El Gobierno prevé que el déficit público baje en 2021 del 11,3% del PIB en que cerrará este año hasta el 7,7% del PIB, pero no ha tenido en cuenta para calcular ese desfase presupuestario aproximado una posible prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) más allá del próximo 31 de enero.
El desfase presupuestario previsto para este ejercicio, del 11,3% del PIB, supone una un agujero de unos 125.000 millones de euros -asumiendo que ese porcentaje se calcula ya sobre el PIB de 2020, después de la caída sufrida en el ejercicio-. El déficit del próximo año, del 7,7% del PIB de 2021, supondría en términos reales unos 91.000 millones de euros, pero ese agujero será aún mayor si el Ejecutivo amplia la protección social de los ERTE.
"La previsión de déficit de 2021 está en consonancia con las previsiones de empleo y crecimiento del cuadro macro, que elabora el Ministerio de Economía. Es una referencia de déficit que se elabora en función de las previsiones de evolución económica de todo el año, no sobre una partida en concreto", señalan fuentes del Ministerio de Hacienda, que ante la pregunta de Vozpópuli pasan la pelota al que dirige Nadia Calviño.
Desde este Ministerio confirman a este medio que las previsiones del cuadro macroecónomico "se han hecho teniendo en cuenta sólo las medidas aprobadas", es decir, que en cuestión de ERTE sólo se tiene en cuenta su vigencia hasta el 31 de enero de 2021, como recoge el último real decreto-ley de prórroga.
Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, ya ha señalado sin embargo que no habrá problemas en prorrogar los ERTE más allá de esa fecha, aunque esto no se ha haya contabilizado en las cuentas. "Por supuesto", respondía la ministra en una entrevista en La Sexta a la pregunta sobre una posible nueva prórroga. "No hemos movilizado esta cantidad ingente de dinero para dejarlos caer en el último momento", apostillaba, en alusión a los trabajadores afectados.
Los cálculos de Economía
El Ministerio de Economía ha incluido en el cuadro macroeconómico una previsión de que el empleo caerá un 8,4% en 2020 pero crecerá de nuevo en 2021, un 5,6%, de forma que la tasa de paro cerrará este año en el 17,1% y corregirá el próximo hasta el 16,9%.
El problema está en que ni en empleo ni en tasa de paro se contabiliza a los afectados por ERTE, ya que aunque cobran una prestación por desempleo siguen dados de alta a la Seguridad Social y por tanto se consideran afiliados.
Si el 31 de enero se prorrogan los ERTE que estén en vigor, el Estado tendrá que seguir gastando en prestaciones por desempleo, seguirá sin ingresar vía cotizaciones sociales, continuará aumentando el gasto público y, en último término, crecerá el déficit.
Pero si en esa fecha se pone punto y final a ese mecanismo, serán las empresas las que retomen el pago de sueldos de esos trabajadores y vuelvan a pagar cotizaciones sociales a la Seguridad Social, lo que supondría un alivio para las arcas públicas.
El Ejecutivo calcula que hasta la fecha ha gastado unos 24.000 millones de euros en el pago de prestaciones derivadas de los ERTE y que esta cuantía se ampliará, como mínimo, en mil millones más cada mes de aquí a febrero, según cálculos del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Para 2021, ha aprobado una subida del techo de gasto que lo eleva hasta el récord histórico de los 197.000 millones de euros, con lo que asumirá el incremento del gasto necesario para acometer las reformas que le exige Bruselas, cubrirá el pago de prestaciones, las contingencias sanitarias y el resto de gasto como pensiones.
