El Ministerio de Hacienda ha querido esperar a saber la cuantía que le corresponderá a España del fondo de reconstrucción de la Unión Europea (UE) para elaborar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, pero aunque cuente con esos fondos para financiar reformas y afrontar el incremento del gasto no servirán para aliviar el fuerte incremento del déficit.
Al país le corresponden 140.000 millones de euros de los 750.000 que se distribuirán entre los países de la UE. De ellos, 72.700 millones serán en forma de ayudas directas para financiar reformas y proyectos alineados con los objetivos de la UE (economía verde, digitalización, mejorar la eficiencia de la Administración, invertir en la formación profesional, etc.), mientras que los 67.300 millones restantes serán créditos que habrá que devolver.
El dinero que recibiremos como subsidios directos será considerado un ingreso financiero en el proyecto de PGE, al ser aportaciones que tienen que ser reintegradas, y por tanto no computarán a efectos de déficit público. El Estado podrá utilizarlo para afrontar su aumento del gasto, pero no aliviarán el déficit porque luego tendrán que devolverlo en el futuro.
Lo restante sí se considerará una transferencia de la UE e incrementará los ingresos, pero tendrá que tener su correlato en la parte del gasto, ya que las ayudas europeas vienen condicionadas a que se destinen a aprobar proyectos de reformas previamente aprobados por la Comisión. Al computar tanto en ingresos como en gastos -asumiendo que se ejecute la totalidad de lo dispuesto por Bruselas- su impacto en el déficit será neutro.
El vehículo para articular las ayudas
El Gobierno quiere ligar ineludiblemente la aprobación de los PGE con la recepción de las ayudas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que las cuentas de 2021 no serán comparables con las de otros años porque integrarán una importante aportación por parte de la UE e insiste en que esos PGE serán el vehículo para articular las ayudas.
Tanto es así que en la petición previa de información que su Ministerio ha hecho al resto de Administraciones y entidades públicas ya les ha pedido que reflejen si hay algún proyecto que fuera susceptible de ser financiado con cargo a Bruselas.
Dado el escaso margen de tiempo que hay este año para tramitar las cuentas, es posible que a finales de este mes o principios de octubre (cuando la Ministra pretender tener el proyecto) no se sepa con claridad qué reformas se van a intentar financiar con cargo a las ayudas de la UE, por lo que no se descarta que toda la cuantía de las ayudas figure en las cuentas adjudicada al Ministerio de Hacienda, y que más adelante se reparta entre las Administraciones.
En la Actualización del Programa de Estabilidad que el Gobierno remitió a la Comisión Europea el pasado 30 de abril, el Ejecutivo pronosticaba que el déficit público se dispararía en 2020 hasta el -10,3% del PIB (los analistas ya hablan del -14%), pero por primera vez este programa no incluía una estimación de la evolución del déficit en 2021 o 2022.
