El Gobierno ha aumentado a 46,5 millones de euros el importe que el Estado debe pagar por el rescate de la autopista de peaje M-12 (Eje Aeropuerto de Madrid) a la sociedad que construyó y explotó la vía y a sus acreedores, según ha informado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Este es el monto que arroja la fórmula que el Ejecutivo diseñó para calcular la denominada responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), esto es, el importe que, por contrato, debe abonar por la inversión que realizaron en la construcción de la autopista y no dio tiempo a amortizar antes de que esta autopista quebrara y el Estado la recatara.
De este modo, la cifra definitiva cifra en 46,5 millones de euros esta factura, en contraste con los cero euros que estimó en enero de 2020, cuando hizo un primer cálculo provisional en el que retenía un importe destinado a liquidaciones aún pendientes de realizar.
El cálculo responde a un importe inicial de 64,17 millones de euros, resultado de sumar el coste de las obras acometidas (121,4 millones) y el de las expropiaciones realizadas (36,97 millones) y restar las inversiones necesarias que faltan (8,63 millones) y las indemnizaciones pagadas por el Estado a los expropiados (85,6 millones).
A todo ello se suma las liquidaciones pendientes, estimadas en 17,7 millones de euros, a las que la Administración podría tener que hacer frente en el futuro. La RPA calculada hace un año era negativa, de 126 millones de euros.
El importe de esta nueva liquidación se pagará en los tres meses siguientes a la fecha en que se dicte la resolución complementaria. A esta cantidad se sumará el interés correspondiente por el tiempo transcurrido desde el día en que terminó el plazo para fijar dicho importe y el día de pago.
Segunda concesión calculada
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha iniciado, de esta forma, el trámite de audiencia de la resolución complementaria de la determinación de la RPA en la autopista M-12.
Una vez concluya el trámite de audiencia, que tendrá una duración de 15 días, se analizarán las alegaciones recibidas en el mismo, y a partir de dicho análisis, se procederá a dictar la resolución complementaria de determinación de la RPA, que incluye las situaciones pendientes que no se incorporaron en la primera resolución.
Se trata de la segunda concesión en la que se somete a trámite de audiencia la resolución complementaria, después de que, tras la tramitación establecida en la legislación sobre contratos públicos y de conformidad con el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros aprobase el 26 de abril de 2019 el acuerdo de interpretación de determinados contratos de concesión de autopistas en cuanto al método para calcular la RPA.
La primera concesión para la que se abrió el periodo de audiencia fue la AP-36 Ocaña-La Roda, el pasado 7 de julio, que arrojaba una RPA definitiva de 318,18 millones de euros, lo que suponía un alza del 22% con la estimación realizada con anterioridad.
