En pleno aluvión de recortes de gasto, el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) ha decidido rascarse el bolsillo para buscar fuera lo que, al parecer, no tiene dentro: un experto en materia tributaria que permita al organismo optimizar el tratamiento fiscal de sus operaciones. La entidad pública de promoción del comercio exterior que pilota Coriseo González-Izquierdo ha llegado a la conclusión de que necesita un buen asesor fiscal y le va a pagar bien: hasta 153,2 euros por hora.
El organismo, dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad, esto es, de Luis de Guindos, acaba de sacar a licitación la contratación de un servicio de "asesoramiento en materia fiscal" en el que prevé gastarse un máximo de "38.000 euros por 300 horas de asesoría en un año, IVA excluido".
Si se aplica el IVA correspondiente (21%) a ese presupuesto máximo de licitación, la minuta del ICEX en asesores fiscales se va a elevar a un máximo de 45.980 euros, que corresponden a los citados 153,2 euros por hora.
Esa asesoría se prestará no a las empresas a las que da servicio el Icex, que tiene encomendado el fomento de las exportaciones de las compañías españolas, el apoyo a su internacionalización y, desde el año pasado (cuando se aprobó su nuevo estatuto), la atracción de inversiones exteriores a España; el know-how del futuro asesor del organismo tendrá como destinatario al propio instituto, que el año pasado empezó a tributar por IVA y por Impuesto de Sociedades (para algunas de sus operaciones) como consecuencia de su conversión en entidad pública empresarial.
Ante esa nueva coyuntura, la entidad, a la que ya en 2011 el Gobierno socialista fijó la autofinanciación como uno de sus objetivos prioritarios, no parece dispuesta a ceder un céntimo de más al Ministerio de Hacienda, que pilota Cristóbal Montoro.
El organismo no necesita pagar por un servicio así, señalan fuentes críticas con la medida
El instituto tiene un equipo de abogados del Estado comandado por su secretario general desde el año pasado, Juan Carlos Alfonso Rubio (ex Sogecable, exsubdirector general de Ordenación del Juego), que, señalan fuentes conocedoras del funcionamiento interno del organismo, podría perfectamente cumplir la función que ahora se quiere encomendar a terceros.
Sin embargo, en el Icex defienden la idoneidad de esta contratación, de todo punto inusual en la administración pública. Señalan que el importe de la minuta, pese a parecer elevado, responde al carácter "permanente y no puntual" del servicio que se contratará. La suma está, aseguran, "por debajo del precio de mercado" de estos servicios.
Las mismas fuentes también subrayan que en la casa se han contratado "desde siempre" servicios de asesoría fiscal externa, aunque admiten que se hacía de forma "muy puntual" y sólo para territorio nacional; ahora el Icex necesita expertos especializados sobre todo en tributación en el exterior, explican. Por último, subrayan que el organismo ha decidido hacer pública esta licitación (que podía haberse adjudicado de forma directa, al ser su importe inferior a 60.000 euros) para que todo aquel que quiera presentarse al proceso lo haga.
Según el pliego de condiciones del contrato publicado este martes, "la empresa adjudicataria deberá prestar a Icex un apoyo continuado en materia de asesoramiento fiscal, especialmente en lo relacionado con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) e imposición indirecta sobre el consumo".
Entre esos servicios, el contrato, que tendrá una duración de un año, incluirá la "asistencia para la resolución de cuestiones fiscales relacionadas con la operativa internacional" del instituto, como el tratamiento de diferencias de tipo de cambio; la resolución de todas las consultas que ICEX plantee, verbalmente o por escrito, "sobre cualquier hecho económico que pueda tener trascendencia fiscal" para el organismo y el suministro de "información periódica sobre actualizaciones en la normativa fiscal que puedan ser de interés".
Además, los futuros asesores fiscales del Icex tendrán encomendada la "asistencia en la preparación, revisión y tramitación de posibles escritos y consultas dirigidos a la Administración Tributaria local, autonómica o estatal"; la colaboración en la preparación de documentación fiscal solicitada por la autoridad competente y el "planteamiento y análisis previo de las consecuencias fiscales que se puedan derivar de las operaciones económicas que pueda realizar" el organismo.
