Iberia y Air Europa se libran, de momento, de la polémica Ley Helms-Burton que trae de cabeza a varias empresas en España. Ambas aerolíneas estaban avisadas de posibles demandas al amparo del título III de esta ley, activado por primera vez el pasado mes de mayo en Estados Unidos, pero nunca se han llegado a hacer efectivas ante la dificultad para pleitear con compañías que no son americanas y por la reciente compra de Air Europa por parte de Iberia, operación que también alteró los planes de los demandantes, según explican las fuentes consultadas por Vozpópuli.
El citado título permite a los cubanos nacionalizados y estadounidenses demandar en Estados Unidos a las empresas que presuntamente se han beneficiado de las propiedades confiscadas en Cuba tras la llegada de Fidel Castro al poder. Esto afecta a varias empresas españolas, especialmente turísticas, con presencia en el país caribeño. Los grupos hoteleros Meliá y NH ya han sido denunciadas por este motivo en los tribunales norteamericanos.
Ofensiva contra empresas de EEUU
Sin embargo, las mismas fuentes aseguran que la nueva estrategia de los despachos estadounidenses pasa por demandar primero a las empresas con sede en el país; lo que, según indican dichas fuentes, agiliza los trámites y aumenta las posibilidades de éxito de los demandantes.
Otra de las beneficiadas por esta estrategia ha sido, precisamente, Meliá. El año pasado, la compañía que encabeza Gabriel Escarrer fue demandada también en los tribunales norteamericanos por sus hoteles en la isla, pero este mes de enero la jueza encargada del caso excluyó a la hotelera después de que los demandantes decidiesen centrar el pleito en las compañías americanas.
No obstante, esto no significa que la compañía o las aerolíneas no puedan volver a ser demandadas en el futuro, bien por estos mismos demandantes o por otros diferentes. España ya ha mostrado sus cartas en la guerra por la Helms-Burton y asegura que defenderá a las empresas españolas que sean demandadas en Estados Unidos.
En concreto, el Gobierno se va a escudar en el Estatuto de Bloqueo Comunitario para rechazar las notificaciones que procedan de tribunales norteamericanos. Y es que más allá de las indemnizaciones a las que se exponen las compañías demandadas, a su vez España podría ser demandada por sus propias compañías.
Las fuentes consultadas por Vozpópuli recuerdan que España tiene la responsabilidad de velar por los intereses de las compañías. De no hacerlo, las empresas podrían presentar una demanda por responsabilidad patrimonial del Estado y reclamar una indemnización, según se desprende de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
