En un contexto de creciente lucha contra el fraude fiscal, la Agencia Tributaria ha anunciado que aumentará la presión fiscal sobre los autónomos y pequeños negocios en los próximos años.
Este incremento en las inspecciones y controles por parte de Hacienda está orientado a frenar el uso indebido de estructuras societarias para evadir impuestos, una práctica que ha llamado la atención del fisco, especialmente en sectores donde se manejan grandes cantidades de dinero en efectivo.
La medida, que se implementará gradualmente, prevé que las inspecciones aumenten en más de un 4%, tal como lo ha revelado el Ministerio de Hacienda liderado por María Jesús Montero.
¿Por qué aumentarán las inspecciones a los autónomos?
El principal objetivo de este aumento en las investigaciones es reducir la economía sumergida y controlar de manera más efectiva a aquellos autónomos que utilizan sociedades para evitar pagar impuestos.
Durante 2023, las actuaciones de la Agencia Tributaria crecieron un 3,9%, alcanzando un total de 5.812 inspecciones. Este número, según las previsiones de Hacienda, seguirá creciendo en lo que queda de 2024 y, sobre todo, en 2025.
Según el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), la modificación de los modelos 036 y 037, que entrará en vigor en 2025, será clave en este proceso.
Y es que estos cambios obligarán a los autónomos y empresas a informar sobre la titularidad real de las sociedades, lo que dificultará la ocultación de patrimonio y actividad económica.
De esta manera, Hacienda busca cerrar el cerco a las prácticas de elusión fiscal.
El problema de las sociedades como herramienta de elusión
Muchos autónomos han utilizado sociedades para beneficiarse de una menor tributación, ya que las empresas pagan impuestos a través del Impuesto de Sociedades, cuya tasa es más baja que el IRPF que aplican los autónomos sobre sus rendimientos.
Esto ha generado una brecha que Hacienda quiere corregir, incrementando los controles para detectar cuándo se están utilizando sociedades de manera fraudulenta para reducir el pago de impuestos.
Por otro lado, el abuso del dinero en efectivo sigue siendo un punto clave para Hacienda. Sectores como la hostelería, la construcción o el comercio, donde el uso de efectivo es más frecuente, estarán en el punto de mira.
La Agencia Tributaria busca minimizar los riesgos de evasión fiscal y reducir la economía sumergida, uno de los principales problemas que afecta a la recaudación fiscal en España.
Obligación de informar sobre la titularidad real en 2025
Uno de los mayores cambios que se avecinan para los autónomos es la obligación de informar sobre la titularidad real de las sociedades, medida que entrará en vigor en 2025. La modificación de los modelos 036 y 037 forzará a las empresas a detallar quiénes controlan, directa o indirectamente, el 25% o más del capital o derechos a voto.
En caso de que no exista una persona física que cumpla con este requisito, se considerará como titular real a los administradores de la sociedad.
Esta medida está diseñada para detectar estructuras empresariales complejas que se utilizan para esconder la verdadera actividad económica de los autónomos, especialmente cuando estas se usan para evitar el pago de impuestos.
Desde el sindicato de Técnicos de Hacienda se ha insistido en que esta será una herramienta crucial para intensificar la lucha contra el fraude.
Sectores bajo la lupa de Hacienda
No todos los autónomos se verán afectados de la misma manera. Los sectores donde el uso de efectivo es más prevalente, como la hostelería, el comercio minorista y el sector de la construcción, estarán más vigilados.
Hacienda ha detectado que en estos sectores la creación de sociedades pantalla es más habitual, lo que ha encendido las alarmas de los inspectores.
Además, Hacienda también está prestando especial atención a los autónomos que prestan servicios a través de sociedades unipersonales, ya que en muchos casos se utilizan para pagar menos impuestos al recibir sus ingresos como sociedades en lugar de tributar a través del IRPF.
Excepciones a la normativa
A pesar de este aumento en el control fiscal, Hacienda ha anunciado algunas excepciones en la normativa. Por ejemplo, los autónomos residentes en el barrio donde operan y que dispongan de la autorización SER podrán estacionar sus vehículos en zonas reguladas hasta el 31 de diciembre de 2024, aunque esto no exime de las nuevas obligaciones fiscales.
De igual manera, los vehículos destinados a personas con movilidad reducida y los vehículos de dos y tres ruedas también contarán con ciertas exenciones en lo que respecta al uso de las zonas de estacionamiento regulado.
La importancia de los asesores fiscales
Otro aspecto importante que los autónomos deben tener en cuenta es que una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha determinado que Hacienda está obligada a notificar también a los gestores o asesores fiscales de los autónomos cualquier comunicación oficial. Esto incluye, por ejemplo, las notificaciones de liquidación de impuestos o cualquier requerimiento relacionado con su actividad.
Esta sentencia es de gran relevancia, ya que muchos autónomos delegan en sus asesores fiscales la gestión de sus obligaciones tributarias, lo que implica que Hacienda debe respetar esta intermediación para que las notificaciones sean válidas.
¿Qué pueden hacer los autónomos ante este aumento de la presión fiscal?
Ante este nuevo escenario, es fundamental que los autónomos tomen medidas preventivas para evitar problemas con Hacienda. Contratar a un buen asesor fiscal y llevar una contabilidad transparente y ordenada son dos de las principales recomendaciones para estar en regla con la Agencia Tributaria.
Además, en sectores con un alto uso de efectivo, como la hostelería o el comercio, se recomienda limitar el uso del dinero en metálico y favorecer el pago con tarjeta o transferencias bancarias, ya que esto facilita el control de las transacciones y minimiza el riesgo de ser objeto de inspecciones.
El control gubernamental, en el punto de mira
Y es precisamente por lo que, quizás, este tipo de medidas fiscales, como el aumento de inspecciones y la obligatoriedad de declarar la titularidad real, pueden tener un impacto más amplio que la simple lucha contra el fraude fiscal.
A medida que el uso del dinero en efectivo se ve más restringido y vigilado, muchos observan un trasfondo en el que se promueve el tránsito hacia una economía casi completamente digitalizada.
Aunque esta digitalización tiene beneficios evidentes, como una mayor trazabilidad de las transacciones y la reducción del dinero negro, también podría significar que los gobiernos ejercen un mayor control sobre la actividad económica (y general) de los ciudadanos.
Al reducir el uso del efectivo, que es más difícil de rastrear, las autoridades podrían estar avanzando hacia una mayor monitorización de todas las operaciones financieras.
Este proceso de transición paulatina hacia una sociedad sin efectivo no solo afectará a los autónomos y empresas, sino también a los ciudadanos comunes.
Cada vez es más frecuente ver normativas que limitan el uso del efectivo para pagos de gran volumen, lo que implica que cada transacción quedará registrada en sistemas digitales que los gobiernos y grandes instituciones financieras pueden revisar.
