"Ahora mismo, nadie sabe qué va a pasar con el impuesto", explica a Vozpópuli un alto directivo del sector energético. Las empresas tienen la vista puesta en lo que se diga este viernes en la reunión de los ministros de Energía de la Unión Europea. Porque, de ese encuentro, el Gobierno perfeccionará el impuesto a su beneficio extraordinario. Una de las opciones que se contempla es diferenciar este gravamen entre petroleras y eléctricas para que su medida case con la línea que marca Bruselas.
Como recuerdan las mismas fuentes, la Comisión Europea habla claramente, por un lado, de "intervenir el mercado eléctrico" y, por otro, un "aporte solidario de las empresas de combustibles fósiles". La proposición de ley del Gobierno español, que ya respaldó el Congreso y que está a la espera de enmiendas, apunta a "un impuesto a (todas) las energéticas".
¿Cómo planea cuadrar esta diferencia? La información que se maneja entre los representantes del sector es que se está valorando sacar la contribución solidaria de petroleras y gasistas en una proposición de ley diferente, similar a la propuesta de la Comisión Europea. Y, por otro lado, mantendrá la medida que afecta tanto a las eléctricas como a la banca. Son medidas que se barajan pero que no son oficiales. Porque, como aseguran desde el Gobierno a este medio, cualquier movimiento oficial en este sentido se producirá después del próximo viernes. Incluso es posible que no se despeen todos los detalles hasta la Cumbre de Jefes de Estado de la UE el 6 y 7 de octubre en Praga.
A la espera de esta fecha se encuentran también los Grupos Parlamentarios. El plazo de enmiendas a la proposición de ley a banca y energéticas acaba el 3 de octubre y se espera que se amplíe.
Alternativa a las eléctricas
El Gobierno necesita incluir a las grandes eléctricas en un impuesto, porque el castigo que propone Bruselas casa con el Real Decreto-ley 6/2022, del 29 de marzo, que aprobó Moncloa. Esta medida busca que las empresas eléctricas no recibieron sobre ingresos, los denominados beneficios caídos del cielo. Los 'ingresos extra' que reciben muchas instalaciones que no usan gas y, sin embargo, cobran el precio que marca el gas. Es el caso de las compañías que operan las denominadas tecnologías inframarginales, donde destacan las renovables y las nucleares.
Bruselas propone un tope temporal de precio para estas tecnologías de 180 euros por megavatio hora (MWh), mientras que en España limitó en marzo a 67 euros/MWh. "Cualquier ingreso por encima de este nivel será recaudado por los Gobiernos de los Estados miembros y redirigido a los consumidores de energía para aliviar el impacto de los altos precios de la energía", propone la Comisión.
Gobierno, Bruselas y las petroleras
El caso de petroleras y gasistas es diferente. Hasta ahora, el Gobierno apunta a recuperar los beneficios extraordinarios en base a los ingresos obtenidos en 2022, al igual que banca y eléctricas. La Comisión Europea deja claro que su cálculo, que sean superiores al 20% sobre la media de los últimos tres años, se tiene que hacer sobre el "beneficio". Una diferencia considerable que matizará el Gobierno.
Los avances de esta medida generan "preocupación" entre las empresas petroleras. La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que agrupa a empresas como Repsol, Cepsa o BP, ha remitido una carta a las ministras de Transición Ecológica y Reto Demográfico; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Comercio, Industria y Turismo y Hacienda, así como a Presidencia del Gobierno, con las propuestas de la asociación europea de la industria del refino, FuelsEurope.
La primera propuesta contempla adecuar la cifra de beneficios sometidos al gravamen a la realidad del sector y al impacto de la pandemia. Por ello, plantean excluir del período tomado como referencia los ejercicios impactados por la Covid-19, ya que destacan que estas compañías mantuvieron su actividad sufriendo pérdidas extraordinarias a consecuencia de la crisis sanitaria de los ejercicios 2020 y 2021. La segunda propuesta es que se aumente del 20% al 40% el porcentaje de lo que, a efectos del gravamen, se considera beneficio extraordinario.
"La actividad del refino es cíclica y muy variable está sujeta a la competencia y precios en los mercados internacionales de las materias primas, de gran volatilidad especialmente en los últimos años", defienden. Además, por tanto, si se quiere calcular un supuesto beneficio ordinario debería ampliarse el periodo temporal para calcularlo tomando todo un ciclo (de beneficios y pérdidas) y no sólo los ejercicios bajos del ciclo", añaden.
La tercera es que la carga conjunta del gravamen con los Impuestos sobre Sociedades de cada país no exceda el 40%, ya que, de lo contrario, no sólo sería confiscatorio, sino que comprometería gravemente el costoso proceso de inversión para la transformación y descarbonización de nuestra industria.
"El nuevo gravamen debería contener incentivos para estas inversiones pues de lo contrario la posición de la industria europea, en un mercado claramente internacional, se vería en desventaja respecto de la industria de otros territorios no comprometidos con los objetivos medioambientales, fomentándose la importación de productos desde esos territorios y comprometiendo la viabilidad de la industria europea", concluye la AOP.
