Los expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) no se muestran partidarios de que el próximo Gobierno intervenga el mercado de alquileres, pero advierten de que si va a elaborar un índice de precios de vivienda, lo más recomendable es que intente llegar a acuerdos con las agencias inmobiliarias y los notarios.
"Nunca crearía un índice pensado para limitar precios, puede tener consecuencias nada positivas sobre la equidad. Pero si el Gobierno tiene que crear un índice, que no cometa los mismos errores del pasado: alejémonos de precios de tasación y oferta, usemos los precios de notarios o hagamos un convenio con las principales inmobiliarias", ha reivindicado Josep María Raya, de la Universidad Pompeu Fabra, durante una jornada sobre la economía y las políticas de vivienda organizada por Fedea.
El experto explica que en la actualidad en España existen distintos precios de la vivienda, como el precio de oferta (al que los propietarios anuncian sus inmuebles tanto para vender como para alquilar) en portales como Idealista; el precio real (al que se vende finalmente o se alquila la vivienda después de los descuentos derivados de la negociación), como el de Tecnocasa; el precio de tasación, como el que ofrece el Ministerio; o el precio que ofrecen los notarios, y que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE) desde 2008 pero que "no refleja las operaciones en negro", advierte.
Existen, por tanto, muchos indicadores, pero no un índice único fiable y el problema se arrastra desde la década de los 80, señala Raya, ya que "fue entonces cuando se decidió optar por hacer una estadística barata, con precios de tasación, y no cara, que hubiera requerido un acuerdo con inmobiliarias".
Padecemos un problema histórico que hemos mejorado desde 2008 gracias al INE
Fedea se muestra en contra de la posibilidad de topar los precios de la vivienda cuando estos sean muy altos, tal y como ha exigido Unidas Podemos y podría llegar a aceptar el PSOE en el próximo Ejecutivo. La razón está en que creen que no se conseguirá el fin que se busca.
Seguros para protegerse de las subidas de precio
Miguel Ángel López, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, y colaborador de Fedea, considera que esta medida podría reducir la oferta de vivienda disponible en alquiler, ya que al ver los precios del alquiler congelados los propietarios podrían decidir poner a la venta esas viviendas.
Él se muestra más partidario de crear en España un mercado de seguros para que los inquilinos puedan protegerse de "aumentos desmedidos y repentinos del precio de alquiler". "Que no exista este mercado de seguros es un fracaso del mercado", apunta.
"Los controles de alquileres me parecen una pésima idea", señala, y apunta que si lo que se busca es mejorar el nivel de renta de los que no se pueden permitir pagar un alquiler alto, el Gobierno debería plantearse la posibilidad de "hacerles directamente transferencias de rentas".
El Gobierno incumple el plazo
El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó el 1 de marzo el real decreto-ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de alquiler, en el que se comprometía a crear un sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda en el plazo de 8 meses, es decir, antes del 1 de noviembre, según recoge su disposición adicional segunda.
El 30 de mayo se celebró la primera reunión del Grupo de Trabajo liderado por el Ministerio de Fomento, según pudo saber Vozpópuli, para empezar a trabajar en este índice. Este grupo estaba integrado por miembros de la Agencia Tributaria, la Dirección General del Catastro, el Banco de España, el INE, la presidencia del Gobierno y por José García Montalvo, de la Universidad Pompeu Fabra.
Tras ese encuentro inicial, el grupo se reunió también el 21 de junio y el 19 de julio pero a fecha de hoy, casi nueve meses después de la publicación del decreto, siguen trabajando en el índice y no han logrado culminarlo. "Estamos trabajando en el desarrollo del sistema estatal de índices de referencia de precios del alquiler de vivienda, siguiendo lo dispuesto en el RDL 7/2019", señalan a este medio fuentes de Fomento.
Ya advertían en julio que los trabajos eran todavía "muy incipientes" y que había "un largo camino que recorrer durante el próximo semestre hasta establecer este sistema", a lo que se suman las dificultades de tener un Gobierno en funciones.
