Uno de cada tres euros de los fondos europeos del programa Next Generation EU asignados hasta ahora a España irán a inversión pública, según los cálculos del Banco de España (BdE) en base al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) ideado por el Gobierno y aprobado por la Comisión Europea en junio de 2021.
Este Plan contempla los hitos y objetivos referidos a la ejecución de las transferencias no reembolsables inicialmente asignadas a España, por importe de 69.528 millones de euros. De éstos, unos 20.000 millones se dedicarán a obras en carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, 'viejos' conocidos de las administraciones públicas, especialmente en periodos electorales.
El BdE desglosa el gasto previsto en el PRTR en cuatro categorías: gasto corriente (por ejemplo, los gastos en servicios de consultoría o los asociados a campañas de publicidad); ayudas a inversiones no orientadas a la producción (por ejemplo, la rehabilitación de edificios de viviendas o la restauración de ecosistemas); inversiones en infraestructuras públicas (por ejemplo, la construcción de vías ferroviarias o puertos), y transferencias de capital (por ejemplo, las inversiones para electrificar la industria del automóvil o digitalizar las empresas).
"De acuerdo con esta clasificación, las transferencias de capital representan el tipo de gasto más utilizado (40% del total), seguidas de las inversiones en infraestructuras públicas (31%), las ayudas a inversiones no orientadas a la producción (16%) y, por último, el gasto corriente (13%)", detalla el Banco de España en un artículo publicado este lunes.
Las constructoras, las más beneficiadas
El Banco de España hace un desglose de dónde irán a parar los fondos UE por sectores y prevé que el principal beneficiario será la construcción, cuya producción aumentará en unos 18.000 millones. No obstante, el desglose que hace el BdE es inferior a los 69.500 millones del gasto total del PRTR porque "alrededor de un 30% de las transferencias de capital y las inversiones en infraestructuras incrementarán la demanda en otros países, es decir, se destinarán a comprar bienes y servicios fuera de España".
El BdE destaca que los efectos de las transferencias de capital y de las inversiones en infraestructuras públicas transcurren no solo por el lado de la demanda, sino también por el de la oferta. Es decir, la capacidad productiva de determinados sectores aumenta como consecuencia de estas inversiones, más allá del impacto en la demanda de los sectores proveedores. Por ejemplo, la construcción de una vía ferroviaria o de una fábrica de baterías incrementarán la demanda del sector de la construcción, pero también aumentarán la capacidad productiva del transporte y la automoción, respectivamente.
En este sentido, el BdE pone como ejemplo el Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos, "uno de los más significativos del PRTR con la movilización de hasta 6.536 millones". La principal línea de inversión de este componente (Zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano) movilizará hasta 2.916 millones, destinados en su mayor parte a inversiones en infraestructuras públicas y repartidos en tres grandes proyectos.
El primero asigna 900 millones a la transformación de la movilidad urbana (carriles bus, mejoras en metro, accesibilidad del transporte público, aparcamientos disuasorios, carriles bici, itinerarios peatonales); el segundo, 1.500 millones a sistemas digitales de control de acceso a zonas de bajas emisiones (ZBE) y a la adquisición de autobuses limpios; y el tercero, 500 millones a ayudas para la renovación de las flotas de vehículos y a la mejora de la red de carreteras del Estado.
De este modo, el principal sector beneficiario de estos proyectos por el lado de la oferta será el transporte, debido al aumento de su capacidad productiva, mientras que, por el lado de la demanda, los sectores beneficiarios serán principalmente construcción, manufacturas, y servicios de información y comunicación.
2023, año electoral
España ha recibido 31.000 millones y ha solicitado el que se considera el tercer pago, por 6.000 millones, por lo que tiene otros 32.500 millones a 'fondo perdido' aún sin pedir. Además de los 69.500 millones que contempla a día de hoy el PRTR, le corresponderán 7.706 millones más por haber experimentado una recuperación del PIB más lenta de lo previsto, de manera que nuestro país recibirá 77.234 millones en transferencias no reembolsables.
En una adenda al Plan de Recuperación deberá proponer nuevas inversiones en las que gastar esos 7.700 millones de más. Asimismo, tiene a su disposición la posibilidad de solicitar otros casi 70.000 millones en forma de préstamos, que el Gobierno ya ha confirmado que pedirá junto a otros 2.600 millones 'extra' bajo el programa RePowerEU, para reducir la dependencia energética de Rusia.
El Banco de España calcula que la plena ejecución de los fondos según los planes del PRTR tendría un impacto directo sobre el nivel del PIB de un 1,15% en promedio anual y en un horizonte de cinco años. Además, al tener en cuenta los efectos de arrastre entre sectores, este impacto podría aumentar hasta el 1,75%.
Sin embargo, la falta de trabajadores o el aumento de los precios de bienes de equipo e inversión podría "aminorar de forma significativa" ese impacto. Según sus cálculos, la escasez de trabajadores cualificados en determinados sectores podría reducir un 25% el impacto estimado, desde el 1,75% hasta el 1,3% del PIB.
El riesgo al que se enfrenta España con los fondos UE no es sólo invertir el dinero en proyectos transformadores, sino en hacerlo a tiempo. Bruselas ha dado a los Estados miembros hasta finales de 2026 para gastar este dinero, aunque el Gobierno aprovechará la adenda al Plan de Recuperación para solicitar una ampliación de plazos en determinados hitos y objetivos.
A falta de datos oficiales (el Gobierno dejó de darlos allá por agosto de 2021), servicios de estudios y empresarios calculan que apenas ha llegado a las empresas una tercera parte de esa cuantía (alrededor de 3.400 millones en subvenciones y 7.400 millones en contratos). Sin embargo, se espera que este 2023, con las elecciones autonómicas y generales, la ejecución de fondos UE coja velocidad.
