El Ministerio de Hacienda se ha planteado la posibilidad de acabar con la exención de IVA de la sanidad y la educación privadas en su proyecto de Presupuestos del año 2021, pero finalmente parece haber desestimado esta opción porque no le saldría rentable.
En España, los servicios médicos y sanitarios de todo tipo, los servicios prestados por profesionales dentales, los servicios educativos de todos los niveles y las clases particulares están exentos de pagar IVA. Este beneficio fiscal busca reducir los precios de estos servicios al ser considerados de interés general y esenciales, y favorecer el acceso universal a la protección sanitaria y a la educación.
Estas exenciones existen también en el resto de países de la Unión Europea. "No hay diferencias significativas en la eurozona respecto a la exención del IVA para la sanidad privada, ya que todos los países de la eurozona la aplican", recoge la Airef en su informe sobre beneficios fiscales, en el que explica que en caso de eliminarse esta exención, los servicios de sanidad privada podrían gravarse al tipo reducido de acuerdo con la Directiva europea, es decir, al 10%.
En cuanto a la exención en educación, la Airef ha confirmado que también está muy generalizada salvo en Grecia, donde se eliminó en 2015 para volverse a establecer posteriormente, y en otros países donde hay excepciones (en Italia y en Francia las guarderías no están exentas de IVA, y en Italia tampoco lo está de forma generalizada la universidad privada). Si se eliminara la exención sobre la educación, pasaría a tener un tipo de IVA general, es decir, del 21%.
Las cuentas no salen
La cuestión está en que aunque para el Estado estas dos exenciones suponen renunciar a recaudar 2.210 millones de euros por la sanidad y 1.541 millones por la educación cada año, eliminarlas acabaría provocando una recaudación menor y un mayor gasto público por el trasvase de usuarios de lo privado a lo público.
En el caso de la exención de la sanidad, de la que se benefician 9,4 millones de personas, provocaría un incremento neto de la recaudación de 1.763 millones al año, pero en el peor de los escenarios (en que se produjera un gran trasvase de lo privado a lo público) el Estado tendría que incurrir en un aumento del gasto público de 2.145 millones de euros, que no compensaría el aumento de los ingresos.
Sólo si se dan elasticidades muy bajas (que el aumento de precio no influyera en la demanda del servicio), al Estado podría llegar a compensarle, pero aún así se reduciría considerablemente ese incremento neto estimado.
La exención de la educación beneficia a 4,6 millones de personas y quitarla aportaría a las arcas públicas un incremento neto de la recaudación de 1.694 millones, pero a su vez conllevaría un aumento del gasto público que podría llegar hasta los 2.161 millones de euros si se produce una desbandada hacia los servicios públicos.
Teniendo en cuenta estos datos, la Airef no se moja con una recomendación. "La evaluación muestra un resultado no concluyente ya que el mayor ingreso obtenido por el Estado, como resultado de la eliminación del beneficio, podría ser compensado por un mayor coste, si una elevada proporción de la demanda ahora satisfecha por el sector privado se trasladase al sector público. Este resultado está sujeto al heterogéneo abanico de elasticidades que se han encontrado en la estimación", admiten.
