Los dos peritos del Banco de España, Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández, han comenzado este lunes la ronda de declaraciones en la Audiencia Nacional en la que explicarán durante toda la semana el informe pericial sobre la caída de Banco Popular realizado por el supervisor español, que se dio a conocer la pasada primavera.
En este primera intervención, los profesionales del Banco de España han puesto el énfasis en las tasaciones "dudosas" en la entidad, pero también han dejado entrever que la salida de depósitos masiva comenzó después de la información publicada por Reuters el 31 de mayo de 2017 en la que recogía unas declaraciones de la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, en la que ponía de manifiesto que el Mecanismo Único de Resolución estaba siguiendo el proceso -de Banco Popular- con particular atención con vistas a una posible intervención.
Según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, los peritos habrían reconocido que las declaraciones europeas del 31 de mayo produjeron un impacto en el mercado y que a partir de esa fecha "empezaron a huir los depósitos". "Es cierto que eso fue la gota que colmó el vaso, pero el Popular llevaba tiempo teniendo pérdidas" han relatado. Y es que los mismos peritos han recordado que las salidas de capital también coinciden con el Hecho Relevante de la sustitución del consejero delego y también con la Junta General de Accionistas.
Por otro lado, los técnicos han reconocido a la Fiscalía que no dispusieron de toda la documentación que necesitaban para realizar el informe. Asimismo, han recalcado que el Banco Popular no marcaba bien sus dudosos y que las "tasaciones estaban sobrevaloradas". Asimismo, los técnicos han explicado por qué tildaron de optimistas las cuentas de la entidad. "Se produce fruto de la relajación de la política contable en los años anteriores y que en el plan de negocio había un incremento significativo de dudosos y eso no se tuvo en cuenta", han explicado.
Los peritos también han remarcado que el Consejo tuvo muy poco tiempo para entender la ampliación de capital. "Le dieron la información suficiente los días anteriores aunque con poco tiempo", han enfatizado, a la vez que han añadido que los consejeros comenzaron a hacerse preguntas en ese momento y que se deberían de haber planteado previamente.
La caída de Popular
En junio de 2017, la Junta Única de Resolución (JUR) decidió liquidar el Banco Popular. Para ello, convirtió en cero el valor de las acciones, en una operación ejecutada por el FROB a instancias del Banco Central Europeo (BCE). Finalmente, el Banco Santander se hizo con la entidad por un euro.
Cuatro meses después, el que fuera titular del juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor. A todos se les acusa de presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso del Banco Popular, José Luis Calama, decidió reducir a doce las acusaciones que se podrán personar en el juicio contra el Banco Popular tras el aluvión de demandantes, que llegó a superar la centena de agrupaciones. Diez de ellas son afectados por más de un millón de euros y las otras dos de accionistas minoritarios.
Entre los seleccionados se encuentran fondos de inversión como los siguientes: Pimpco, Algebris, Anchorage Capital y Cainr Capital; la Mutualidad General de la Abogacía; la Asociación Española de Accionistas minoritarios de empresas (AEMEC); Fonfría Abogados, Yvanco Abogados y la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), entre otros.
