El Gobierno ya sabe qué va a hacer cuando el Fondo de Reserva se agote a finales del año que viene y no pueda utilizar estos recursos para financiar las pagas extra de los pensionistas. Recurrirá al Tesoro Público para cubrir las necesidades de un sistema en ruinas, lo que en la práctica parece sencillo, pero impedirá que la deuda pública baje a lo largo de la legislatura, como espera el Gobierno. Y hará que la factura que tiene que asumir cada español siga rondando los 24.000 euros en 2019.
Los cálculos son sencillos. Según la última notificación que envió el Gobierno a Bruselas a finales de octubre la deuda acabará el año en 1,11 billones de euros, el 99,4% del PIB. Si dividimos la cifra entre la proyección de población del INE para ese mismo año, nos sale que cada español debe de media 23.900 euros en deuda pública, una cifra bastante alta y alarmante. De hecho, todos los organismos económicos están poniendo el foco en este dato y pidiendo al Gobierno que tome medidas para reducir la deuda pública.
Y por eso, en el plan presupuestario enviado a Bruselas, el Ejecutivo puso por escrito su compromiso de reducir este parámetro al 95,4% en 2019. La cifra parecía inicialmente alcanzable, sobre todo teniendo en cuenta cómo se ha reducido la factura de la deuda en los últimos años y las menores necesidades para cubrir el déficit. Pero hay un problema, el Fondo de Reserva que se utiliza para asegurar las pensiones se está agotando y el Gobierno ha dicho que recurrirá al Tesoro para rescatar a los pensionistas.
Una medida de este tipo impedirá que la deuda baje al ritmo que ha prometido el Gobierno a Bruselas
La medida la anunció el martes el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, en la Comisión del Pacto de Toledo. Inicialmente no cambia mucho el sistema de financiación porque el superávit que se ha destinado a lo largo de los años a la 'hucha de las pensiones’ se ha invertido siempre en deuda soberana. Pero sí obligaría al Tesoro a emitir más cantidad de lo que emite para pagar a los pensionistas, lo que elevaría la cantidad total de deuda y, por tanto, la factura que asumen los ciudadanos por la misma.
Si tenemos en cuenta que este año el Gobierno ha sacado unos 20.000 millones del Fondo para pagar las extras de verano y Navidad, podríamos pensar que el Tesoro tendrá que emitir unos 20.000 millones más cada año para hacer frente a este gasto. Salvo en 2017, año para el que el aún podría utilizar los 15.000 millones que quedan en el Fondo de Reserva. Eso hace un total de 45.000 millones que el Tesoro tendrá que emitir de más esta legislatura para garantizar las pensiones.
El mayor problema de poner en marcha una medida así es que la deuda no bajará, como había dicho el Gobierno. De hecho, si aumenta en 20.000 millones cada año acabaría 2019 en 1,11 billones, la misma cifra que en 2016. Y si incluimos más decimales, la cifra incluso sube un poco. Esto hará que la cantidad que debe cada español se mantenga en el entorno de los 24.000 euros al final de la legislatura y que la deuda total siga rondando el 100% del PIB, como de hecho, sostienen algunos organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas).
El mayor déficit de la historia
La medida parece más un parche que una solución. La factura de las pensiones seguirá aumentado y también lo hará la de la deuda pública. La reforma no puede esperar, como dicen los expertos, y tiene que garantizar la viabilidad de un sistema que actualmente se desangra por todos lados. Este año, la Seguridad Social se anotará el mayor déficit de su historia y en 2019 el desfase seguirá en el 1%. De hecho, explicará prácticamente todo el déficit público de ese año (1,3%).
De momento, la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso está escuchando la opinión de los expertos antes de plantear sus recomendaciones en primavera. Después pasará la batuta al Gobierno, que tendrá que afrontar la difícil tarea de plantear una nueva reforma que aborde los problemas de los que adolece el sistema antes de que acabe la legislatura. De hecho, si no hace nada para remediarlo, las prestaciones caerán nada más y nada menos que un 40% de aquí a 2050 por el efecto de las últimas reformas.
