El Gobierno ha sacado pecho este martes de que Eurostat ha rebajado el déficit de España del 2,63% que había anunciado el Ejecutivo a finales de marzo al 2,48% para el año 2018, pero ha omitido deliberadamente la verdadera razón por la que se ha producido esta rebaja y el hecho de que este movimiento aumentará el déficit de 2019.
"El déficit conocido hoy supone una disminución de 0,15 puntos porcentuales respecto al dato del 2,63% comunicado el pasado 29 de marzo (...) que contemplaba inicialmente un mayor gasto de la Administración central correspondiente al ejercicio de 2018 basándose en el principio de prudencia", apuntaba el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa informativa que ha enviado tras la decisión de Eurostat.
Pero la reducción del déficit no se debe a que el Gobierno haya sido prudente y haya puesto más gastos de los esperados, sino que se produce porque Eurostat no le permite imputarse el gasto de unos 1.800 millones que deberá afrontar para compensar a la empresa concesionaria de la autopista AP-7, según han acabado reconociendo fuentes de prensa de Hacienda.
"Efectivamente se debe a una compensación reclamada por una concesionaria sobre la AP-7 (...) Lo que se había hecho ahora era incluir la parte de la compensación reconocida, pero Eurostat considera que no puede hacerse hasta que no haya sentencia y se sepa qué cantidad final debe pagarse a la concesionaria", señalaban esas mismas fuentes, que no han sabido justificar porqué han ocultado esta información.
Se espera que el Tribunal Supremo dé a conocer su sentencia próximamente, con toda probabilidad después de las elecciones
Se espera que el Tribunal Supremo dé a conocer su sentencia próximamente, con toda probabilidad después de las elecciones, por lo que el Gobierno tendrá que imputarse ese gasto en las cuentas de 2019. Aún así, fuentes de Hacienda descartan que el déficit vaya a ser superior al esperado del 2%. "La previsión se mantiene para este año en el entorno del 2%", insisten.
A pesar de que la mejora en el déficit se debe a que ese gasto se computará un año después, no a un mayor esfuerzo de contención por parte del Ejecutivo, algunos miembros del Gobierno han presumido de la novedad y la han interpretado como un logro de su gestión.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha sido una de las que lo han celebrado en Twitter:
El #compromiso del #Gobierno con el saneamiento de las #cuentaspúblicas es claro e innegociable.@EU_Eurostat confirma que en 2018
⬇️ déficit público a 2,5% PIB
⬇️ deuda pública a 97,1% PIB
✅ #España sale de procedimiento de déficit excesivo y seguirá reduciendo deficit en 2019 https://t.co/MumXIU1xGG— Nadia Calviño (@NadiaCalvino) April 23, 2019
La salida de España del Procedimiento de Déficit Excesivo de la Comisión Europea ya estaba confirmada desde que el Gobierno anunció que su objetivo era cerrar el año con un desfase presupuestario del 2,7% del PIB, ya que eso suponía situarlo por debajo del umbral del 3%, y más aun cuando el Ejecutivo confirmó que quedaría aún por debajo, en el 2,63%.
Varapalo para el déficit de 2019
Al haberse situado finalmente en el 2,48%, cabría la posibilidad de que en 2019 el déficit público de España subiera por primera vez en ocho años, después de siete consecutivos de reducciones en este indicador. El Gobierno confía en bajarlo del 2,48% al entorno del 2%, pero instituciones como el Banco de España han situado sus pronósticos en el 2,5%, lo que ahora supondría un incremento.
Si a esa previsión se suma el hecho de que el gasto este año engordará por los 1.800 millones necesarios para indemnizar a Acesa -filial de Abertis- por la caída del tráfico en la AP-7 cuando termine la concesión, el déficit podría aumentar casi dos décimas más de lo previsto (ya que una décima equivale a unos 1.200 millones de euros).
Abertis cuenta ya con una sentencia favorable del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid y espera que el Tribunal Supremo le dé la razón. Una cláusula del convenio de concesión de la AP-7 que firmó el Ejecutivo con Abertis señalaba que el Estado indemnizaría a la compañía si se producía una caída del tráfico, tal y como ocurrió durante la crisis económica, por lo que Acesa reclama una indemnización de 1.800 millones.
Aunque ese importe se pagará cuando termine la concesión, en 2021, el Estado "se imputará el gasto cuando haya sentencia", según el Ministerio que dirige María Jesús Montero, por lo que repercutirá al déficit de 2019.
El Consejo de Estado advirtió al Gobierno del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero de que esa cláusula de compensación era "peligrosa", ya que el Estado tendría que pagar los desequilibrios por una hipotética caída del tráfico en los tramos operados por Acesa, pero el Ejecutivo no lo tuvo en cuenta como se supo después.
