Un año, tres meses y ocho días. Ese es el tiempo que Iberostar lleva esperando a que la Comisión Europea decida si le deja contestar o no a la demanda que una familia cubana le ha interpuesto en los tribunales de Estados Unidos por la explotación del hotel Iberostar Imperial en Santiago de Cuba.
La familia, representada por María Dolores Canto Martí, acusa a la hotelera española de beneficiarse de unos terrenos que pertenecían a sus antepasados y les fueron confiscados tras la Revolución cubana de 1959. Dado que Iberostar ha sido demandado al amparo de la Ley Helms-Burton, la ley le obliga a notificar esta demanda a las autoridades europeas y solicitar permiso para responder. Si actúa por su cuenta se expone a ser multada con hasta 600.000 euros.
La hotelera que encabeza Miguel Fluxà, primera compañía europea que ha elevado una petición así ante la Comisión Europea, lleva más de un año esperando a que el Ejecutivo comunitario le indique cómo proceder. El juez norteamericano que instruye la causa por ahora se ha mostrado comprensivo y ha optado por ‘congelar’ la causa hasta que Bruselas se pronuncie, si bien la familia Canto Martí ha insistido ya en varias ocasiones que el procedimiento debe continuar tras tantos meses de espera.
Más de un año de espera
El enésimo escrito que las partes se han cruzado en el juzgado de Florida que lleva la causa está fechado el pasado 16 de agosto, según ha podido comprobar Vozpópuli. Iberostar, en línea con los anteriores escritos remitidos al juez, vuelve a insistir que Bruselas todavía no ha respondido y recuerda que ha pedido información en varias ocasiones sobre el estado de su solicitud. Bruselas se escuda una y otra vez en la gran complejidad del asunto para justificar la demora en su respuesta.
La decisión que tome el organismo será determinante no solo para Iberostar, también para cualquier otra empresa europea que sea demandada bajo esta ley, ya que sentará un precedente importante. Si la Comisión Europea permite que la hotelera responda podría animar a otros potenciales demandantes a iniciar acciones legales contra compañías europeas.
En el caso de que Bruselas diga que no, la justicia americana podría juzgar a las compañías en rebeldía (lo que crearía un nuevo problema) o bien podría optar por archivar las causas al entender que los demandantes no pueden defenderse. Dado que no hay precedentes, la incertidumbre y la expectación son máximas.
