Los consumidores acogidos a la tarifa regulada, cerca de un 40% del total, sufren el descontrol que está provocando la crisis de Ucrania en su factura. Aunque para algunos supone un castigo mayor. Los hogares acogidos al bono social deben estar en la tarifa regulada para disfrutar de estos descuentos y el Gobierno optó en octubre por reducir hasta el 70% su descuento con respecto al resto de los consumidores para compensar los altos precios. Aún así, su factura se ha triplicado y puede seguir aumentando con el nuevo repunte de precios.
Un reciente informe de PricewaterhouseCoopers (PwC) para la Fundación Naturgy, que lleva por título 'El bono social como mecanismo de protección al consumidor vulnerable', muestra que esta medida no ha sido suficiente para evitar el aumento de costes para estos hogares. Sus estimaciones apuntan que, en el pasado mes de diciembre, la factura de un consumidor vulnerable medio se elevó hasta los 30,15 euros frente a los 10,99 euros que pagó en el mismo mes de 2020. Esta diferencia se produjo pese a que se aplicó en 2021 una reducción del 60%, 70% en los vulnerables severos, frente al 25% del año anterior.
En este sentido, el precio diario de la electricidad en diciembre de 2021 en el mercado mayorista (pool) fue de 239,16 euros/MWh, un extraordinario 469,84% más alto que hace un año, y en el cierre del año este precio se situó en 111,34 euros/MWh, que supone un incremento del 141,3% por encima de su promedio de los últimos cinco años (46,16 euros/MWh).
"La indexación de esta tarifa regulada al mercado de la electricidad estaba orientada a ofrecer al consumidor final una señal real de precio con el objetivo de que pudiera modelar su consumo y, de este modo, realizarlo eficientemente, adaptándolo en función de los precios que tiene la electricidad en cada hora del día", señalan los expertos de PwC. "Sin embargo, la realidad es que esta indexación del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) al precio del pool implica que se traslada directamente a los consumidores acogidos a esta tarifa toda la volatilidad que se produce en el mercado", añaden.
Una factura en un "mercado roto"
El pasado 8 de marzo de 2022 se produjo el pico diario del coste de la electricidad más alto jamás registrado en el mercado mayorista alcanzando los 545 euros/MWh, casi un 23% más caro que el día anterior. Este escenario provoca que las diferentes fuentes del mercado consultadas por Vozpópuli informen que el nuevo paquete de medidas del Gobierno debe, y parece que lo hará, sacar el bono social de este "mercado roto", como lo define la propia Teresa Ribera.
Como destaca el informe, es obligatorio para ser beneficiario del bono social eléctrico estar acogido a la tarifa regulada o PVPC, más allá de tener la condición de consumidor vulnerable. Un hecho que los expertos consideran como "crítico" al tratarse de una tarifa indexada al precio del mercado eléctrico mayorista que sufra la volatilidad del mismo a los sectores de consumidores más vulnerables y típicamente con mayor aversión al riesgo y menor posibilidad de gestión económica.
Estos consumidores deben tener una potencia contratada inferior a 10 kW. Según los últimos datos de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), cerca de 1,2 millones de consumidores están acogidos al bono social y han sufrido el continuo incremento de los precios del mercado mayorista (pool).
"En este sentido, cabe destacar que el Gobierno, consciente de este problema, y como medida extraordinaria ante la escalada histórica de precios que ha sufrido el mercado eléctrico desde verano de 2021 (la factura media de los hogares con PVPC se ha incrementado en torno al 50-60% con respecto a hace un año), ha incrementado de manera temporal los descuentos asociados al bono social hasta un 60% y 70%, respectivamente según el tipo de consumidor afectado", matizan desde PwC.
El modelo de bono social en España también es polémico por su financiación. Las comercializadoras de energía son las que pagan este coste en función de su número de clientes, según lo establecido por el Real Decreto ley 7/2016, de 23 de diciembre. "Esta forma de financiación ha generado siempre cierto debate, ya que no está siguiendo la tendencia actual que existe en algunos de los principales países de Europa, como Francia e Italia, en los que los mecanismos de apoyo y ayuda al consumidor vulnerable se financian vía Presupuestos Generales del Estado (PGE) como una medida más de la política social del país, evitando inducir costes adicionales a participantes del mercado que puedan resultar discriminatorios", comentan el informe.
A finales de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló el sistema de financiación español de este descuento en el precio de la electricidad para colectivos considerados vulnerables por ser “discriminatorio” y, por tanto, incompatible con la normativa europea. La justicia europea considera que el régimen que estableció el Gobierno español para sufragar su coste conduce a una diferencia de trato entre las distintas sociedades que operan en ese mercado que no está justificada de manera objetiva.
A esta sentencia se une la reciente del Tribunal Supremo, que el 31 de enero anuló el modelo de financiación del bono social de la electricidad, al entender que no se ajusta a la legislación europea y discrimina a unas empresas del sector eléctrico frente a otras. El Tribunal Supremo indica en su escrito que toma esta decisión, entre otras cuestiones, porque en otros países de la Unión Europea está establecido que ese coste lo sufraguen los PGE, mientras que en España se ha optado por hacer recaer esta obligación sobre algunas empresas del sector eléctrico.
¿Soluciones?
"España se encuentra en estos momentos en una posición desalineada con la que está definiendo la Unión Europea en relación con las medidas de protección para los consumidores vulnerables", denuncia el informe de PricewaterhouseCoopers (PwC) para la Fundación Naturgy . "En este sentido, es necesario recalcar que la intervención pública en los precios minoristas eléctricos debería limitarse exclusivamente a su afección a los sectores de consumidores vulnerables, eliminando progresivamente todo tipo de tarifa regulada de alcance más generalista, tal y como señala la Comisión Europea", comentan.
Los expertos exponen que una medida que sería capaz de alinearse con las tendencias europeas es la definición de una tarifa social que no esté indexada al precio mayorista de la electricidad y, de este modo, evitar la volatilidad actual a la que está expuesto el consumidor vulnerable. Esta definición de tarifa social debe configurarse con el objetivo de evitar la distorsión y obstaculización de la libre competencia en el mercado eléctrico y, principalmente, como una medida de política social (lucha contra una situación de vulnerabilidad en el sentido más amplio del concepto), por lo que es necesario que su financiación corriera a cargo de las cuentas públicas.
"Se necesita alinear sus mecanismos de protección al consumidor vulnerable eliminando la tarifa regulada de último recurso (PVPC) existente y definiendo una tarifa social, con un precio fijo reducido y financiada a través de sistemas no discriminatorios y con carácter de ayuda social, a la que se puedan acoger los consumidores vulnerables, sin sufrir cambios bruscos y continuos en el precio de la electricidad", concluye los expertos.
