En tiempos de recortes, las Comunidades Autónomas buscan hasta debajo de las piedras nuevos tributos con los que incrementar la recaudación y reducir su déficit público. Canarias ha tomado nota de la experiencia de Cataluña, Asturias y Aragón, y, como parte del plan de ajuste que ayer presentó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, también prepara un impuesto a las grandes superficies que ha puesto en pie de guerra al empresariado local.
La medida, contenida el anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales, contempla gravar con 11 euros por metro cuadrado a las grandes superficies y, según algunas fuentes, podría incluir otro impuesto de 13 euros por metro cuadrado para los centros comerciales.
Canarias, que está entre las comunidades de autónomas con menor déficit público (1,78% al cierre de 2011), es la quinta región española con mayor superficie de centros comerciales por persona, con 359 metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA) por cada 1.000 habitantes, según datos de Mercasa.
El argumento para la implantación del impuesto, como ya ocurrió cuando lanzaron iniciativas similares Cataluña (pionera, en 2001), Asturias (2003) y Aragón (2007), es de índole ambiental: uno de los borradores del anteproyecto canario describe la “degradación medioambiental” que generan estos complejos y las “consecuencias indeseadas en términos de saturación de la circulación rodada en las zonas afectadas y el aumento de los índices de polución atmosférica”.
El texto añade que las grandes superficies “han afectado sensiblemente el tradicional modelo comercial de Canarias y, además, al modelo de ordenación territorial como consecuencia de desplazar en muchas ocasiones la actividad comercial del centro de las ciudades a la periferia, con el consiguiente deterioro y degradación de los espacios interiores”.
La principal patronal sectorial del archipiélago, la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan), critica con dureza el nuevo gravamen. Su secretario general, Álvaro Rojas, cree que es anticonstitucional y que choca con la directiva Bolkestein de liberalización de servicios, por lo que es “recurrible”. Asegura que “puede afectar gravemente al consumo” y encarecerá los precios, y advierte de que compromete “la viabilidad de algunos centros”.
El nuevo impuesto, con el que el Gobierno de Paulino Rivero pretende ingresar unos 10 millones de euros al año, no gravará a los espacios comerciales dedicados a la jardinería, la venta de vehículos, a la venta de materiales de construcción, ni a las ferias, y está contenido en un amplio paquete de medidas, que incluye una subida del IGIC (equivalente al IVA) y nuevas tasas a las líneas de alta tensión y las antenas de telecomunicaciones.
Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), considera que este tipo de impuestos “pueden colisionar con otros hechos imponibles de las haciendas locales, como el IBI”, pero recuerda que los recursos presentados contra iniciativas similares no han logrado que se anulen: “Hasta ahora, ahí están”, resume. El impuesto asturiano está pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional, que en 2007 admitió a trámite un recurso de la patronal nacional, Anged. Cataluña, por su parte, fue amonestada por la Comisión Europea (a través de una carta de emplazamiento), pero tampoco ha retirado el impuesto.
