Los expertos en materia concursal advierten que la posible avalancha de solicitudes por parte de personas físicas de entrada en concurso de acreedores, debido al impacto en el empleo y en las finanzas de las familias del coronavirus, pueda colapsar los juzgados mercantiles en España. Preocupa especialmente la situación de los autónomos.
A principios de año, antes de que estallara la crisis sanitaria, el número de concursos presentados por personas se había disparado, superando en ocasiones al número de concursos solicitados por empresas, algo inédito en España.
El desarrollo de la Ley de Segunda Oportunidad, la ralentización económica, y el endeudamiento insostenible de numerosas personas que habían acudido a créditos fáciles al consumo, provocó este incremento desconocido de los concursos de personas físicas, registrado a principios de año. Pero la cifra previsiblemente se dispare a partir de ahora.
ATA, la mayor asociación de autónomos, reclama la ampliación inmediata de la línea de avales ICO Covid-19 hasta los 50.000 millones
"Habrá una avalancha de concursos, de personas jurídicas y de personas físicas", vaticina Rafael Quecedo, experto en derecho concursal, con experiencia en la materia desde finales de los años setenta del pasado siglo. "Las personas que no puedan pagar sus deudas están obligados a declararse en concurso de acreedores", indica.
En opinión de Quecedo, se requiere cuanto antes habilitar más juzgados para atender la llegada de concursos, "los 5.000 jueces aproximadamente que ahora trabajan en ello no son suficientes", dice.
El abogado propone como medidas para paliar la que se avecina, que los préstamos ICO Covid-19 puedan ser empleados también para garantizar el pago de las deudas de las personas en concurso, y que se refuercen las sanciones para los acreedores que incumplan los convenios pactados.
El presidente de los administradores concursales pide que se amplíe el periodo por el que se evita la obligatoriedad de declarar concurso
El número de concursos de personas físicas "se va a disparar, muchos autónomos no van a poder aguantar las asfixia económica e irán a concurso", advierte Lorenzo Amor, presidente de ATA, la mayor asociación de autónomos de España.
"El arranque va a ser muy lento en muchos sectores", dice el presidente de ATA. Habrá también muchos más concursos de "autónomos empleadores que han realizado ERTE y a los que les será insoportable mantener durante seis meses empleos para no devolver cotizaciones y prestaciones desempleo", vaticina.
La asociación ha reclamado la ampliación inmediata hasta los 50.000 millones de euros de las líneas de avales ICO Covid-19; el Gobierno ha anunciado hasta 100.000 millones y de momento se han repartido 20.000 millones entre la banca.
"El pasado año se declararon en España 2.544 personas en concurso de acreedores"
"Va a ser tremendo, y un caos", lamenta el director y fundador de una consultora especializada en reestructuraciones que prefiere mantener el anonimato. "Creo que se puede llegar a final de año a entre 30.000 y 50.000 concursos de acreedores, entre personas jurídicas y físicas", estima.
En España, durante la crisis económica y financiera, se registraron 39.130 concursos por parte de sociedades mercantiles, entre los años 2008 y 2014; el número de concursos de personas físicas rondaba el millar en los peores años de la crisis. En 2019 el número de personas físicas que se declararon en concurso de acreedores alcanzó la cifra de 2.544, entre personas con actividad empresarial (409) y personas sin actividad empresarial (2.135), según datos del INE.
"Todo dependerá de lo que dure la crisis"
"Habrá muchos, muchos concursos de autónomos, en particular afectará a los que trabajen en el sector turístico y en el de horeca [ hoteles, restaurantes y cafeterías)", indica este experto. "Y a estos habrá que sumar el de las personas afectadas ahora por un Erte; familias con un salario que antes era de 3.000 euros mensuales y que ahora perciban cerca de 1.300 euros no podrán hacer frente a hipotecas, colegios...", advierte.
"Todo dependerá de lo que dure la crisis sanitaria", apunta Diego Comendador, administrador concursal y presidente de la asociación que representa en España a este colectivo, Aspac. "Es previsible que haya un repunte importante de concursos de personas físicas, después de que los Ertes que ahora se están presentando acaben por convertirse en Eres", indica.
