El Gobierno, empresas públicas y comunidades autónomas están recurriendo a interinos para gestionar los fondos del Plan de Recuperación y los PERTE. Así lo trasladan las fuentes consultadas por Vozpópuli y lo refrendan los planes presupuestarios de las CCAA, cuando el Ejecutivo está teniendo problemas para ejecutar los fondos y acaba de realizar pagos de 11.000 millones de euros a las autonomías, a las que deja el testigo y la responsabilidad de la tramitación de las ayudas.
Esta práctica suele ser habitual en las comunidades, que recurren a los interinos y temporales para Sanidad y Educación pero lo es menos en el entorno de la Administración General del Estado, sobre todo en un momento en el que el Gobierno de Pedro Sánchez aboga por atajar la temporalidad en el Sector Público y precisamente cuando acaba de aprobar una de las reformas estrella comprometidas con Bruselas del Plan de Recuperación en este sentido, la ley de interinos, además de las disposiciones ad hoc en la reforma laboral.
Fuentes sindicales consultadas por este periódico refrendan la contratación de interinos por tres años con este fin en la mayoría de Ministerios. En el caso del de Transporte, por ejemplo, son ya cerca de 40. Y en el Ministerio que pilota el Plan, el de Asuntos Económicos, han entrado en diciembre una veintena. Desde CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, trasladan que esta práctica está causando malestar entre los funcionarios, que consideran que hay perfiles en plantilla para estos puestos, por lo que consideran que hay una gestión de los Recursos Humanos de la Administración ineficaz.
Plazas sin cubrir en Hacienda
Destaca por ejemplo que la propia Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia creada en el Ministerio de Hacienda para monitorizar la gestión del Plan sólo tiene cubiertas 49 de sus 86 plazas, según ha concretado el Ministerio al Portal de Transparencia. Y sin que Hacienda esté activando los bonus a los funcionarios asignados al Plan que le habilita a dar el Real Decreto-ley que quiere quitar barreras a la gestión de los fondos, que ahora tramita el Congreso, como proyecto de ley.
Una de las claves de estas contrataciones está en la reforma laboral del Gobierno, pactada por patronal y sindicatos y que el Parlamento deberá convalidar en las próximas semanas. La disposición adicional quinta de la norma permite "suscribir contratos de duración determinada por parte de las entidades que integran el sector público" en el marco del Plan de Recuperación. "Son contratos de obra que se acabarán convirtiendo en una puerta de atrás para engordar el sector público", admiten fuentes parlamentarias consultadas por este diario.
Sin embargo, en el Ministerio de Industria, por ejemplo, esperan como agua de mayo la reforma laboral para ampliar plantilla. Este Ministerio se queja de un cuello de botella que se ha generado en las licitaciones de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica) por la falta de personal.
Fuentes de la dirección de la cartera que dirige Reyes Maroto afirman a Vozpópuli que el Ministerio cuenta con los mismos funcionarios ahora, con la enorme carga de trabajo añadida que suponen los fondos europeos, que hace años. “Nos faltan manos para poder llegar a todo. Apenas somos 200 para gestionar esta avalancha de trabajo”, lamentan.
Según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, en enero de 2021, última actualización del mismo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo contaba con 1.281 funcionarios, mientras que en julio de 2020 la cifra era de 1.311. Si tenemos en cuenta todo el personal del Ministerio, se percibe una clara disminución, pues en 2020 Maroto contaba con 2.294 efectivos –funcionarios y personal laboral-, mientras que en 2021 se registran 2.256.
Las empresas públicas
En el caso de las empresas públicas, se sigue este modus operandi, que ya se viene utilizando en la Sepi y que replica Cofides para el fondo de solvencia de empresas estratégicas y para el de pymes. Además de bufetes y consultores externos, se ha recurrido a interinos, trasladan fuentes conocedoras, ya que se necesitan perfiles especializados y muy concretos para trabajos intensivos. Fuentes consultadas por este diario explican que además se está produciendo movilidad entre empresas, con trabajadores saliendo de unas a otras en función de los salarios ofertados.
Desde la asociación de altos funcionarios del Estado Fedeca, no entienden que se siga abusando de la figura del interino y no les parece adecuado que se siga recurriendo a la misma figura para gestionar los fondos, que el Plan va a llevar al menos hasta 2026. No les cuadra este escenario y critican que algo tan importante se deje en manos de personas que no son funcionarios de carrera y que creen que no tienen el perfil adecuado.
Asimismo, apuntan que las convocatorias de empleo público de 2021 han sido engañosas, con cada vez más interinos en la Administración General del Estado. Así, ponen de ejemplo que en la de 28 mayo, de 10.254 plazas, sólo 3.021 eran de ingreso libre; el resto, de promoción interna y estabilización. En suma, sólo se cubre un 29% de personal nuevo, con lo que denuncian que se está disimulando el problema de los interinos con estas convocatorias.
En este sentido, este sindicato advierte de cómo se está utilizando a empresas públicas como Tragsa para contratar personal temporal para la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
Las comunidades recurren a interinos
En lo que respecta a las comunidades, la Generalitat de Cataluña aumentará en un 11% su gasto en personal este año, con un presupuesto 939 millones de euros superior al de 2021, en la carrera por ejecutar los fondos europeos en tiempo y forma. Se ha blindado con unos Presupuestos para este año que incluyen un importante incremento en el gasto de personal: 9.838 millones de euros para alcanzar una cifra récord de empleados públicos cercana a los 276.000. Crecerán los puestos de trabajo en ámbitos clave como la Sanidad o la Educación, pero también habrá una partida 'extra' para la gestión y ejecución de los fondos europeos, según plantean sus Presupuestos.
El Ministerio de Hacienda constata en su resumen de los Presupuestos de las comunidades que Cataluña "dentro de este incremento de plazas para 2022, se han consignado los programas extraordinarios de personal para paliar los efectos de la pandemia y para la gestión y ejecución de los Fondos Next Generation, con un crédito de 205,1 millones de euros y 7.351 plazas coyunturales". De esta forma, en 2022, Cataluña es la comunidad con un mayor incremento presupuestado en personal. Por detrás están la Comunidad Valenciana (con un 6% más de presupuesto), Canarias (5%), Baleares y Madrid (4%). Todo ello, en un contexto en el que el gasto en personal para emergencias de la pandemia no va a crecer respecto a 2021, puede mantenerse e incluso reducirse.
En este escenario, CSIF ha denunciado que las Administraciones, entre ellas, comunidades del PSOE, convocan oposiciones sin aplicar los nuevos criterios de la ley para reducir la temporalidad, especialmente en los ámbitos de la Educación y la Sanidad.
