011 a un superávit del 0,2% en 2019.
Fue el 7 de abril de 2011 cuando Portugal inició las negociaciones con la Comisión Europea, el BCE y el FMI para recibir 78.000 millones de financiación, a cambio de un ambicioso programa de reformas que finalmente firmarían el 17 de mayo para implementar los tres años siguientes.
Estas reformas -diseñadas para promover el crecimiento y el empleo, reducir el déficit y la deuda pública, y asegurar la sostenibilidad del sector financiero- ahora podrían servir de hoja de ruta para nuestro país, el más perjudicado por la crisis económica que ha desatado el coronavirus.
España, que se encontraba en una situación de déficit similar a la portuguesa, no profundizó en las reformas estructurales como lo hizo su país vecino, llegando incluso a echar marcha atrás en algunas que sí acometió, como la reforma de las pensiones del año 2013.
Los recortes que aprobó Portugal
Para corregir el déficit público, Portugal tuvo que acometer reformas tanto por el lado de los gastos (consiguió recortarlos y ahorrar 7,2 puntos de PIB de 2011 a 2013) como por el de ingresos (con un incremento de recaudación de 3,4 puntos de PIB), según se recoge en el programa acordado con Bruselas y sus revisiones anuales posteriores.
En el gasto público, el Gobierno tuvo que bajar un 5% el sueldo de los funcionarios y recortar los empleos de la Administración Pública, reducir los costes de mantener la Administración autonómica y local, y reducir las transferencias a empresas públicas.
Recortaron las pensiones de más de 1.500 euros y congelaron la revalorización anual, salvo para las mínimas.
Se suspendieron también todos los proyectos de inversión en infraestructuras (aeropuertos, trenes de alta velocidad...), se bajaron los sueldos de los empleados de empresas públicas en línea con los del Gobierno y se congelaron los salarios de los miembros del Ejecutivo.
Acabaron con las duplicidades de la Administración gracias a la centralización de algunos servicios, y recortaron el gasto en educación en 195 millones y el gasto en sanidad en 550 millones.
Subidas de impuestos
Por el lado de ingresos, el Ejecutivo subió el IVA: recalificando muchos productos que tenían tipos reducidos al tipo normal, eliminando las exenciones de este impuesto y modificando la ley de financiación autonómica para evitar que las comunidades pusieran bonificaciones por debajo del 20%.
Subieron también impuestos especiales al tabaco, las ventas de automóviles o la electricidad; y vincularon su subida anual con la inflación; al tiempo que combatieron con más énfasis el fraude fiscal.
Reformaron además el impuesto sobre patrimonio, quitando exenciones a la vivienda habitual, aplicaron un impuesto sobre la renta a cualquier transferencia social, y redujeron los beneficios fiscales del Impuesto sobre Sociedades y del IRPF.
También se impusieron peajes en todas las autopistas como parte de la colaboración público-privada.
La Unión Europea ya ha pedido a España en varias ocasiones que suba el IVA, ya que tiene margen para hacerlo hasta converger con la media de países de la Unión.
Acabar con los beneficios fiscales es otra de las medidas en las que está trabajando el Ministerio de Hacienda, utilizando para ello un informe que ha elaborado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre la eficiencia de los beneficios vigentes.
Reforma laboral
Para compensar la eliminación de los beneficios fiscales del Impuesto de Sociedades, Portugal aprobó una bajada de las cotizaciones sociales que pagan las empresas a la Seguridad Social para fomentar su competitividad, se pusieron incentivos a la exportación y se llevó a cabo una reforma laboral para flexibilizar el mercado de trabajo.
Esta reforma redujo a 18 meses el máximo que se podía cobrar la prestación por desempleo y redujo el periodo mínimo cotizado que se requería para poder acceder al subsidio, para que pudieran entrar más jóvenes, así como un mecanismo para cubrir con prestación por desempleo a los autónomos con un único cliente (los TRADE).
Se abarató el despido, igualando las indemnizaciones por despido de los contratos indefinidos y temporales (para acabar con la dualidad) y acercándolas a la media de la UE y facilitando la movilidad entre trabajos con un sistema similar a la mochila austriaca. Todos los nuevos contratos tenían una indemnización de 10 días por año trabajado ampliables a otros 10 con los fondos que había acumulado el trabajador en ese sistema.
Se redujo el coste de las horas extra, que era el más alto de Europa, y se flexibilizaron los horarios para evitar que las empresas recortaran gastos con despidos.
Además, el Gobierno pacto con la Troika que cualquier futura subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debería ser "compatible a la situación del mercado de trabajo".