Real Decreto y concursos
El Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, incluye dos referidas al sistema concursal.
Mientras esté vigente el estado de alarma, "el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso". Y los jueces "no admitirán a trámite las peticiones de concurso hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma". Si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, "se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior".
Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté vigente el estado de alarma, "el deudor que hubiera comunicado al juzgado la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio".
"Promover concursos en un espacio temporal tan corto, sin que veamos el desenlace definitivo, es muy delicado", advierte el presidente de Upta
El presidente de Aspac considera que los dos meses contemplados en el Real Decreto-ley de plazo para no presentar concurso, tras la finalización del estado de alarma, no es suficiente.
"La norma habla de una moratoria de dos meses, pero no es una prohibición, y debería ser un plazo mayor", dice. Comendador defiende también la necesidad de agilizar los mecanismos en los juzgados, medidas de colaboración, y sistema de ayudas a las empresas.
Negociar cuanto antes
"Al igual que habrá un número mucho mayor de empresas que se declaren en concurso, también lo habrá de personas físicas", comenta Luis Martín, administrador concursal, socio fundador de Abencys. "Si se cortan los ingresos se rompe el equilibrio financiero y económico", recuerda.
"La banca tradicional suele rechazar la negociación en la Segunda Oportunidad", indica el abogado Carlos Pavón
"Hay que recortar costes, reducir en lo posible el gasto", recomienda Martín, quien también reclama ampliar a seis meses, y no a dos, el periodo tras el fin del estado de alarma sobre la no obligatoriedad de presentar concurso de acreedores.
Las personas que se dirijan al concurso deben cuanto antes "hablar con proveedores y acreedores y llegar a un acuerdo antes de presentar concurso, prolongar los pagos hasta final de año, por ejemplo", subraya, y destaca que ahora mismo "lo mejor es tener calma, no tomar medidas precipitadas y ayudarse entre todos".
El incremento relevante del número de concursos de acreedores de autónomos "es una posibilidad cierta", comenta Eduardo Abad, presidente de Upta, la segunda mayor asociación de autónomos del país. "Sería una mala noticia que esta fuera la fórmula elegida, supondría la desaparición de empresas y autónomos".
"En los concursos de acreedores es un administrador designado por un juez el que se hace cargo de tu negocio; promover concursos de acreedores en un espacio temporal tan corto sin que veamos cual es el desenlace definitivo de la economía, es tremendamente delicado", advierte el presidente de Upta.
Segunda oportunidad
Carlos Pavón, al frente del despacho especializado en Derecho concursal, Gaula Abogados, destaca como el desarrollo de la ley de Segunda Oportunidad ha incidido en ese mayor número de personas que en los últimos meses se ha declarado en concurso de acreedores.
La Ley de Segunda Oportunidad exonera al acreedor del pasivo siempre que no cuente con deudas con Hacienda, entre otros requisitos
"La gente ha ido perdiendo el miedo a los juzgados", comenta, y señala que, a partir de ahora, no solo los juzgados mercantiles pueden verse colapsados por la entrada de muchos más concursos, también las notarías.
Pavón menciona que las personas que se declaran en concurso y que tienen como acreedor a la banca, lo tienen más complicado que otros para llegar a un convenio de pago. "Los bancos tradicionales suelen rechazar la negociación en la Segunda Oportunidad, pero los que tienen otro tipo de deudores sí que habitualmente logran pactar un convenio", explica.
la Ley de Segunda Oportunidad, que exonera al acreedor del pasivo siempre que no cuente con deudas con Hacienda, entre otros requisitos, ha impulsado el número de concursos de acreedores de personas.
La reforma de la Ley Concursal a través del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, modificado a su vez por la Ley 25/2015, de 28 de julio, estableció el marco normativo definitivo de la segunda oportunidad. El mecanismo de segunda oportunidad para particulares permite la posibilidad que los deudores de buena fe, sean empresarios o no, queden liberados de las deudas que no puedan pagar.
