Productos que se dicen ‘light’ y que engordan; que hay que tirar cuando funcionan de forma defectuosa; que se dicen que su producción y gestión son respetuosos con el medio ambiente y no lo son… El Gobierno prepara una Ley de Consumo Sostenible con la que pretende poner coto al “ecoblanqueo” y garantizar la durabilidad de los productos. El objetivo ganarse la confianza de los ciudadanos.
“El nivel de concienciación ciudadana, que es de impotencia, lo abordamos recuperando la credibilidad. Necesitamos señalar de manera crítica, veraz, con datos fiables el impacto de nuestro sistema de consumo” al medio ambiente, ha asegurado el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, en el transcurso del foro “Hablemos de ‘greenwashing’” organizado por la revista ‘Ethic’.
Barragán entiende que el nivel de concienciación de la ciudadanía sobre la sostenibilidad es “enorme” y se que se muestra “impotente” ante las decisiones de Consumo sobre los efectos y prácticas reales. “El 86% de los consumidores a nivel europeo reclaman más información sobre la durabilidad a nivel del consumo”, ha precisado.
Para dar respuesta a esa ciudadanía, ha recordado que el Gobierno está preparando una Ley de Consumo Sostenible. “Tenemos un modelo económico que ha abusado de unos recursos naturales muy ricos que tiene el país”, ha sentenciado. “(La norma) Ha de ser eficiente para impactar un modelo real de lucha contra el cambio climático”, ha precisado.
El secretario general del Ministerio de Consumo y Juego ha recordado un estudio de Intermon Oxfan por el que el 1% más rico de la población mundial son responsables del 16% de las emisiones. Por lo que respecta a nuestro país, el 10% de la población con más ingresos generó un tercio de las emisiones “lo que equivale al 53% con menos ingresos”. Estos datos le han servicio para asegurar que “el nivel de responsabilidad es muy distinto”. A su juicio, no hay que poner solo el foco en la responsabilidad individual del consumidor final. “Hay una asimetría enorme”. “Este debe ser el punto de partida crítico de cómo recuperar esa credibilidad. Pedir responsabilidades con las prácticas reales”.
Es ahí donde entra el proyecto de Ley de Consumo Sostenible en donde se va a luchar contra el ‘ecoblanqueo’ “denunciando afirmaciones engañosas sobre el consumo”. Además, ha recordado que esta norma nace de la trasposición de las directivas europea sobre ‘greenwashing’ y que comenzará a tramitarse cuando la UE apruebe la tercera que es específica sobre el ‘ecoblanqueo’.
Por su parte, el director general de Consumo, Daniel Arribas González, que también ha participado en una mesa rodona en el mismo foro, ha señalado que las administraciones han de generar “un marco estable y seguro”. “Agradecemos hablar con las empresas. Por un lado, para disuadir a las que no lo están haciendo bien, pero, sobre todo, para respaldar a esas empresas que quieren entrar dentro de la transición energética para que sean valoradas por los consumidores”, sentencia.
Asimismo, no rechazó la “lucha entre empresas” a cuenta de las denuncias por ‘greenwashing’, ya que como Administración “lo que quiere es información que ayude a perseguir este tipo de prácticas. Una potencial batalla entre empresas es porque las empresas que lo hacen bien quieren que se ponga en valor ese esfuerzo”, ha dicho.

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