En mayo de 2017, menos de un año después de la ampliación de capital de Popular de 2.500 millones, un equipo de más de 50 trabajadores de EY y Bankia detectó que la entidad tenía un agujero en su balance de 466 millones de euros por la incorrecta clasificación de determinados créditos, según documentación interna a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
Bankia era uno de los bancos más interesados en la posible adquisición de Popular antes de su resolución, por lo que estudió a fondo la operación de la mano de la firma de auditoría, contratada expresamente por la entidad nacionalizada para poder analizar en detalle los activos del banco que entonces presidía por Emilio Saracho.
Tras revisar en el plazo de un mes una muestra de 9.386 millones de euros en créditos de Popular, EY llegó a la conclusión de que algunos de ellos estaban mal clasificados. El grueso del ajuste estaba relacionado a la cartera de créditos a grandes empresas, pues se su incorrecta catalogación implicaba una provisión de 219 millones de euros.
Ladrillo
En relación a los préstamos ligados al sector inmobiliario, la provisión ascendía a 179 millones de euros. En concreto, EY propuso clasificar como 'dudosos' 228 millones de euros de riesgo promotor considerados como 'normales', lo que suponía un ajuste de 173 millones.
También se corrigió la catalogación de préstamos destinados a la construcción no relacionada con la promoción inmobiliaria, con una provisión de 6 millones de euros. La reclasificación de determinados créditos concedidos a pymes, por su parte, comprometía otros 68 millones de euros.
La tasación del 68% de los inmuebles analizados no estaba homologada
Más allá estas correcciones, si Bankia quería igualar el nivel de provisiones de la cartera de crédito de Popular al de la suya, el ajuste necesario era de 4.026 millones de euros, de los que 2.204 millones de euros estaban ligados la promoción inmobiliaria.
La auditora también comprobó la calidad de las tasaciones inmobiliarias de Popular y determinó que la gran mayoría de ellas no estaban homologadas. De hecho, el informe revela que la tasación del 68% de los inmuebles analizados se realizó por entidades no homologadas o no cumplía con las reglas ECO, aprobadas en la orden ministerial ECO/805/2003.
No era la primera vez que EY estudiaba los activos inmobiliarios de Popular. De hecho, fue la consultora a la que se le encomendó la tarea de valorar los activos del Proyecto Sunrise, con el que Ángel Ron pretendía sacar del balance de la entidad más de 6.000 millones de euros en ladrillo a través de la creación de un banco malo.
Tiempo limitado
En cualquier caso, los métodos utilizados por las diferentes entidades financieras para clasificar sus créditos no son homogéneos, por lo que cada una utiliza su propio criterio. Además, según advierte Bankia, el análisis se realizó en condiciones de información y tiempo "limitados".
Para su elaboración se utilizó la información disponible en el 'Virtual Data Room' orquestado por Emilio Saracho para intentar encontrar un comprador, así como con información puntual sobre la entidad solicitada de forma expresa por Bankia.
En cualquier caso, a pesar del gran interés de Bankia por hacerse con Popular, el tamaño y los costes de operación terminaron por frenar al banco, que se retiró de la puja en la tarde del 1 al 2 de junio de 2017.
