Los fondos propietarios de vivienda en España estiman que el conocido como decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno tendrá un impacto sobre su negocio de unos 15 millones de euros mensuales.
En el Real Decreto-ley 37/2020, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, publicado ayer miércoles en el BOE, se indica que para suspender el lanzamiento de viviendas estas tendrán que ser propiedad de particulares o personas jurídicas con más de diez inmuebles (generalmente fondos de inversión).
Para hacer el cálculo de los 15 millones que supondrá el impacto del decreto en su negocio, los fondos estiman que en España existen en la actualidad unas 100.000 viviendas ocupadas.
Las fuentes consultadas toman como referencia el cálculo realizado por el Institut Cerdà, que en un informe elaborado entre 2017 y 2018, al que ha tenido acceso este diario, considera que había más de 87.500 familias ocupando viviendas en España, una cifra equivalente a 262.500 personas, población similar a la de
L’Hospitalet de Llobregat o La Coruña.
Los fondos estiman que el 30% de todas las viviendas ocupadas en España son de su propiedad
Los fondos estiman que, del total de las viviendas ocupadas en España, un 30% son de su propiedad. Las mafias de la ocupación y los okupas profesionales saben que es más difícil desahuciar al inquilino de un fondo, y que algunos de estos, por responsabilidad social corporativa, no ejecutan desahucios.
Las mismas fuentes cuentan con que en la actualidad el número de viviendas ocupadas será próximo a las 100.000, de las cuales unas 30.000 serán de su propiedad. A un precio medio de 500 euros mensuales, resulta un impacto mensual de 15 millones de euros.
Los fondos advierten que reclamarán al Estado responsabilidades por expropiación del derecho de uso de sus activos
En los últimos seis años, aproximadamente, Blackstone ha invertido cerca de 24.000 millones de euros en España, la mayoría en créditos hipotecarios, inmuebles, hoteles o complejos de oficinas.
Otros fondos estadounidenses, como Lone Star, Apollo o Cerberus, también han invertido miles de millones de euros en los últimos años en el sector inmobiliario español. En todo caso, advierten fuentes cercanas a las mismas firmas de inversión, son propietarios de menos del 3% de los inmuebles en alquiler en España.
La asociación Asval, integrada por algunos de estos fondos, y también por cerca de 1.400 pequeños propietarios de vivienda en alquiler, advierte que el decreto del Gobierno "supone la legalización de la ocupación ilegal", lo que, aseguran, "va a convertir a España en el único país avanzado que permite este tipo de prácticas fuera de la ley y peligrosas".
La misma asociación, presidida por el exalcalde de Barcelona y exministro Joan Clos, subraya que los propietarios de vivienda en alquiler afectados "reclamarán al Estado responsabilidades por expropiación del derecho de uso de sus activos", y que el decreto generará "un efecto llamada a nuevas ocupaciones".
