El reciente ‘escándalo’ sobre el plan de pensiones de empleo de los Eurodiputados, registrado en una sicav de Luxemburgo, ha puesto de manifiesto, una vez más, el desconocimiento financiero de políticos y tertulianos, viendo poco menos que un delito en el hecho de que unos representantes públicos gocen de un plan privado promovido por su empleador, en este caso, el Parlamento. Todo, porque en la historia aparece el término ‘sicav’, palabra maldita donde las haya, aunque por motivos injustificados, más allá de la visceralidad personal.
En el caso de Rosa Díez, la líder de UPyD ha sido víctima del punto 79 contenido en su programa electoral presentado en 2011: “Eliminar los privilegios fiscales de las sicav”, algo muy populista y bien recibido por la ciudadanía. Lo malo es que las sicav no tienen privilegio fiscal alguno desde hace tiempo. La propia Díez lo confirmaba (y contradecía de paso su programa) al afirmar ayer que su inversión era absolutamente normal y legal y que no debía disculparse por nada.
Estas sociedades de inversión están sujetas en España al régimen de ganancias de patrimonio, como lo están el resto de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), es decir, fondos de inversión y de pensiones. Por tanto, la sicav tiene un trato neutral frente a los otros dos instrumentos de la misma naturaleza. Mediante el incremento de patrimonio, el inversor sólo paga a Hacienda en el momento del reembolso. Si está 20 años sin vender sus inversiones, pasará 20 años sin tributar. Cuando lo haga, eso sí, lo hará conforme lo que establezca la ley.
Elena Salgado ya lo anuló
De todas formas, a las sicav ya se les anuló su gran privilegio fiscal en 2008, cuando saltó a la luz que algunos de estos vehículos estaban reduciendo capital, en un movimiento que era un reembolso encubierto. Este procedimiento tampoco evitaba la fiscalidad, sólo la aplazaba: el diferimiento duraba hasta que se liquidara la sociedad.
Elena Salgado, entonces ministra de Economía, anuló esa posibilidad a raíz del revuelo surgido, aunque es verdad que entre que anunció la prohibición y se hizo efectiva, pasaron tres meses que fueron aprovechados por algunos para retirar su dinero a toda prisa mediante esa artimaña.
Pero, por ejemplo, el mismísimo Amancio Ortega, que se benefició de dichas reducciones de capital, acabó liquidando sus mega sociedades Alazán y Keblar, pasando por Hacienda con todas las de la ley; abonando todo tipo de impuestos sin perdonar un solo euro.
Siempre en contra
El caso de Willy Meyer también es digno de mención. Izquierda Unida (IU) se ha manifestado reiteradamente en contra de la previsión social privada, aunque fuera complementaria, ya que la ha considerado el paso previo a la supresión del sistema público o, tal vez, la antesala de la privatización (otro término demonizado) de las pensiones.
Así, que un miembro de IU tuviera un plan de pensiones privado y además ¡bajo el paraguas de una sicav! ha sido el argumento perfecto para laminar a un político de la vieja guardia, con el sambenito de conservador, y que claramente estorbaba en la formación que lidera Cayo Lara.
En IU se han rasgado las vestiduras, aunque no han sabido muy bien por qué en ningún momento. El desconocimiento sobre el asunto ha provocado que en estos días se escucharan expresiones peregrinas como "una pensión relacionada con una sicav", o "una pensión gestionada por una sicav", en una confusión de conceptos flagrante.
Pero, a título personal, Meyer no ha robado, ni ha estafado, ni ha escamoteado a Hacienda. No puede decirse lo mismo de Elena Valenciano, que no tenía declarada esa posición en el extranjero como es obligatorio, por lo que debería sufrir una importante sanción.
España ≠ Luxemburgo
Conviene aclarar que hay una importante confusión: se está equiparando a las sicav españolas con las de Luxemburgo. Las primeras son, básicamente, vehículos de inversión particulares. Un fondo de inversión a medida, controlado por los inversores, no por la gestora, que es lo que ocurre con los fondos de inversión o de pensiones.
Las sicav existen en España antes que los fondos de inversión. Se crearon a finales de los años 50 cuando no había masa crítica de ahorradores pero sí una pequeña clase adinerada con necesidades de gestión, manejadas por los Agentes de Cambio y Bolsa.
Resulta cómico, por tanto, escuchar a Cayo Lara afirmar que las sicav "son un invento de un rico y 99 mariachis", cuando nacieron cuando él era niño y en sus inicios contaron con un buen número de inversores totalmente reales. No son un invento de un millonario sin escrúpulos.
A finales de los años 90 tuvieron un nuevo boom, ya que fueron muy útiles para retener en España el dinero de las grandes salidas a Bolsa y operaciones corporativas. Ahí surgieron las célebres sicav de Amancio Ortega (dotadas con miles de millones tras la salida a Bolsa de Inditex), la familia Del Pino (OPV de Ferrovial), Jesús Polanco (OPV de Prisa), Alicia Koplowitz (venta de su paquete en FCC a su hermana Esther), Juan Abelló (venta de Airtel), Antonio Asensio (venta de la participación de Vía Digital), Manuel Jove (OPV de Fadesa), familia Hernández Somoza (venta de Azkar) y un amplio etcétera. Miles y miles de millones de euros.
