Luis de Guindos nombró Subsecretario de Economía y Competitividad a Miguel Temboury a finales de 2011 a pesar de que pocos meses antes este había sido condenado por su actuación como árbitro en un laudo ocurrido en 2010 entre la multinacional Puma y la empresa alicantina Estudio 2000. El exdiputado del PP Luis Ramallo también fue condenado por los mismos hechos. Temboury anunció el pasado mes de septiembre que dejaba el puesto aludiendo a razones personales.
El Tribunal Supremo dictó sentencia el pasado miércoles día 15 de febrero ratificando los fallos de los tribunales que anteriormente ya habían condenado a Temboury. La primera sentencia en contra del exSubsecretario de Economía data de junio de 2011, y después otros juzgados han ratificado la condena, aunque tanto Ramallo como Temboury han estirado el proceso hasta llegar al Supremo.
La multinacional Puma decidió a finales de 2009 terminar la relación que tenía con la empresa alicantina Estudio 2000, que desde los años ochenta distribuía en España los productos de la compañía alemana. La empresa española acudió a un arbitraje y en mayo de 2010 el Tribunal de Arbitraje de Madrid condenó a Puma a indemnizar a Estudio 2000 con 98 millones de euros. Puma recurrió a la Audiencia Nacional y finalmente fue absuelta de pagar.
La ley de altos cargos aprobada en 2015 dice que los altos cargos deben ser personas idóneas y honorables
El presidente del tribunal de arbitraje que condenó a Puma era entonces Luis Ramallo -vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores entre 1996 y 2000, diputado del PP desde 1982 hasta 1996-, mientras que Temboury era el árbitro designado por Estudio 2000.
La Audiencia Provincial de Madrid declaró nulo el arbitraje presidido por Ramallo el 10 de junio de 2011, seis meses antes de que Temboury fuera nombrado Subsecretario de Economía. En su sentencia la Audiencia Provincial entendió que Ramallo y Temboury se pusieron de acuerdo para dictar el laudo contra Puma y que dejaron de lado al tercer árbitro, Santiago Gastón de Iriarte, designado por la compañía alemana.
La actuación de Temboury y Ramallo "fue burda, prepotente", recuerdan fuentes que participaron en el proceso y con las que contactó ayer este diario. "Ramallo dijo en junio de 2010 a Temboury y a Gastón de Iriarte que redactaran un laudo, y que si no le gustaba ninguno de los dos, él mismo decidiría", explican. "Pero entonces Ramallo y Temboury aprovecharon que Gastón de Iriarte se había ido de viaje a Italia para dictar un laudo que condenaba a Puma a pagar nada más y nada menos que 98 millones de euros; el tercer árbitro no estaba de acuerdo con esa cantidad", añaden.
El juzgado dictó sentencia afirmando que hubo exclusión indebida del tercer árbitro en la deliberación del laudo, condenando a Ramallo y a Temboury a pagar 750.000 euros a Puma, más intereses y los honorarios percibidos como árbitros. Los demandados recurrieron la sentencia y la pasada semana el Supremo desestimó los recursos de casación presentados.
Ahora el Supremo advierte que la actuación de Ramallo y Temboury fue temeraria ya que esta se aplica a la conducta "de quien ignora con arreglo a una mínima pauta de razonabilidad los derechos de quienes encargaron el arbitraje y las atribuciones propias de los árbitros, desnaturalizando en suma el curso arbitral sin posibilidad de que pudiera salir adelante el laudo correctamente emitido". A una conducta, añade el Supremo, "insólita o insospechada que está al margen del buen juicio de cualquiera". El tribunal señala como hecho probado que Temboury y Ramallo se reunieron para dictar el laudo sabiendo que el tercer árbitro se encontraba de viaje.
La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, dice que el nombramiento de altos cargos se hará entre personas idóneas, y honorables, considerando que no concurre la honorabilidad en casos de condenados a pena privativa de libertad, "por delitos de falsedad, contra la libertad, contra el patrimonio y orden socioeconómico, la Constitución, las instituciones del Estado, la Administración de Justicia (...)".
Vozpópuli se puso ayer lunes en contacto con el Ministerio de Economía para saber si en el nombramiento de Temboury se tuvo en cuenta la condena que arrastraba desde 2011, pero no se obtuvo respuesta.
Temboury (Bruselas, 1969), licenciado Económicas y Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, pertenece al cuerpo de abogados del Estado desde 1996. En 2001 fue nombrado asesor en el gabinete del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato. De 2002 a 2004, ocupó el puesto de director del gabinete del ministro del Interior, Ángel Acebes.
Tras la derrota electoral del PP en 2004, Temboury pasó a la excedencia y se incorporó como socio en el despacho Pérez-Llorca. En 2007 fundó Temboury Abogados, en el que trabajó hasta que fue nombrado por Guindos subsecretario de Economía, a finales de 2011.
