El tercer paquete de medidas del Gobierno limita la subida de precios de las autopistas de peaje. Tal y como detalla el real decreto-ley de las medidas contra la crisis provocada por la guerra, al que ha tenido acceso Vozpópuli, Moncloa modifica la norma que actualiza los precios con el Índice de Precios al Consumo (IPC) por el impacto que tendría en sectores estratégicos como el transporte.
Las autopistas de peaje estaban condenadas a sufrir un alza de tarifas de un 8% a partir del 1 de enero de 2023. Un repunte de acuerdo a la fórmula de actualización automática que se computa a finales de cada ejercicio con la evolución del IPC hasta el 30 de noviembre. El Gobierno modifica esta actualización automática y limita esta subida al 4% en los peajes de las autopistas en 2023.
Según detalla el documento, el mantenimiento del régimen vigente en estas infraestructuras es incompatible con los objetivos de recuperación económica, contención de la inflación y equidad en las obligaciones exigibles a los usuarios de dichas autopistas.
El Ejecutivo considera que para moderar los efectos de la espiral inflacionista en los sectores más vulnerables de la economía es extraordinaria y urgente la necesidad adoptar medidas en lo relativo a las autopistas de peaje. El tercer paquete de medidas del Gobierno para paliar el efecto de la crisis de Ucrania es especialmente sensible con el sector de los transportistas.
Un gremio que se vería muy afectado por el alza de los peajes de las autopistas de peaje de titularidad de la Administración General del Estado. Y que reduciría el efecto, entre otras cosas, de la bonificación para el combustible que les ha respetado el Ejecutivo tras retirarse al resto de los conductores.
El Gobierno lo congela “dos años”
En este punto, y en línea con el objetivo del Gobierno de frenar la espiral inflacionista y respaldar a los hogares, se ha decidido congelar los peajes de las autopistas que gestiona SEITT, que por problemas financieros revirtieron al Estado.
El Ministerio Transportes informa que subvencionará entre 2023 y 2026 parte de los ingresos que las concesionarias dejaran de percibir el año que viene por la contención del incremento de los peajes.
En concreto, se habilita una línea de 23,3 millones de euros para financiar la reducción del incremento de las tarifas en 2023, y se establece la obligación de que la Administración General del Estado dote las partidas necesarias para mitigar parcialmente la subida entre 2024 y 2026 para que esta sea escalonada.
"Hay que tener en cuenta que la subida de tarifas es acumulativa, de ahí la necesidad de repercutir nuevamente al usuario la diferencia que no abona en 2023, ejercicio en el que estaba previsto que subieran en torno al 8,38% por la inflación, aunque poco a poco, para que pueda ser asumida en mejores condiciones por los ciudadanos", explica en un comunicado.
Límite a las concesionarias
Según detalle el Ministerio de Transportes, "el objetivo es ayudar a la ciudadanía a afrontar el escenario actual de altos precios de la energía, derivado de la persistencia del conflicto en Ucrania tras la invasión rusa, que afecta muy especialmente a la movilidad y a la renta disponible de los hogares".
Así, el Real Decreto-ley para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania aprobado hoy en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), articula un mecanismo para contener al 4% el aumento de las tarifas de 2023, que soportan los usuarios, en las autopistas AP-51, AP-61, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68 y AP-71, AP-9, AP-6 y AP-46.
En 2022, los peajes de las autopistas dependientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana subieron un 1,9%. Una decisión del Gobierno que se produce mientras valora, tras su compromiso con Bruselas en los fondos europeos, la imposición de peajes en las autovías para que estas infraestructuras sean más sostenibles en lo económico y en lo ecológico. Un debate que, de momento, se mantiene en stand by.