La idea de implementar un gravamen del 15% a través del Impuesto de Sociedades sobre los beneficios no distribuidos por las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis) -que actualmente no pagan el Impuesto de Sociedades a condición de repartir el 80% de sus beneficios en dividendos entre accionistas, que posteriormente tributan por los mismos- es una medida recogida en el pacto de investidura entre PSOE y Unidas Podemos que el actual Gobierno "llevará a cabo", "sin que exista" hasta el momento "un cambio de opinión al respecto", según se han encargado de dejar claro a Vozpópuli fuentes del actual ministerio de Hacienda dirigido por la socialista María Jesús Montero.
"Nuestro gobierno lleva un mes en marcha, y por eso no podemos concretar los tiempos de cuándo entraría en vigor el gravamen a las socimis recogido en el pacto entre PSOE y Unidas Podemos. La idea del Gobierno es llevar esa medida a cabo, y no ha habido novedades al respecto, no hay un cambio de criterio respecto a lo fijado en el acuerdo de gobierno", aseguran a este periódico desde Hacienda.
La contundencia del proyecto de impuesto a las socimis contrasta con los dobles mensajes sobre el control de los alquileres
La contundencia que ha mostrado y muestra, de momento, el Gobierno sobre un cambio del régimen fiscal a las socimis contrasta con los dobles mensajes sobre otra cuestión espinosa para el sector inmobiliario, los posibles "techos" a los precios del alquiler, recogidos en el mismo pacto de investidura.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha llegado a afirmar que "las ciudades que están regulando el precio de la vivienda no están teniendo mucho éxito, hay un debate ahí" y que, "después de tomar medidas el año pasado para proteger al inquilino, este año nos queremos centrar en medidas para aumentar la oferta".
Sin embargo, Calviño, que al igual que su compañero de Vivienda en Fomento, Pedro Saura, despierta confianza en el inmobiliario, no ha entrado hasta ahora en el controvertido asunto de las socimis, otra cuestión que ha suscitado mensajes de alarma, advertencias y quejas por parte de distintos agentes cercanos al sector del ladrillo.
DLA Piper: "Desincentiva a nuevos inversores"
El último de esos agentes en mostrar su preocupación por los efectos del potencial nuevo régimen fiscal es el despacho de abogados internacional DLA Piper, uno de los principales asesores legales del actual mercado socimi en España.
"Nos preocupa sobre todo el impacto que puede tener el nuevo impuesto de cara a la llegada de nuevos inversores", dicen desde el despacho a Vozpópuli. "En nuestro entorno no hay ningún país que obligue a las socimis, como sería el caso en España, a repartir el 100% de los beneficios para no pagar el impuesto de sociedades", dicen desde DLA Piper, incidiendo además en que "se generarán problemas en el repago de deuda si las socimis y sus inversores, para mantener su rentabilidad, deciden repartir todos sus beneficios para evitar la nueva tributación, reduciendo así tesorería para afrontar deudas".
Desde el sector de las socimis esperan que solo se trate de "una declaración de intenciones"
A preguntas de este periódico, el presidente de la 'patronal' de las socimis, ASOCIMI, Javier Basagoiti, afirma que "dado que todavía no se ha tomado ninguna medida concreta en relación al régimen fiscal de las socimis y por el momento se trata de una mera declaración de intenciones, desde ASOCIMI preferimos no entrar a valorar este asunto hasta que no se tomen decisiones concretas".
Paralelamente, incide en que "nuestra opinión sigue siendo contraria a cualquier modificación de la Ley actual que pueda generar incertidumbre jurídica en los inversores nacionales e internacionales y que sitúe a nuestro sector en desventaja con otros competidores europeos".
Gestha: "Hay que revisar el efecto de los beneficios fiscales"
Por su parte, el presidente del sindicato de Inspectores de Hacienda (GESTHA), Carlos Cruzado, asegura a este periódico que "hay que revisar si los beneficios fiscales de las socimis han surtido un efecto acorde en el mercado del alquiler".
Asimismo, considera que el proyectado impuesto a las socimis "no va a tener un efecto recaudatorio importante", siendo esta "la misma razón por la que creemos que no tendría el efecto negativo en el mercado del alquiler que algunos auguran", y esgrime que la propuesta del nuevo régimen fiscal forma parte de una "revisión general de los efectos de los beneficios fiscales que se han creado en todas las áreas de la economía, avalada por el Tribunal de Cuentas, que vemos como positiva".
Según informó Cinco Días, las socimis españolas pagaron 637 millones en dividendos en 2018, sobre los que Hacienda acabó reteniendo 121 millones frente a los 320 millones que hubiera retenido con la aplicación general de Sociedades.
Desde la entrada en vigor del actual régimen fiscal en 2013 se han incorporado a cotizar más de 90 socimis en el mercado español, con una valoración de activos superior a los 20.000 millones de euros. De ellos, unos 5.541 millones corresponden a viviendas, 4.294 a oficinas y 2.128 a locales, según datos de ArmanexT.
