El Ministerio de Trabajo aprobó en julio estando en funciones la entrega de 297 millones de euros a las Comunidades Autónomas para que los destinaran a políticas activas de empleo, y a diferencia del Ministerio de Hacienda, no consultó a la Abogacía del Estado si estando en funciones podía hacer ese desembolso contemplado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019.
El reparto de esos casi 300 millones, publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado, se decidió en el mes de julio en la última reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, pero fuentes de Trabajo han confirmado a Vozpópuli que el ministerio no preguntó a la Abogacía si podía ejecutar ese desembolso porque la consulta no era necesaria.
Esa cantidad se suma a los 2.020 millones de euros que el Gobierno destinó a políticas activas de empleo en el mes de febrero cuando todavía estaba en plenas funciones.
Trabajo no considero necesario consultarle a la Abogacía, algo que sí hizo el ministerio que dirige María Jesús Montero para conocer si un gobierno en funciones podía transferir a las comunidades autónomas la actualización de las entregas a cuenta que estaban previstas en los PGE y con las que las autonomías han contado para elaborar sus cuentas de 2019.
Una medida presupuestaria
Ante esta consulta, la respuesta de la Abogacía fue negativa y su argumento principal fue que un Gobierno en funciones no puede llevar a cabo acciones que condicionen al nuevo Gobierno, ni afecten sus facultades de dirección de la política interior y exterior.
También le impedían aprobar los PGE, ya que "no son sino la traducción en términos de ingresos y gastos de la dirección política que el Gobierno quiere llevar a la práctica en el ejercicio del que se trata".
El desembolso de estos 297 millones más los 2.020 entregados en la primera parte del año hacen una suma total de 2.317 millones de euros destinados a políticas activas de empleo, lo que supone un incremento del 9% respecto al desembolso que hizo el anterior Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2018.
Se trata, por tanto, de una medida presupuestaria, de gasto, de Pedro Sánchez, por lo que la Abogacía podría haberse inclinado por no permitirla en caso de que le hubieran consultado.
Fuentes del Ministerio de Hacienda han apuntado a este medio que "la actualización de las entregas a cuenta y esta Orden de Trabajo son cosas diferentes", y que aunque "el Ministerio de Hacienda de manera habitual efectúa consultas a la Abogacía del Estado sobre temas de cierta envergadura, como es el caso de la actualización de las entregas a cuenta, el resto de ministerios tiene su propio funcionamiento interno en cuanto a qué consultar a los jurídicos", un criterio que en Hacienda "desconocen" y que no les "corresponde valorar".
Andalucía, Cataluña y Madrid se llevan el 50%
Por comunidades, destaca la aportación a Andalucía, que se lleva 65,1 millones de euros (22% del total), seguida a de Cataluña con 46,3 millones (16%) y la Comunidad de Madrid con 36,6 millones (12%). Entre las tres se llevan la mitad del total de fondos.
De los 297 millones liberados, 208 millones se han repartido a las comunidades para políticas activas de empleo en función del cumplimiento de objetivos de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, el antiguo INEM) -un criterio que supone un 30%-, del número de Centros Especiales de Empleo que tenga cada comunidad en su territorio -otro 30%-, del número de inscritos como demandantes de empleo -35%- y del número de ocupados -5%-.
Del restante, 81 millones se destinan a la red del SEPE, que cuenta con 3.000 orientadores, y se reparte en función del número de oficinas que haya en cada comunidad (criterio que pesa un 50%) y del número de no ocupados (otro 50%), mientras que 7,5 millones se destinan a formación en materia de diálogo social y negociación colectiva.
