La subcomisión parlamentaria elaborará su plan de trabajo el próximo día 30 y lo dividirá en dos partes. Una dedicada al sistema financiero y otra a la introducción de transparencia en los productos de ahorro. Para la primera citará a los presidentes de todas las entidades que se han beneficiado de ayudas públicas. Entre ellas figuran Bankia, Caja España-Duero, Catalunya Caixa, Kutxabank, Novagalicia, Banca Cívica, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, BMN y Unnim. A través del primer Fondo de Reestructuración Bancaria obtuvieron 10.065 millones de euros y con el segundo ingresaron 7.551. Algunas entidades están pendientes ahora de captar más dinero a través de los bonos convertibles.
Los diputados que forman parte de la subcomisión quieren que los presidentes de todas estas entidades expliquen para qué ha servido esta inyección de dinero público. Hay grupos que van a intentar también escuchar el parecer de Emilio Botín, Francisco González e Isidre Fainé, en un momento en que el futuro del sistema financiero español aparece condicionado por las auditorías que el ministro Luis de Guindos encargará a dos firmas internacionales supuestamente independientes sobre el conjunto de la cartera crediticia.
Los partidos pedirán también la comparecencia de Botín (Santander), González (BBVA) y Fainé (Caixabank)
Las entidades privadas que no han recibido ayudas públicas no tienen la obligación de comparecer en el Congreso. Si algún compareciente lo exige, las reuniones podrán celebrarse a puerta cerrada, aunque se ha decidido que por regla general discurran con presencia de los medios de comunicación.
Los integrantes de la subcomisión ya han recibido muestras de intranquilidad por parte de los grandes bancos, pues se ha abierto un periodo de incertidumbre que puede durar dos meses, hasta que las auditoras concluyan su informe. Sin conocer bien el nivel de provisiones que necesitarán, algunas entidades tienen difícil decidir si apuestan por nuevas fusiones o por seguir en solitario.
La subcomisión dedicará la otra parte de su trabajo a examinar los productos que comercializan las diferentes entidades y dedicará atención prioritaria al examen de las participaciones preferentes, un producto tan complejo y con tantas contraindicaciones que ha dejado entrampados a decenas de miles de ahorradores. En este capítulo se requerirá la presencia de altos cargos de la CNMV para que expliquen las tareas de supervisión. De los 22.000 millones que había depositados en preferentes, solo 14.000 han sido cambiados a otro producto de ahorro.
