Primavera de alta tensión para la economía española. El Fondo Monetario Internacional (FMI) someterá a España a un examen durante el mes de abril, al mismo tiempo que lo hará una delegación de la Comisión Europea, según informaba El País en su edición del domingo. Aunque el organismo internacional ha calificado la misión de rutinaria, lo cierto es que es la segunda vez que visita este año España, algo muy poco habitual. En febrero, una nutrida delegación de inspectores del organismo ya estuvo durante un mes poniendo a prueba el sistema financiero español. Aunque la misión se cerró con éxito, fuentes del organismo reconocen que se ha programado una segunda visita que coincide con la de los funcionarios de Bruselas.
La primera toma de contacto que el FMI hizo en febrero se centró en el sistema financiero español, ya que a España le toca pasar este año el Financial System Assesment Program (FSAP), un duro test que comprueba la resistencia del tejido bancario. El test estaba programado con antelación, los países del G-20 lo pasan cada cinco años, pero se suele hacer de una sola vez, sobre todo porque la primera estancia ya fue muy prolongada. Los resultados del test se publicarán a mediados de junio junto con el resto de las conclusiones sobre la evolución de la economía española que se publican anualmente como en el resto de los países miembro.
Esta segunda visita aumenta la presión que los organismos internacionales están ejerciendo sobre España, que debe anunciar el tijeratazo de las cuentas públicas este viernes. La presencia de la Semana Santa la primera semana de abril lleva a pensar que con toda probabilidad se junten las preguntas incómodas de dos de los tres componentes de la conocida troika (FMI, Comisión Europea, Banco Central Europeo). El nivel de vigilancia al que comienza a someterse España recuerda al de los países rescatados en la zona del euro o al que tuvo Italia hasta que Mario Monti tomó las riendas económicas. El Gobierno de Rajoy tiene que conseguir que las cuentas públicas cuadren este año con un déficit equivalente al 5,8% del PIB.
