El polémico almacén de gas Castor, cuya puesta en servicio ocasionó cerca de dos centenares de movimientos sísmicos en las costas de Castellón, ha provocado un enfrentamiento entre el Gobierno y ACS, principal accionista de Escal, la que fuera concesionaria de la infraestructura. La decisión del Ejecutivo de desmantelar la instalación, adoptada a finales de octubre, supone dejar a la sociedad sin la posibilidad de recurrir a uno de los principales argumentos para su defensa en el pleito que le acusa de negligencia: que no hubo tal y que los movimientos sísmicos eran imposibles de prever. Una circunstancia cuya única prueba fehaciente sería volver a inyectar gas al almacén.
Esto no será posible salvo que los tribunales digan lo contrario y decreten medidas cautelares contra la decisión adoptada hace dos meses por el consejo de ministros. Precisamente, es lo que persigue el recurso contencioso-administrativo que Escal ha presentado ante el Tribunal Supremo. La decisión que el Ejecutivo ya había adelantado a comienzos de año solo cuenta con la oposición de la concesionaria que, paradójicamente, fue la primera en ser resarcida de los posibles daños con una compensación de 1.350 millones de euros vía Real Decreto Ley que le permitió salir airosa de su compromiso con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), financiador del proyecto.
Por lo tanto, pudiera parecer que Escal es la menos afectada por la medida de eliminar definitivamente cualquier resto del Castor. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El almacén de gas es ya historia en la práctica pero su huella persiste en la Justicia. Sobre Escal y sus responsables aún pesan las acusaciones de negligencia, concretamente en la causa que se eterniza en los juzgados de Vinaroz.
La sociedad siempre ha mantenido que solicitó todos los informes medioambientales pertinentes. Pero la prueba que le permitiría salir airosa de este asunto sería la vuelta a la actividad del Castor y que, obviamente, ésta se produjera sin que la Tierra se pusiera a temblar.
El aviso de Florentino en Cataluña
Parte de esta estrategia fue desvelada de manera implícita por el presidente de ACS, Florentino Pérez, el pasado mes de junio, cuando compareció en la comisión de investigación que el Parlamento de Cataluña constituyó para tratar de averiguar qué sucedió en aguas levantinas aquel 2014. "No vale decir que hay que desmantelarlo mañana porque quien tome la decisión tiene que estar muy seguro de que es lo mejor para todos", apuntó por entonces el ejecutivo, cuatro meses antes de conocerse de forma oficial la decisión del Gobierno.
A las pruebas del recurso presentado por Escal hay que remitirse para concluir que el desmantelamiento del Castor no es precisamente bueno para todos. Para la concesionaria no lo es. "Yo todavía tengo la esperanza de que se sigan haciendo estudios y que se diga que aquello no salió mal", manifestó el presidente de ACS en la citada comparecencia, en la que también insinuó que al Gobierno le faltarían pruebas para tomar una decisión de este calado.
"No sé si habrá desmantelamiento pero, en todo caso, tendrá que ser después de haber profundizado más en el asunto", añadió entonces y atribuyó esa necesidad de investigar más sobre la relación entre la actividad del almacén de gas y los movimientos sísmicos a las opiniones vertidas por el experto del Massachusetts Institute of Technology (MIT) que evaluó lo acontecido.
A vueltas con las finanzas
El Gobierno optó por dar carpetazo definitivo al Castor, en situación de hibernación desde hace cinco años, cuando cesó su actividad tras los terremotos. Desde entonces, Enagás se ha ocupado de gestionar su mantenimiento. Dado que el sellado provisional de los pozos estaba próximo a caducar, Moncloa decidió ejecutar la decisión que tenía tomada desde tiempo atrás. Cabe recordar que incluso el anterior Gobierno también anunció en su día, por boca de Álvaro Nadal, por entonces ministro de Energía, que el Castor no volvería a tener actividad.
Al margen de esto, ACS también pelea con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) después de que el pasado julio el regulador estableciera que tanto la concesionaria como los bancos que poseen los derechos de cobro por el rescate de la infraestructura tenían que devolver el dinero percibido desde la publicación del Real Decreto Ley que revocaba la concesión hasta la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, que anulaba algunos preceptos de esta normativa.
ACS también trató de que la Justicia decretara cautelares a la decisión del organismo que preside José María Marín Quemada, que pone a Escal en una delicada situación financiera que obliga a su matriz a aportar más capital si quiere evitar que entre en causa de disolución.
