Un informe elaborado por la organización Convivencia Cívica de Cataluña deja en evidencia la habitual demagogia de la Generalitat gobernada por CiU. Por más que los nacionalistas clamasen por tierra, mar y aire que Cataluña padece un expolio fiscal sin parangón, no hay que ir muy lejos para hallar uno mucho mayor: frente al 8 por ciento de déficit fiscal que achacan a Cataluña respecto a España, Barcelona sufre un agujero entre lo que ingresa y lo que recibe del 15,66 por ciento.
Tamaño ‘expolio’ se antoja mucho mayor y contrasta con los superávits que disfrutan las provincias de Lérida, Gerona y Tarragona, que alcanzan el 5,58 por ciento, 5,32 por ciento y 4,75 por ciento de saldo a favor, respectivamente.
La administración catalana obtiene de Barcelona el 81,29 por ciento de sus ingresos, pero sólo destina a esta demarcación el 65,63 por ciento de los gastos. Es decir, por cada 100 euros que paga en impuestos un barcelonés, 19 no retornan a la provincia.
Pese a la extrema importancia que los nacionalistas conceden a los flujos fiscales, parece obvio que no los tienen en cuenta a la hora de asignar los fondos que gestionan. Y lo mismo ocurre con las inversiones en infraestructuras. Barcelona recibe 9 puntos porcentuales menos que lo que le correspondería en función de su PIB. Es decir, la Generalitat incumple su propia exigencia de que se invierta en las zonas más dinámicas en proporción al Producto Interior Bruto para no dañar su tirón económico.
En lo que a inversión por habitante se refiere, los barceloneses consiguen unos 115,38 euros por habitante, un 36 por ciento por debajo de la media del resto de catalanes, cuya inversión por habitante asciende a los 179,78 euros.
“En definitiva, el estudio pone de relieve, como cabría esperar, que el gobierno catalán ejerce una labor muy relevante de redistribución territorial y transferencia de flujos de solidaridad dentro de Cataluña, desde las zonas más dinámicas económicamente a la menos dinámicas, de manera similar al gobierno español dentro de España”, sostienen los autores del documento de Convivencia Cívica Catalana.
Y añaden: “Creemos desafortunado que desde el nacionalismo catalán se califique de ‘maltrato fiscal’ o ‘expolio’ al trato de Cataluña dentro de España cuando el propio gobierno catalán está aplicando un trato fiscal más desfavorable a la provincia de Barcelona dentro de Cataluña en sus propias actuaciones”.
El análisis también recoge las balanzas fiscales por comarcas, en las que 6 de las 41 arrojan un déficit fical. Los cálculos se han confeccionado a partir de los datos del 2011 de Idescat, el INE y los informes de Presupuestos y recaudación del gobierno catalán. Se han tenido en cuenta todos los niveles de administración del gobierno catalán, los órganos superiores y de control y los organismos autónomos. Y se ha empleado el método de carga-beneficio, mucho más conservador que el de flujo-monetario que emplea la Generalitat porque imputa los ingresos y gastos según quienes se benefician, al margen de donde ocurren. Así, este criterio reparte el efecto de la capitalidad de Barcelona entre las cuatro provincias.
Es más, numerosos académicos han cuestionado el enfoque de flujo monetario que usa la Generalitat porque sólo considera los fondos que entran y salen del territorio, sin contabilizar una larga serie de partidas de las que se beneficia Cataluña como el AVE que pasa por Zaragoza, el Ejército, las embajadas o en general todas las estructuras del Estado. Así como tampoco contabiliza el déficit que tienen todas las Comunidades con el Estado central, que de hecho ahora mismo en realidad las financia con sus emisiones de deuda. Y de contemplar todos estos elementos, un nutrido cuerpo de expertos defiende que en realidad el déficit de Cataluña es considerablemente menor.
Por no hablar de que los impuestos y desembolsos del Estado siempre se caracterizan por su labor redistributiva. Tal y como explica Almudena Semur, del Instituto de Estudios Económicos, “si aplicáramos la misma regla de tres que aplica el gobierno catalán, los contribuyentes que más impuestos pagan al Estado deberían recibir más contraprestaciones”.
