La familia Martínez-Sampedro, fundadora del grupo Codere, ha logrado en Estados Unidos pruebas que podrían apoyar su teoría de que los fondos que controlan ahora la mayoría del capital de la empresa española de juego, han actuado de forma concertada y que por lo tanto deberían lanzar una OPA sobre el 100% del capital.

Un juez del estado de Connecticut (Estados Unidos) ha autorizado la utilización de un discovery (recurso por el que obliga a una sociedad o un particular radicado en el país a desvelar toda la información que
tengan sobre un determinado asunto, para su uso en un procedimiento o arbitraje empresarial)
como prueba en una denuncia presentada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV). 

La familia Martínez-Sampedro explica en un comunicado que ha entregado a la CNMV una ampliación de su denuncia preliminar, "con nuevos documentos acreditativos de la concertación para que en el ejercicio de las funciones de supervisión que la ley le atribuye, actúe de acuerdo con lo prescrito por la legislación vigente".

El comunicado de la familia fundadora de la multinacional de juego española destaca que el empleo del discovery es nuevo en España "y está llamado a ganar terreno en los litigios empresariales dado el incremento en el número de fondos de inversión foráneos con intereses en compañías nacionales".

Los fondos Prudential y Silverpoint son los mayores accionistas de Codere en la actualidad, con algo más del 20% del capital cada uno. Las sociedades adquirieron sus actuales participaciones a raíz de la reestructuración emprendida por el grupo en 2014, cuando fue declarado en preconcurso de acreedores; dos años más tarde tomaron el 75% del capital al canjear deuda por acciones.

Los hermanos José Antonio y Javier Martínez Sampedro, expresidente y exvicepresidente de Codere, fueron apartados de sus antiguos cargos entre finales de 2017 y principios de 2018 por los fondos.

Los fundadores de Codere han iniciado acciones legales en Madrid, París y Estados Unidos contra las sociedades de inversión estadounidenses, por entender que se habían incumplido acuerdos de accionistas. Y se han negado a firmar las cuentas del ejercicio 2018 de la compañía.