El Gobierno sólo quiere extender los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor más allá del 30 de septiembre para algunos subsectores del turismo, pero no todos. A priori, sólo se beneficiarían de la prolongación de esta medida hoteles, agencias de viajes, empresas de alquiler de vehículos, aerolíneas y navieras. Además, también ha propuesto hacerlo en las empresas culturales.
Los servicios de alojamiento cuentan con 104.102 personas en ERTE; las agencias de viajes, 25.650; el transporte aéreo, 14.860; el transporte marítimo, 1.251; y las actividades de creación, artísticas y espectáculos, 4.936. Estas actividades suman alrededor de 150.799 afectados, es decir, apenas el 19% del total de empleados que actualmente están afectados por este mecanismo en España.
En el conjunto de la economía española todavía hay 812.438 trabajadores incluidos en un ERTE, según la última actualización a cierre de agosto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha adelantado que ese dato ha bajado a unos 700.000 a mediados de septiembre, pero no hay cifras oficiales que lo confirmen.
Si, como quiere el Gobierno, sólo se prorrogan los ERTE en determinados subsectores vinculados al turismo se quedarían fuera muchas compañías pertenecientes, por ejemplo, al transporte urbano (autobús). También el de comidas y bebidas, uno de los más afectados por el coronavirus y que a inicios de septiembre contaba con 149.908 trabajadores suspendidos, la mayor cifra alcanzada en un sólo sector, según los datos de Seguridad Social.
La defensa de que no se puede abandonar a esos otros sectores es precisamente lo que ha llevado a la CEOE y a los sindicatos a enfrentarse con el Ejecutivo, con quien tampoco comparten la propuesta de la exoneración de cuotas a la Seguridad Social y al que reprochan que no ha facilitado unos datos fiables sobre el coste que supone para las arcas del Estado este mecanismo de protección de rentas. El incremento de la tensión parece alejar la posibilidad de llegar a un acuerdo.
El drama del sector turístico
Uno de los grandes perdedores en esta crisis es el turismo, al que ahora el Gobierno intenta proteger con la extensión de esta medida laboral. Según las últimas estimaciones de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), que también tiene en cuenta a la restauración, el sector perderá 98.753 millones de euros este año por el impacto de la pandemia y casi 800.000 empleos están en juego.
Desglosado por trimestres, las empresas anticipan una pérdida en la actividad turística de 36.638 millones de euros en el tercer trimestre y de 18.655 millones en el cuarto, que se sumarán a los 43.460 millones ya acumulados hasta junio. En este sentido, la patronal del sector anticipa un impacto de "dimensiones inéditas" sobre el empleo a finales de verano si no se prologan los ERTE, preferiblemente hasta Semana Santa de 2021.
El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, ha asegurado este jueves que alrededor del 41% de los empleos que están aún suspendidos bajo esta fórmula son "estrictamente" del sector turístico, lo que muestra la enorme vulnerabilidad de un sector "que evidentemente necesita una atención preferencial" como en su día lo tuvieron otros sectores como la banca, la siderurgia o el sector naval.
Seguir aumentando el gasto o dejar a empresas atrás
El Gobierno ha mostrado hasta ahora buena disposición para prolongar los ERTE mientras sea necesario y la propia ministra de Trabajo ha hecho declaraciones públicamente asegurando que se alargarían en todos los sectores en los que fuera necesario mientras fuera necesario.
Pero los ministerios de Economía y Hacienda ponen más problemas, a medida que sigue aumentando el gasto público de 2020 y se sigue comprometiendo la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El Ejecutivo contaba con recibir de la Unión Europea una importante partida del instrumento SURE -creado para financiar el desempleo-, pero con lo que la UE ha propuesto para España (21.300 millones) no será suficiente ni para pagar el gasto en ERTE hasta septiembre.
Todo el gasto adicional en el que incurra el Estado de ahora en adelante se tendrá que financiar con cargo a deuda pública, lo que seguirá engordando el déficit del país.
Éste ha debido ser el argumento que ha presentado el Gobierno en la mesa de negociación para no aceptar una prórroga automática de todos los ERTE, lo que ha llevado al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, a exigir al Ejecutivo que le desglose el gasto exacto que han conllevado los ERTE.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cifró esa cuantía entre 4.000 y 5.000 millones de euros al mes, pero el presidente de CEOE no da crédito a esa cantidad.
