Emilio Botín, Miguel Blesa, Rodrigo Rato, Ángel Ron, Emilio Saracho, Isidro Fainé y desde este lunes, Francisco González. Esta es la lista del selecto club de presidentes de bancos que han tenido que ir a declarara a la Audiencia Nacional porque en algún momento de su presidencia han tenido algún problema con la justicia. La lista sería interminable si se añadiera a todos los banqueros que han pasado por los pasillos de la Audiencia Nacional, pero ya es bastante llamativo que siete de los hombres más importantes de la economía española hayan tenido que rendir cuentas ante el juez por posibles delitos.
Algún miembro de esta lista ya fue condenado, otros están siendo juzgados y también hay alguno que comienza su periplo por Calle de García Gutiérrez de Madrid. Esta semana, en esas mismas salas, se estará juzgando de forma paralela la caída del Banco Popular y una supuesta trama de espionaje realizada por el BBVA y el excomisario Villarejo, que ha terminado por salpicar al que fuera su presidente, Francisco González.
Siete de los hombres más importantes de la banca española han tenido que rendir cuentas ante la Justicia por posibles delitos
Francisco González
Este lunes le tocará el turno al que fuera presidente de BBVA. Francisco González ya ha pasado por las inmediaciones de la Audiencia Nacional, pero por las de San Fernando de Henares y en calidad de testigo por la salida a Bolsa de Bankia. Ahora él es el investigado. FG siempre ha dicho que tiene intención de colaborar con la justicia y su defensa se basará en reiterar que fue durante su mandato cuando se comenzó la investigación en el banco por esta presunta trama de espionaje.
Emilio Botín
Emilio Botín fue acusado en 2007 por la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC) por una presunta trama de cesiones de crédito que permitieron al Santander obviar el pago de las retenciones a Hacienda, lo que permitió al banco captar unos 2.500 millones de euros y que provocó una avalancha de persecuciones a clientes por parte de la Agencia Tributaria.
En este caso, como no hubo acusación del fiscal, porque los delitos no estaban tipificados en el código penal y la demanda debió ir por otra vía, el Supremo ratificó una decisión de la Audiencia Nacional y se archivó el caso. De esta forma nació la doctrina Botín. Muchos banqueros han intentado adherirse a ella, pero sin éxito. Ese fue el caso de Rodrigo Rato con el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, por ejemplo.
Miguel Blesa y Rodrigo Rato
Estos dos banqueros fueron condenados por la Audiencia Nacional a cuatro años y seis meses de prisión por un delito continuado de apropiación indebida por el uso de las tarjetas black. Dicha sentencia fue confirmada en 2019 por el Alto Tribunal, que estableció también la culpabilidad de otros 63 exdirectivos y exmiembros del Consejo de Administración de Caja Madrid.
Rodrigo Rato se mantiene a la espera de saber si también tendrá que cumplir condena por la salida a Bolsa se Bankia. La fiscal Carmen Launa pidió aumentar la pena de cárcel del que fuera presidente de la entidad a ocho años y medio de prisión tras encontrar indicios de falsedad contable en el balance de 2011.
Isidro Fainé
Aunque a mucha mayor escala, el expresidente de CaixaBank, también ha sido señalado por la justicia. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata admitió a trámite una querella presentada por dos accionistas contra el expresidente de La Caixa, Isidro Fainé, así como contra CriteriaCaixa y CaixaBank por operaciones presuntamente irregulares para la adquisición del banco portugués BPI.
En el auto, con informe favorable de la Fiscalía, el magistrado considera que los delitos objeto de investigación son abuso de mercado (información privilegiada), administración desleal y delitos societarios (tanto por falsedad de cuentas anuales o de documentos que deben reflejar la situación jurídica y económica de la entidad como por la imposición de acuerdos abusivos en la junta de accionistas).
Ángel Ron y Emilio Saracho
La Audiencia Nacional también estudia la quiebra del Banco Popular. En concreto se investiga si hubo falsedad contable tras la última ampliación de capital y si se filtró información privada. Tras un mes de declaraciones en ante el juez, los exdirectivos del banco han apuntalado sus defensas con flechas en todas direcciones; unos han sido más comedidos que otros, pero todos han repartido responsabilidades en la investigación sobre la quiebra de la entidad.
Ron ha defendido en sede judicial la ampliación de capital de 2016 por la que se le investiga. En concreto, ha alegado que la operación se llevó a cabo en los términos en los que hacía falta. "Era la cantidad necesaria", ha dicho, en referencia a la declaración que semanas atrás hizo Saracho en la que aseguraba que la ampliación se había quedado corta.
Emilio Saracho ha reconocido que la ampliación de capital del Banco Popular que se llevó a cabo en 2016 por Ángel Ron solo daba para cubrir las deudas y que la operación debió haberse realizado por 8.000 millones de euros y no por 2.500 millones.
