El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha creado un 'Observatorio para luchar contra el Fraude en la Seguridad Social' para el que no ha previsto ninguna dotación presupuestaria adicional, ya que se financiará con los recursos que tiene actualmente la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), no contará con nuevos trabajadores ni integrará otros organismos clave para poder luchar contra el fraude de forma más coordinada.
Este nuevo Observatorio no trabajará en conjunto con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) -y los datos que pueda aportar para combatir el fraude en las afiliaciones- ni con la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional -que se encuadra en la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la unidad homónima, la UDEF- y se dedica a perseguir grandes delitos de fraude a la Seguridad Social-, sino que únicamente colaborará con la Inspección de Trabajo y el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, tal y como se recoge en la orden ministerial publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado.
Fuentes de la Seguridad Social explican a Vozpópuli que se financiará con los recursos actuales de la Seguridad Social, a pesar de que continuamente organismos como el Tribunal de Cuentas o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) están pidiendo que se reduzca la carga de costes que tiene que asumir el Sistema para que pueda dedicarse únicamente al pago de pensiones (su gran gasto).
Al no integrar a otros organismos como el SEPE o la unidad de la policía mencionada anteriormente, esto supone que no existe una financiación conjunta por parte de varias áreas de las Administraciones Públicas.
Tampoco se contratará personal adicional, sino que se producirá una reasignación de funciones entre los más de 20.000 trabajadores que forman parte de la TGSS. "Algunos tendrán funciones añadidas, como algunos inspectores, en otros casos habrá personas que están en áreas en las que hay sobreabundancia de recursos humanos y serán a los que se les asignen estas tareas, y habrá otros casos distintos", explican.
Coordinar lo que ya existe
El Ministerio ha explicado que para constituir este Observatorio se ha inspirado en el que se puso en marcha en el año 2006, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Voces del sector financiero aseguran que el hecho de que el Gobierno haya creado este nuevo organismo, cuando ya existían unidades destinadas a perseguir el fraude a la Seguridad Social, demuestra que hasta la fecha "lo que ya se hacía no funcionaba" e invitan al Ejecutivo a que diseñe un plan estratégico para asegurarse de que los problemas detectados en los sistemas vigentes sean corregidos con este nuevo Observatorio, que por cierto debería rendir cuentas de su labor, apuntan.
"Por el momento tiene que ganarse la reputación y la credibilidad, más allá de las buenas intenciones"
"Lo que se debería hacer es trabajar en la coordinación de todos los organismos ya existentes, en lugar de crear instrumentos nuevos que no son necesarios porque en realidad toda la Seguridad Social es un observatorio de lucha contra el fraude", apunta a este medio un exalto cargo de la Seguridad Social del anterior Ejecutivo.
Los fraudes más comunes
El fraude más habitual que se produce contra la Seguridad Social consiste en la creación de empresas ficticias, que están constituidas como tal pero no tienen una actividad real y dan de alta a sus supuestos trabajadores en la Seguridad Social para que tengan derechos (desempleo, pensión en el futuro, etc.) pero la empresa nunca llega a pagar las cotizaciones que le corresponde.
A pesar de que el pago no se hace efectivo, como desde el momento en que el trabajador es dado de alta se generan derechos, la Seguridad Social se ve obligada a cubrirlos, lo que supone un agujero para el sistema que en ocasiones se detecta demasiado tarde.
La Seguridad Social cruza datos con Hacienda y revisa también los datos de suministro eléctrico para intentar evitar estas prácticas (ver empresas que están dadas de alta con 250 trabajadores y no tienen consumo eléctrico o cuya sede es un solar vacío en el que no hay nada, por ejemplo). Hasta 2018 se detectaron más de 5.000 casos en nuestro país.
Para poder aplicar una pena a los que llevan a cabo esta práctica, en el año 2012 se tipificó el delito de fraude de prestaciones de la Seguridad Social en el Código Penal.
