España está en el foco por los fondos europeos. En primer lugar, porque es el país con más dinero a fondo perdido asignado (77.200 millones). Y, en segundo lugar, porque organismos internacionales como el Tribunal de Cuentas Europeo o la Eurocámara han puesto en el foco su gestión.

De momento ha recibido 37.000 millones desde Europa y la Comisión Europea ha realizado ya dos auditorías 'ex post' del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), al que están asociados los fondos Next Generation EU. Así lo refleja la Comisión Europea en su segundo informe anual sobre la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), publicado este martes.

A cambio de recibir el dinero, el Gobierno se comprometió a cumplir unos hitos y objetivos, que se traducen en inversiones o en reformas claves para el país. Cuando el Gobierno los considera cumplidos, solicita a la Comisión el desembolso y el Ejecutivo comunitario hace una evaluación antes de dar luz verde. Es decir, realiza una auditoría 'ex ante'.

"Para verificar si los hitos y objetivos se han cumplido satisfactoriamente, equipos nacionales especializados de toda la Comisión evalúan las pruebas proporcionadas por el Estado miembro. La Comisión podrá solicitar información adicional y decidir realizar controles adicionales para obtener las garantías complementarias necesarias sobre la consecución de los hitos y objetivos antes de realizar el pago. Si alguno de los hitos y objetivos no se ha cumplido satisfactoriamente, el pago podrá suspenderse parcialmente", explica.

Sin embargo, una vez se ha aprobado y desembolsado el dinero, "la Comisión también lleva a cabo auditorías 'ex post' basadas en el riesgo sobre hitos y objetivos para obtener garantías adicionales de que la información facilitada por el Estado miembro era correcta", explica en el informe.

Según consta en el informe, para 2022 la Comisión llevó a cabo siete auditorías 'ex post' sobre hitos y objetivos en relación con las primeras solicitudes de pago presentadas por Francia, Italia, Portugal, Croacia y Rumanía, así como la segunda solicitud de pago presentada por Croacia y España. Sobre la base de una evaluación de riesgos, el trabajo de auditoría abarcó los 15 hitos y objetivos identificados como de "alto riesgo" y 12 identificados como de "riesgo medio".

Además, la Comisión añade que "en 2023 se llevarán a cabo otras siete auditorías de solicitudes de pago de Austria, Chequia, Dinamarca, Grecia, Luxemburgo, Eslovaquia y España".

"Basándose en los informes finales de auditoría emitidos hasta la fecha, la Comisión concluyó que los hitos y objetivos auditados se han cumplido satisfactoriamente. Si la Comisión hubiera considerado ex post que un hito o un objetivo no se había cumplido satisfactoriamente, habría iniciado correcciones financieras para recuperar la parte indebida del pago realizado", explica.

Otra auditoría del sistema de control

Por otra parte, la Comisión también informa de los "controles para garantizar una protección adecuada de los intereses financieros de la Unión", siendo "cada Estado miembro" el que debe establecer y mantener sistemas de control "eficaces y eficientes" y "tomar las medidas adecuadas para proteger" esos intereses. Cada Estado miembro debía detallar su sistema nacional de control en su Plan de Recuperación, y dichos sistemas podían ser evaluados por la Comisión como "adecuados" o "insuficientes".

Además, "en el contexto de las auditorías del sistema, la Comisión comprueba los procedimientos establecidos en los Estados miembros para prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, así como la doble financiación. Esto también incluye controles basados en riesgos de los sistemas para recopilar y almacenar datos sobre beneficiarios, contratistas, subcontratistas y beneficiarios reales", detalla.

Sobre este asunto alertó el Tribunal de Cuentas Europeo, que evaluó la implementación de España en 2021, al ser el primer país en recibir fondos UE, y puso el foco en el hito 173, en el que el Gobierno se comprometía a crear un sistema de control de la información, denominado CoFFEE. Este hito no se cumplió totalmente en el plazo acordado, pero la Comisión dio luz verde al primer desembolso, de 10.000 millones, con el compromiso de volver a evaluarlo meses después.

Esto afectaría a la auditoria de hitos y objetivos al haberse incluido la creación de este sistema como un objetivo concreto en el Plan de España y, si no se hubiera cumplido efectivamente dicho objetivo tras el plazo adicional que la Comisión le dio a España, podría haberle solicitado una devolución de parte de los fondos.

Pero, además, en el documento publicado este martes explica que "la Comisión está facultada para recuperar fondos o lanzar correcciones financieras si los Estados miembros han identificado fraude, corrupción o conflicto de intereses y no los han corregido o en caso de que los Estados miembros cometan incumplimientos graves de las obligaciones incluidas en los acuerdos de financiación y préstamo", señala en el informe publicado este martes.

Bruselas también detalla que, en este sentido, llevó a cabo 16 auditorías de sistemas en 2022 (entre ellos España) y otras 11 en lo que va de 2023, emitiendo cuando correspondía recomendaciones con plazos de aplicación estrictos. Asegura que a finales de 2023 "habrá auditado a todos los Estados miembros al menos una vez".

"Siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas Europeo, la Comisión ha intensificado aún más su trabajo de auditoría para incluir, por ejemplo, auditorías de sistemas más específicas cuando y donde se detecten debilidades o riesgos", sentencia.

Nuevo aviso: debe reforzar la administración

Finalmente, en uno de los anexos del informe, Bruselas destaca que "aunque España ha sido uno de los Estados miembros que más ha avanzado en la aplicación del plan, ahora espera revisarlo para duplicar con creces su tamaño" y "esto debería ir acompañado de un refuerzo de la capacidad administrativa suficiente para garantizar la absorción eficaz y eficiente de los fondos de recuperación y resiliencia y de otros fondos disponibles nacionales y de la UE".

La Comisión Europea se refiere a la adenda al Plan de Recuperación que el Gobierno presentó el pasado mes de junio para poder solicitar otros 84.000 millones de euros en préstamos, 7.700 millones en subvenciones que Bruselas le asignó a España a posteriori y otros 2.600 millones por el programa RepowerEU. La Comisión señala en el informe que aún está evaluando la adenda de España.

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