Luis de Guindos está decidido a que las auditoras paguen por su pasada labor en las entidades nacionalizadas. El titular de Economía pretende que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas (ICAC), organismo dependiente del ministerio, aplique una sanción ejemplar para alguna de estas firmas. Por ello, las presiones de Guindos se han intensificado, según fuentes del sector, en las últimas semanas, a raíz de la investigación del juez Fernando Andreu, en la Audiencia Nacional, sobre la actuación de Deloitte en Bankia.
Las presiones han recaído en primera persona sobre Ana María Martínez-Pina, presidenta del supervisor de las auditoras desde febrero de 2012, que ya se ha incorporado a su despacho después de una baja de varios días. Varias fuentes del sector aseguran que la ausencia de Martínez-Pina se ha debido "por el estrés que soporta por esta situación". En Economía, sin embargo, niegan la existencia de dichas presiones.
Martínez-Pina debe decidir en los próximos días si abre un expediente sancionador a Deloitte a por su participación en la salida a Bolsa de Bankia, en julio de 2011. Precisamente, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri ha decidido cambiar de firma auditora para los próximos tres años. Ernst&Young sustituirá a Deloitte tras la polémica suscitada por las últimas cuentas anuales de la época de Rodrigo Rato.
El ICAC ya sancionó a Deloitte con 1,32 millones por su mala praxis en el escándalo de Gescartera
La propia presidenta de la ICAC es la autora de un escrito enviado, el pasado 20 de mayo, al juez Fernando Andreu, el magistrado que instruye el caso Bankia en la Audiencia Nacional, que detallaba que se había incoado ningún expediente sancionador, pero explica que sí se ha emitido ya un informe de control técnico que se ha remitido a la auditora "a efectos de que realice las alegaciones que considere oportunas en un plazo de quince días". El juez Andreu ha preguntado al ICAC si ha abierto "algún expediente sancionador" contra Deloitte o contra el socio de esta auditora, Francisco Celma, encargado de revisar las cuentas de Bankia y que ha declarado como testigo en la causa que instruye el magistrado.
En este documento, el supervisor no precisa, según fuentes judiciales, si ha analizado ya o lo hará próximamente la auditoría que Deloitte realizó sobre las cuentas que Bankia presentó en marzo de 2012, que reflejaban unos beneficios de 309 millones, y que una vez reformuladas en mayo de ese año arrojaron unas pérdidas de 2.979 millones.
Deloitte cuenta hasta finales de esta semana para enviar sus alegaciones para evitar la sanción. Una vez recibida esta información, Martínez-Pina tendrá que decidir si archiva la causa o, por el contrario, abre expediente sancionador a la ex auditora de Bankia. "Por las presiones que está recibiendo es más que probable que se acabe incoando", aseguran diferentes fuentes del sector.
Hace una semanas, el titular de Economía anunció en el Senado que el ICAC había comenzado a analizar las auditorías realizadas en todas las entidades financieras nacionalizadas para comprobar que no ha habido malas prácticas contables. Según Guindos, estos trabajos son "inspecciones técnicas" que de entrada no tienen por qué suponer un expediente sancionador. Además de Bankia, Deloitte auditó las últimas cuentas de Banco de Valencia, Novagalicia Banco, Cajasur y Catalunya Caixa, mientras que KPMG lo hizo con la CAM, CCM con Ernst&Young. Mientras, PWC, antigua casa del ministro Guindos, auditó a Unnim y Caixagalicia.
El ICAC ya sancionó a Deloitte por el asunto Gescartera en 2008. Ese año el Tribunal Supremo confirmó las dos multas por un importe total de 1,32 millones de euros que el ICAC impuso a Deloitte por los fallos en las auditorías de la agencia de valores Gescartera, las sanciones más elevadas con las que se ha castigado a una auditora de España hasta la fecha.
El estrés que soporta la presidenta de la ICAC por este tema podría ser la causa de su reciente baja
En sus dos sentencias, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS validó la actuación del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), que sancionó a Deloitte por "falta de realización del trabajo de auditoría necesario", interpretando una norma en contra de la auditora. En concreto, el ICAC consideró que Deloitte había infringido el artículo 83.2 de un Real Decreto de 1990 sobre Instituciones de Inversión Colectiva por no haber verificado los patrimonios de Gescartera.
Ernst&Young también sufrió el castigo del ICAC. El organismo público dependiente de Economía multó en 2011 a esta auditora con 1,1 millones en relación a la revisión de las cuentas de Martinsa del año 2007, que obtuvieron una opinión favorable.
