La Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona se ha querellado contra Endesa y seis de sus directivos por la muerte de aves electrocutadas en torres de media tensión de la compañía. El ministerio público acusa a los directivos de la compañía eléctrica de un delito contra el medio ambiente y otro contra la protección de la fauna, según informa este martes el diario El País.
La querella ha sido ya admitida por el Juzgado de Instrucción de Vic (Barcelona), que es el que se ha encargado de la investigación. La compañía está a la espera de una notificación oficial y no se ha pronunciado sobre el asunto.
La normativa vigente obliga a la empresa a poner en marcha las medidas necesarias para evitar riesgos o daños que el transporte de la energía conlleva para la fauna y la flora. Un real decreto de 2008 establece que las comunidades autónomas tienen que elaborar una lista con los tendidos eléctricos que se encuentran en parajes protegidos. El fiscal solicitó esta información a la Dirección General de Políticas Ambientales de la Generalitat, que le remitió a un mapa de 2014 en el que estaban señalados 1.089 tendidos susceptibles de ser renovados y adaptados en Zonas de Especial Protección para las Aves y el 95% pertenecían a Endesa.
Adaptación de algunos tendidos
La compañía adaptó en 2019 un total de 89 tendidos eléctricos con dinero público en zonas protegidas de Cataluña gracias a una subvención de la Generalitat. La empresa ha invertido en 2020 ara adecuar 350 tendidos más en todo el territorio catalán, según el Ejecutivo catalán. La compañía, por su parte, asegura que ha reformado hasta 624 puntos críticos para las aves.
Endesa ha anunciado que invertirá 4,6 millones este año en adaptar más tendidos. Esta cifra supone el doble de lo que había invertido la empresa en 2020.
La Dirección General de Medio Ambiente había avisado a Endesa desde 2014 en varios escritos de los puntos peligrosos que habían causado la muerte de especies en peligro de extinción y se le requirió que adoptasen medidas. Este requerimiento fue reiterado el 29 de abril de 2016, ya que únicamente se habían corregidos cinco de los 483 soportes eléctricos que se le había solicitado a la compañía que adaptase.
La Fiscalía considera que la empresa se ha limitado a realizar "intervenciones puntuales" en algunos puntos en los puntos en los que las aves se han electrocutados de manera reincidente y no solo en zonas de protección indicadas, sino en todo el territorio catalán.
