Definitivamente, los grandes empresarios del Ibex-35 se han autoimpuesto la ley del silencio en torno al proceso secesionista catalán. La recientemente inaugurada Cumbre Española de la Confianza, organizada por el Ministerio de Justicia, fue capaz de reunir a figuras tan relevantes como los presidentes de BBVA, Telefónica e IAG, Francisco González, José María Álvarez-Pallete y Antonio Vázquez, respectivamente; y los consejeros delegados de Repsol (Josu Jon Imaz) y Abertis (Francisco Reynés). Pero no logró arrancar de ellos ni una mención a los graves acontecimientos de las últimas horas en Cataluña.
Es cierto que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, encargado de moderar el debate, no puso directamente encima de la mesa un asunto tan controvertido. Pero sí sugirió asuntos como la confianza y la seguridad jurídica, que pudo perfectamente dar pie a pronunciarse sobre una posible declaración unilateral de independencia en Cataluña tras la convulsa celebración del referéndum ilegal del pasado domingo. Ninguno de los empresarios entró al trapo.
Una prudencia en línea con la mostrada sobre este asunto por organismos como la CEOE, cuya postura ha levantado ampollas en la patronal en contra de su junta directiva. El mercado sigue esperando una reacción en el ámbito empresarial que, por ahora, se hace esperar.
En otros ámbitos, los empresarios sí aprovecharon la oportunidad para llevar a cabo alguna reivindicación o poner de manifiesto su descontento con el escenario para su sector. Fue el caso de Francisco Reynés, quien recalcó que, a diferencia del resto de las empresas representadas en el debate Abertis apenas había invertido en España durante los últimos años.
"Nosotros en España no hemos invertido apenas porque nuestro modelo necesita un marco estable a largo plazo. Y el modelo español de autopistas es muy heterogéneo", aseguró el ejecutivo de Abertis, compañía sobre la que la italiana Atlantia ha lanzado una OPA que no termina de convencer al Gobierno, a hasta el punto de que ha alentado una alternativa, en la figura de ACS, que por ahora no termina de llegar.
Francisco González también hizo su particular sugerencia, una que, por cierto, llamó mucho la atención de la concurrida audiencia. El presidente de BBVA apuntó la necesidad de reformar las instituciones pero, al mismo tiempo, la conveniencia de que aquellos que tienen que hacerlo "tengan un aliciente, porque no podemos pedir a alguien que trabaje en el sector público por una décima parte de lo que podría cobrar en el privado y además lleve la excelencia a lo que está haciendo".
González puso el ejemplo de Singapur, un país que dijo visitar todos los años. "Allí, la administración se lleva a los que consideran los mejores y les paga no menos de dos tercios de lo que cobrarían en la empresa privada".
Antonio Vázquez no habló de Singapur pero sí de países en vías de desarrollo y su seguridad jurídica. Y sorprendió con el mensaje de que "en esta materia, los grandes sobresaltos me los sigue dando el primer mundo".
Al contrario de lo ocurrido con Abertis, Repsol sí se ha volcado con España a la hora es invertir. Su consejero delegado recordó que en los últimos diez años ha sido el destino que mayores inversiones ha recibido de la compañía petrolera. Y fue más allá: "si mañana tuviera que llevar al consejo de administración una propuesta para invertir 4.000 millones de euros, el destino volvería a ser España. Eso es una señal de que se está logrando el objetivo de dar confianza.
Mientras, Álvarez-Pallete aseguró que "hoy se están escribiendo las nuevas reglas del juego y eso es una oportunidad para estar ahí y participar. Y España está preparada para eso". Francisco González lo describió a su manera: "ahora mismo se están repartiendo las cartas y creo que España está en un lugar privilegiado. Los que viajamos habitualmente nos damos cuenta de que tenemos un prestigio extraordinario en el exterior. Hay acontecimientos que pueden desanimar pero tenemos que seguir adelante".
Queda la duda de si en este último punto se refería al desafío secesionista en Cataluña. Igual que la que quedó cuando la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, señaló en la apertura de las jornadas que "España es un país que respeta el valor de la Ley y del estado de Derecho. Y digo bien, de la Ley". Queda para leer entre líneas.
