La nueva ley hipotecaria incluirá fórmulas de dación en pago. Es lo que prepara el Ejecutivo, según han revelado a Vozpópuli fuentes que han participado en la elaboración del primer borrador. La entrega de la vivienda como fórmula de cancelar el crédito hipotecario ha sido reclamada por más de un millón de firmas al Congreso. Sin embargo, a diferencia de lo que la iniciativa popular reclamaba, el Gobierno no aplicará esa medida de manera retroactiva sino que sólo la regulará para las hipotecas nuevas.
La fórmula prevista encarecería el coste de las hipotecas, tal y como ha sostenido públicamente el sector bancario. Pasaría por conceder financiación con crédito hipotecario hasta un límite (inicialmente se baraja el 50% del valor de la tasación del inmueble). La legislación pretende permitir que junto a esas garantías reales, los bancos puedan conceder créditos complementarios con garantías personales (nóminas, seguros, etc.) para aumentar el volumen de financiación concedida. El resultado previsible será, según las fuentes consultadas, que quienes opten por ese tipo de crédito recibirán menos dinero y a tipos más altos a cambio de que puedan entregar las llaves para saldar el crédito hipotecario.
“La dación en pago podría ser retroactiva para familias por debajo del umbral de la pobreza, con todos sus miembros en paro y que hayan agotado sus prestaciones”, afirman fuentes del Ejecutivo
El primer borrador de la nueva norma está siendo consultado ya con entidades bancarias y asociaciones hipotecarias para que aporten sus puntos de vista. En su redacción no está incluida esa fórmula de la dación en pago. Sin embargo, el Ejecutivo ha hecho saber a esos agentes que pretende incluir la regulación de la dación en pago para futuras hipotecas.
De hecho, al menos tres entidades bancarias preparan ya productos que incluyen la dación en pago completada con algún tipo de crédito personal. Bankinter ha comenzado incluso a comercializar una hipoteca con dación en pago: el valor máximo concedido es del 80% de la tasación y queda limitada, según la entidad, a “perfiles con gran capacidad de pago para el total prestado”. También Bankia también estudia fórmulas similares junto a una tercera entidad intervenida que comenzará su comercialización en breve y que pide no ser identificada.
Retroactividad sólo para familias bajo el “umbral de exclusión”
El Ejecutivo no aplicará la norma de manera retroactiva, es decir, la nueva regulación sólo se aplicará a las hipotecas que se firmen después de la entrada en vigor de la nueva ley. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo aseguran que buscan fórmulas que permitan la dación en pago para “casos excepcionalmente graves”. Según esas fuentes, las familias que cumplan tres requisitos podrán entregar las llaves de la vivienda para saldar su hipoteca: deberán ser familias por debajo del conocido como "umbral de exclusión", con todos sus miembros en paro y que, además, hayan agotado su prestación por desempleo. Esas fuentes no han concretado el número de familias que podrían cumplir esos criterios.
El resto de hipotecas ya concedidas no variarán su régimen legal. Fuentes del Ejecutivo sostienen que desde que se permitió comercializar cédulas hipotecarias, 600.000 millones de euros de financiación han entrado en los bancos mediante esa titulización. Un cambio en el régimen legal de esas hipotecas, según esas fuentes, podría suponer un grave problema para un ya frágil sistema bancario español al completo.
