La revisión del marco retributivo para los próximos periodos regulatorios de electricidad y gas venía a poner a prueba el nuevo status de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) después de que el Gobierno socialista devolviera al regulador las atribuciones que le había arrebatado el último Ejecutivo del Partido Popular. Los resultados hasta la fecha y las perspectivas de los que están por venir no dejan precisamente en buen lugar el propósito de Moncloa de que el organismo que preside José María Marín Quemada volviera a ser "totalmente independiente", como se recogía en el Real Decreto Ley que articulaba el retorno de competencias sobre peajes y retribuciones de las actividades de transporte y distribución de electricidad y gas.
Esta semana, la CNMC aprobó para su remisión al Consejo de Estado la circular definitiva sobre la retribución de la actividad de transporte de gas, que lleva a cabo prácticamente en exclusiva Enagás. En su propuesta inicial, conocida a comienzos de julio con la publicación del primer borrador, dicha actividad era la que sufría un mayor recorte en su retribución, con una media cercana al 22%. Una reducción que, finalmente, se ha quedado prácticamente en la mitad.
Todavía queda pendiente de aprobación la circular sobre la retribución de la actividad de distribución de gas, por el momento varada en la falta de acuerdo entre la CNMC y el Gobierno en la llamada comisión de coordinación. Sin embargo, el mercado da por hecho que el hachazo retributivo propuesto por el regulador a comienzos del verano también quedará notablemente modificado a la baja.
En este giro tan radical ha tenido una parte notable de influencia el mismo Gobierno que propició precisamente la recuperación de las competencias por parte de la CNMC. Fue precisamente éste uno de los primeros cometidos (y sin duda el de mayor calado de aquellas semanales iniciales) de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras su nombramiento. Sobre España pendía la amenaza de sanción por parte de la Comisión Europea por la decisión del Ejecutivo anterior de quedarse con determinadas atribuciones sobre regulación del mercado energético, lo que respondía a una incorrecta transposición de las directivas europeas sobre la materia.
Reuniones con Arias Cañete
La alargada sombra de una cuantiosa multa de Bruselas justificaba la urgencia, así como el hecho de que la CNMC había interpuesto hasta cuatro procedimientos en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo contra el Gobierno liderado por Mariano Rajoy por este asunto. Poco después de llegar al Ministerio, Ribera aprovechó una visita a Madrid del comisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, para mantener un encuentro con él (junto a su recién nombrada guardia pretoriana en el departamento de Transición Ecológica) en el que el principal asunto a tratar no fue otro que el de la recuperación de las competencias de la CNMC.
Por entonces, el comisario Cañete se marchó tranquilo de la reunión. Había podido constatar que la ministra no estaba dispuesta a dejar los deberes para más tarde. A comienzos de enero, el Gobierno aprobó un Real Decreto Ley que articulaba la vuelta de las competencias a la CNMC y ponía fin a la discrepancia con Bruselas. Por entonces, el Ministerio de Transición Ecológica manifestó que había adecuado las competencias de la CNMC a la normativa comunitaria "que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas natural y electricidad sean totalmente independientes".
Ya por entonces, sin embargo, algunos expertos advirtieron de que aquellos poderes absolutos que parecía tomar la CNMC no lo eran tanto. El Real Decreto Ley incluía la remisión por parte del Gobierno al regulador de una serie de orientaciones de política energética que debería tener en cuenta a la hora de tomar sus decisiones.
Y en el caso de que no lo hiciera, el Ejecutivo se reservaba la opción de convocar la comisión de coordinación, lo que en esencia se traducía en que ambas partes tenían que sentarse y llegar a un acuerdo sobre los puntos discordantes. Exactamente, lo que ha ocurrido con los casos de las circulares del gas.
Presiones
Cierto es que no han faltado las presiones por parte del sector gasista, que ha focalizado su actuación precisamente en el Gobierno. Tanto las empresas como sus accionistas, en su inmensa mayoría fondos de inversión internacionales, han amenazado con inundar los tribunales de pleitos, al estilo de lo sucedido con los recortes de primas a las renovables. Y también, con reducir de forma notable sus inversiones en España, lo que pondría en serio peligro el ambicioso plan de transición energética trazado por el Ejecutivo. De forma directa, la CNMC también ha sido amenazada con recursos ante la Justicia.
Ante este escenario, Moncloa no ha dudado de echar mano de ese "as en la manga" que se guardó en el citado Real Decreto Ley para procurar que las aguas volvieran a su cauce. La transición energética es la gran apuesta del Gobierno, su argumento más sólido y su bandera.
Y para financiarlo necesita el apoyo empresarial de la forma más absoluta y rotunda. Cerca de 200.000 millones de euros en los próximos diez años tienen la culpa. No se trata, precisamente, de una presencia testimonial. O hay empresas o no hay plan.
Eso sí, al coste económico hay que sumar aquél derivado de dejar la condición de independiente de la CNMC en un cierto entredicho. Al menos en el caso de la circular sobre la retribución del transporte de gas se trata de un giro demasiado brusco para pensar que los técnicos del regulador se lo han pensado mejor a la vista de las alegaciones presentadas por el sector. En los próximos días (ya tras las elecciones, como quería el Gobierno), se aprobará la circular sobre las retribuciones a la actividad de distribución de gas. Otra piedra de toque para el regulador
