"¿Quién audita a los auditores?" se preguntaba hace unos años, no sin falta de cinismo, José María Ruiz-Mateos, cuando, de nuevo, fue acusado de fraude a los inversores por el escándalo de Nueva Rumasa. El empresario jerezano, fallecido en septiembre de 2015, trataba de sacar provecho con esa declaración de la sensación de que, en España, la responsabilidad penal de las auditoras es muy limitada.
Porque esa impresión, de que existe cierta impunidad de las grandes consultoras en los escándalos empresariales, persiste en España. A no ser que la actuación del auditor en la estafa investigada sea tan poco disimulada como la del caso Gowex -en el que el auditor de la empresa de WiFi, José Antonio Díaz Villanueva, de una pequeña consultora, ingresó en la prisión de Segovia- es inusual que una firma de consultoría o un profesional auditor sea condenado penalmente por un delito empresarial.
Por esa razón, la sentencia conocida este martes del caso Pescanova, en la que se condena a una de las grandes consultoras del mundo, la filial en España de la firma británica BDO, y en la que se envía tres años y seis meses a prisión al profesional que firmó las cuentas del grupo gallego, Santiago Sañé, sienta un precedente relevante.
BDO España va a recurrir al Tribunal Supremo la sentencia del 'caso Pescanova'
La sentencia conocida este martes sobre el caso Pescanova, tras cerca de siete años de investigación, deja a la filial de la consultora británica en España, que durante los diez años que auditó las cuentas de la empresa no apuntó salvedad alguna, en una situación muy delicada.
La firma presidida por Alfonso Osorio tendrá que hacerse cargo de buena parte de la indemnización que tendrán que percibir los antiguos accionistas de la multinacional gallega, cerca de 200 millones de euros. Y la imagen de la empresa queda tocada a la hora de renovar contratos o lograr nuevos clientes.
El lunes, varios despachos involucrados en el caso con los que contactó Vozpópuli consideraban que la sentencia del caso Pescanova puede acabar con BDO España. Es inevitable hacer el paralelismo con el caso Enron, que se llevó consigo a la que entonces era una de las cinco mayores firmas auditoras del mundo, Arthur Andersen.
En diciembre de 2001 la energética estadounidense Enron, que facturaba al año unos 100.000 millones de dólares, una de las empresas preferidas por los estadounidenses para trabajar, se declaró en quiebra. La primera compañía del mundo en distribución de energía había falsificado sus cuentas durante años, mientras Arthur Andersen, la firma que auditaba sus ejercicios, entonces una de las cinco mayores consultoras del mundo, hacía la vista gorda.
Pescanova entró en concurso en 2013 con más de 3.000 millones de euros de pasivo; en la actualidad Abanca es su primer accionista
Enron quebró y sus directivos fueron encarcelados. Y Arthur Andersen, con 100 años de historia, sucumbió al escándalo, fue desgajada, desapareció engullida por las otras grandes firmas de consultoría mundial, que se quedaron con su negocio.
Pescanova también era una empresa modélica en España. Y también un caso de falsificación de cuentas llevó al concurso de acreedores a la multinacional gallega, con más de 3.000 millones de euros de pasivo. Su presidente, Manuel Fernández Sousa, ha sido condenado a ocho años de prisión.
La administración concursal designada por el juez en Pescanova, otras de las grandes auditoras del mundo, Deloitte, encargó a otra gran consultora, KPMG, un informe forensic que detectó las irregularidades contables del grupo pesquero.
"¿Como es posible que KPMG descubriera en diez meses lo que BDO no pudo en diez años?", se preguntó en noviembre de 2013 el señor Peter Yu, presidente del fondo de inversión Cartesian, que perdió más de 20 millones de euros en Pescanova.
En esta ocasión, el escándalo contable no ha podido con Pescanova; los bancos acreedores intercambiaron deuda por acciones y se convirtieron en sus dueños (en la actualidad el primer accionista de Pescanova es Abanca). La compañía ha conseguido mantener la actividad y la mayor parte de su plantilla en España sigue trabajando en el grupo.
La filial de BDO en España tiene decidido recurrir la sentencia conocida este martes de Pescanova ante el Tribunal Supremo. Y hasta que la sentencia no sea firme, no están claras las cantidades con las que BDO tendrá que indemnizar a los accionistas del grupo gallego.
BDO cuenta con la cobertura del seguro de Mapfre, que puede aliviar algo las indemnizaciones millonarias que tiene que pagar a los afectados
La consultora ha sido condenada de forma solidaria al pago de las indemnizaciones, pero el resto de acusados que tendría que hacer frente a esas cantidades, personas físicas, no podrá acometer la devolución de millones de euros a los afectados.
El contrato de aseguramiento que BDO tenía con Mapfre puede aliviar las cantidades que finalmente la consultora tenga que entregar a los afectados. Pero el tamaño de BDO en España no es tan grande como para poder hacer frente a una cantidad elevada en indemnizaciones.
El equipo directivo de BDO en España está formado por 34 socios que pertenecen a cada una de las sociedades jurídicamente independientes con las que la firma opera en el país, BDO Auditores SLP, y BDO Abogados y Asesores Tributarios SLP.
Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil por BDO Auditores, la empresa facturó 36,8 millones en 2019 (32,5 millones un año antes), y logró un beneficio de 1,1 millones. BDO Abogados y Asesores Tributarios ingresó el pasado ejercicio 27,4 millones, y ganó 0,8 millones.
Las sociedades de BDO en España, respondiendo a José María Ruiz-Mateos, son auditadas por la firma Stemper Auditores. En sus informes de 2019 sobre las cuentas de BDO, Stemper Auditores no incluye ninguna salvedad o párrafo de énfasis por el riesgo que pudiera suponer para el negocio de BDO el caso Pescanova.