Con cariño
El Gobierno del PP vio con buenísimos ojos la figura de la sicav, que retenía el dinero en España en vehículos transparentes. Ese capital sirvió para financiar al sector público mediante compras de deuda y también al privado, con adquisiciones de renta fija de empresas o de acciones de las siguientes OPV. Evidentemente, Cristóbal Montoro las mira con cariño y en la reciente reforma fiscal no las ha discriminado.
En el caso de la sicav luxemburguesas, se trata de instrumentos institucionales; casi sucrusales virtuales, ya que poseen compartimentos y pueden contener dentro de los mismos varios productos. Por ejemplo: si una pequeña gestora independiente española quisiera vender sus fondos en el extranjero, lo más probable es que registrara en Luxemburgo una sicav y colocara allí sus fondos con todas las variantes posibles: denominados en euros, en dólares; tal vez en francos suizos… para que entraran inversores internacionales en los productos que le resultaran más adecuados. Podría, además, incluir en la sicav en cuestión sus planes de pensiones o algún otro producto, como carteras discrecionales.
¿Por qué en Luxemburgo? Porque es uno de los centros mundiales de los fondos de inversión, como puede serlo Miami en América. En el sector se denomina a estas plazas hubs financieros, es decir, un gran punto de enlace. En el caso de los Eurodiputados, se está confundiendo en muchos casos el modelo de sicav luxemburguesa con la española.
El verdadero motivo
Lo que realmente ocurre con la sicav es que generan antipatía porque la mayor parte de sus titulares son gente acaudalada y por tanto, se les presupone evasores fiscales. La eterna cantinela de que “sólo pagan un 1%” obedece a que los fondos y las sicavs, como entidades jurídicas, tienen un impuesto de sociedades híper reducido del 1%. Pero los titulares, por muy ricos que sean, pagan a Hacienda como los demás inversores en IIC.
En la industria de la gestión se ha criticado siempre ese impuesto, que considera la figura societaria de la sicav (que no es más que una cuenta de valores) como una empresa. ¿Alguien se imagina su propia cuenta bancaria con una retención del 1% sobre la propia cuenta? Eso es lo que ocurre con fondos y sicavs. Evidentemente, ese impuesto muerde la rentabilidad, ya que es un gasto contra el patrimonio.
Pero el titular de la sociedad tributará conforme a la ley en el momento del reembolso. De la misma manera, los Eurodiputados con el plan en Luxemburgo tendrán la obligación de declarar ese bien en el exterior, pagando impuestos por el mismo cuando lo materialice, en función de lo que estipule la ley.
Falsos mitos
Existen otros dos falsos mitos sobre las sicav: que son exclusivamente para ricos y que son opacas. Sobre el primero, desde la existencia del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), cualquiera puede comprar participaciones de cualquier sicav, ya que están obligadas a cotizar y dar contrapartida.
Pero, además, una gran parte de las sicav más célebres están en proceso de apertura y comercialización minorista: los March, Ram Bahvnani, César Alierta… son inversores célebres que animan a los particulares a colocar su dinero donde lo tienen invertidos ellos mismos, sin grandes importes exigidos. El reclamo comercial es casi imbatible: “¿Quiere que le gestionen su dinero exactamente igual que a mí?” Una democratización total de la gestión.
Sobre la opacidad: la sicav española es el único instrumento en el mundo que ofrece una lista pública de inversores, registrada en la CNMV y los registros mercantiles. Hacienda tiene el listado de absolutamente todos sus partícipes, sean reales o de relleno (estos últimos, los célebres mariachis). Las carteras con sus inversiones son publicadas trimestralmente hasta el último euro. Y, por cierto, España es el único país desarrollado que obliga a un número mínimo de inversores, tanto en fondos como en sicavs.
Si no ha habido malas prácticas; si ese plan no ha cometido fraudes como Madoff o similares. el presunto escándalo de los planes de empleo del Europarlamento no es más que un caso más de empleador que ofrece un sistema complementario a su empleado, con el sistema habitual: el empleado cede una pequeña parte de su nómina y le empresa le aporta otro tanto, para tener un capital en el momento de la jubilación.
Conviene recordar que algunos de los planes de pensiones más grandes del mundo son de empleados públicos, como Calpers, el célebre fondo de los funcionarios de California. En el caso que acaba de saltar a los medios, el problema reside en que el plan estaba registrado en una sicav, palabra maldita, demonizada, satanizada. Y no hay para tanto. La sicav tiene todo a favor para convertirse en un vehículo de inversión cada día más popular. Disponible para quien quiera perder un poco de tiempo y buscar las mejores opciones para rentabilizar su dinero, sin la menor posibilidad de eludir a Hacienda.
Hasta la Asociación de la Prensa tuvo una.
